Andalucía, 13 de febrero de 2023.- El área de Feminismos de la APDHA apoya el manifiesto lanzado por colectivos feministas ante la propuesta modificación de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, por parte de diversos grupos políticos.
El manifiesto reivindica la ley en cuanto que es el resultado de años de reivindicaciones del movimiento feminista, para lograr la libertad sexual para las mujeres. Pero también de cualquier ser humano, como una cuestión de Estado, que no debería depender del juego político y menos aún de los enredos mediáticos y juicios públicos paralelos para interpretar leyes, que han sido mal informadas y que ponen el acento en un aumento de las penas que no nos protege, ni nos ha protegido hasta ahora, ni nos protegerá.
Una ley que recoge medidas de reparación, indemnización, recuperación física y emocional y garantías de no repetición para todos los tipos de violencia, y que incluye nuevos tipos, como el acoso callejero y la sumisión química; que cambia el procedimiento en la presentación de pruebas al forense y que obliga a la judicatura, abogacía y Fiscalía a recibir formación especializada.
Esperamos que esta ley esté dotada de medios técnicos, humanos y económicos para que sea viable su aplicación. Dicho esto también queremos poner en valor la vulneración de derechos causada en la tramitación de la ley al colectivo de compañeras trabajadoras sexuales y migrantes, porque el consentimiento las ha dejado fuera. Su consentimiento al libre intercambio sexual no tiene cabida en la ley y si bien ellas han conseguido que se elimine la tercería locativa, aún queda el artículo 11, sobre publicidad, que como ellas (las trabajadoras sexuales) nos dicen, han promovido la aparición de portales que las extorsionan y dificultan su supervivencia, precarizan su trabajo y lo convierten en más peligroso y clandestino.
Apoyamos, por lo tanto, que la ley siga adelante, pero somos conscientes de que queda un largo camino de reivindicación, ya que la ley se queda corta en el contenido de lo que nombra y titula “LEY DE GARANTÍA INTEGRAL DE LA LIBERTAD SEXUAL”, al quedarse fuera justas reivindicaciones de los colectivos de mujeres más vulnerables, como trabajadoras sexuales y migrantes.
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«Lo que hay que poner en el centro del debate son los derechos y garantías, la prevención, la reparación de quienes sufrieron esas violencias y las posibilidades o no de rehabilitación de los victimarios dentro del actual sistema penitenciario, yendo bastante más allá de la aplicación concreta de las penas»
