Desde la APDHA compartimos el llamamiento de la Asociación Andaluza de Barrios Ignorados para establecer medidas que se adapten y resuelvan las urgentes necesidades existentes ante el estado de alerta y el coronavirus.

La situación de pobreza y exclusión que padecen muchas personas y familias de los barrios ignorados, se ha visto agravada con la crisis social y económica que ha desencadenado la pandemia del coronavirus-19. Crisis que en nuestros barrios adquiere unas peculiaridades especiales:
El cierre de los colegios no solo crea el problema de quién se queda con los niños, el problema es que hay niños que si no comen en el comedor escolar, no comen.
Numerosas personas que trabajan en la economía informal, porque no pueden hacerlo en la formal, no van a ser despedidas, ni acogidas a un ERTE, ni van a recibir desempleo ni nada. Solo van a dejar de trabajar y de cobrar. Limpian una casa y cobran, no la limpian no cobran. Recogen chatarra y la venden, no recogen no venden. Tienen contrato a media jornada pero trabajan 12 horas ¿qué ayuda van a recibir?
Muchas personas y familias viven de la venta ambulante en mercadillos, algunas reguladas, otras no. También este colectivo se ha visto privado de su actividad y de los ingresos que obtienen.
Los Servicios Sociales Comunitarios han reducido la atención al púbico y recomiendan hacerlo por vía digital o telefónica. Esta decisión condena a muchas personas y familias a no poder pedir lo que necesitan, precisamente cuando más falta les hace.
En numerosas ocasiones hemos exigido respuestas a cuatro necesidades básicas: La alimentación diaria, la percepción de una renta de corresponsabilidad vinculada a un itinerario formativo familiar de inclusión, un plan de empleo-formación (no de formación para el empleo) y una lucha decidida contra el fracaso y el abandono escolar. Hasta ahora todo ha sido repetir actuaciones fracasadas y caducadas, como la Renta Mínima de Inclusión actualmente en vigor, un laberinto para llegar a la miseria en el caso de las familias más afortunadas. Por eso el relator de ONU ha formulado la grave denuncia contra las políticas aplicadas por las instituciones nacionales, autonómicas y locales.
La movilización de ingentes recursos económicos que está haciendo el gobierno de España y de Andalucía, pone de manifiesto que dinero hay, que cuando se quiere se puede, lo mismo que se pudo rescatar a la Banca y ahora también se va a rescatar a empresas y personas.
Exigimos que entre las personas y familias rescatadas estén también las nuestras, las que han sido excluidas de la vida económica y social deben ser las primeras atendidas por las decisiones políticas.