Queremos así llamar la atención sobre las respuestas que han demostrado que se pueden articular recursos y soluciones que mejoren las condiciones de vida y acceso a derechos de la población reclusa. En la APDHA estamos firmemente convencidas de que así es, por eso mantenemos nuestro compromiso con la labor de asesoría y defensa de DDHH de las personas presas, que también tienen derechos.
Desde el año 2016 la APDHA viene desarrollando un programa de atención, asesoramiento y apoyo a personas presas y a sus familiares con el objetivo de defender los derechos de las personas privadas de libertad.
Permisos denegados, partes disciplinarios, falta de asistencia médica adecuada, traslados, cambios de módulos, comunicaciones o progresiones de grado son, entre otras cuestiones, situaciones que generan abundantes demandas de ayuda y acompañamiento por parte de la población penitenciaria. Esto supone la constatación de que las personas presas necesitan asesoramiento jurídico para ejercer sus derechos.
En el mes de marzo el mundo se detuvo por la irrupción de la COVID-19 y la entrada en vigor del estado de alarma decretado por el Gobierno, esto supuso un cambio radical en nuestras vidas. Durante estos últimos tres meses, son innumerables los efectos y las consecuencias que han tenido la pandemia y el estado de alarma sobre una población paralizada por el confinamiento y también por el miedo.
Pero la vida en prisión sigue confinada; las personas presas siguen presas y sus familiares siguen preocupados por los suyos; preocupación que se hace más insoportable cuando no se puede estar en contacto y es que las comunicaciones con familiares y los permisos de salida fueron suspendidos durante dos meses.
Desde hace años la APDHA viene denunciando el elevado número de personas privadas de libertad que padecen problemas de salud mental; de personas que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad (drogodependencia, pérdida de vínculos familiares, personas no alfabetizadas) que necesitan un acompañamiento social, además del jurídico. En estas condiciones, afrontar situaciones extraordinarias dentro de una prisión como la crisis por la COVID-19, no es tarea fácil.
Por todo ello, la asesoría jurídica del área de cárceles de la APDHA ha seguido prestando sus servicios durante los tiempos de confinamiento, aportando calma y asesoramiento para atender la preocupación de muchos familiares de personas presas. Desde el inicio del estado de alarma, se han atendido a 12 personas entre familiares y personas reclusas, se han realizado un total de 12 visitas a los centros penitenciarios de Puerto I y Puerto III una vez volvieron a abrir las puertas de la cárcel, la vida en prisión no se detiene y nosotras tampoco.
Una de las cuestiones que más ha afectado a la población penitenciaria ha sido la pérdida del contacto personal con familiares y profesionales. Para compensar medidas tan drásticas (y necesarias para atender la extensión de la pandemia) la administración penitenciaria incorporó las videollamadas en un intento de gestionar los efectos producidos por la restricción del contacto sociofamiliar.
Desde la APDHA aplaudimos dicha medida en el momento de su incorporación, pero insistimos en la necesidad de su permanencia como otra forma más de comunicación para la población reclusa en general. Las videollamadas hacen de la estancia en prisión un lugar más humano, fortalece los vínculos familiares y contribuye a potenciar la afectividad entre las personas. Desde aquí esperamos que la dotación de terminales de telefonía móvil repartidos por las distintas prisiones del estado se mantenga y se potencie en nuestras cárceles, pues se gana en derechos y en humanidad.
El colectivo de presos y presas con discapacidad auditiva debe ser el primero en acceder a esta nueva herramienta comunicativa ya que antes incluso de esta crisis, en lo que a comunicaciones telefónicas se refiere, han padecido un trato desigual respecto al resto de población reclusa. Sus relaciones familiares se vieron afectadas no solo en el confinamiento, sino desde su ingreso en prisión. Las videollamadas pueden dar respuesta a la diversidad funcional que poseen evitando así generar desigualdad de trato y discriminación. Es imprescindible posibilitar que las personas sordas realicen comunicaciones de manera autónoma, sin tener que recurrir a realizar la llamada por mediación de nadie, con la pérdida de intimidad, vínculo afectivo o calor familiar que ello conlleva o directamente, no hacerla por imposibilidad de recibir atención para ello.
El centro penitenciario de Algeciras es un referente a tener en cuenta, y es que a pesar de no contemplarse por la normativa penitenciaria, las personas presas con discapacidad auditiva de ese centro disfrutan de una videollamada semanal. Esto supone un incuestionable avance en el cumplimiento del RDL 1/2013 de 29 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, cuyo objetivo fundamental es “garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato, así como el ejercicio real y efectivo de derechos por parte de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones respecto del resto de ciudadanos y ciudadanas”.
Queremos así llamar la atención sobre las respuestas que han demostrado que se pueden articular recursos y soluciones que mejoren las condiciones de vida y acceso a derechos de la población reclusa. En la APDHA estamos firmemente convencidas de que así es, por eso mantenemos nuestro compromiso con la labor de asesoría y defensa de los derechos humanos de las personas presas, que también tienen derechos.
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