La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y los colectivos integrados en la Plataforma por la Vivienda Digna, hemos denunciado la situación de emergencia habitacional de Cádiz y reclamado, entre otras medidas, la aprobación de los Planes Andaluz y Municipal de Vivienda. Ambos, con la colaboración del Ministerio de Fomento, han de posibilitar, legal y financieramente, las acciones que se deben acometer en Cádiz para facilitar el acceso a una vivienda a miles de gaditanos.
El Gobierno Andaluz ha sido incapaz de aprobar, desde 2012, un nuevo Plan Andaluz de Vivienda y prácticamente ha paralizado las inversiones necesarias para facilitar el acceso a una vivienda y la eliminación de infraviviendas y rehabilitación de edificios.
El Ayuntamiento de Cádiz, días antes de la celebración de las elecciones municipales, anunció la aprobación del Plan Municipal de Vivienda y abrió un período de alegaciones de dos meses.
Derechos Humanos, solicitó al Ayuntamiento la entrega del citado Plan y tras una primera lectura, lamentablemente, podemos afirmar que se trata efectivamente de un brindis al sol y de humo electoral. Con la aprobación de este documento, el equipo municipal saliente pretendió arañar unos votos a costa de engañar y jugar con la dignidad de los que carecen de una vivienda.
Engañar es acordar elaborar el Plan en la Junta de Gobierno Local, el 11 de noviembre de 2011, no hacer nada durante tres años y aprobarlo a tres días de las elecciones, eso sí invitando a la participación ciudadana.
Engañar es aprobar un Plan donde al mismo tiempo que se dice que se precisa, en diez años, una inversión de 440M€ (una cantidad exorbitante a nuestros ojos) también se dice que se aprueba “al margen de la financiación” y que “la programación se efectúa sin compromiso de financiación”.
Engañar es aprobar un Plan donde se dice que en Cádiz existen 6875 viviendas vacías (sin un trabajo propio, limitándose a reflejar los datos de 2011 del INE), de ellas 4100 en el casco histórico, y no decir nada de qué medidas propone para que, sus propietarios, la alquilen a los más de 4500 gaditanos que solicitan una vivienda.
Engañar es aprobar un Plan donde se plantea la eliminación de la infravivienda, ofreciendo cifras distintas de infraviviendas además sin categorizar según la parte del documento al que acudamos, y que se olvida que en 2007 se aprobó la Ordenanza Municipal de eliminación de infravivienda y no se dice nada de cómo se va a aplicar en los próximos años.
Engañar es aprobar este Plan y renunciar a solucionar el problema de la vivienda cuando en el “Balance final de la oferta y la demanda de vivienda protegida” se dice expresamente que para más de 1107 familias gaditanas habrá que buscar vivienda fuera de Cádiz, en otros municipios de la bahía: ¿en qué ciudadanos se está pensando? ¿Se está pensando en los jóvenes con pocos ingresos que quieren constituir un nuevo hogar? ¿Se está pensando en los gaditanos en situación de pobreza que no han podido adquirir una vivienda fuera de Cádiz? Es la apuesta por la expulsión de Cádiz de miles de personas, probablemente la de menos recursos.
Engañar y jugar con la dignidad de los que carecen de una vivienda es aprobar este Plan sin haber sido dialogado y convenido con la Junta de Andalucía y el Ministerio de Fomento y más aún cuando ambas Administraciones, bajo la excusa de la “burbuja inmobiliaria”, han paralizado prácticamente las inversiones en materia de vivienda penalizando con ello a los ciudadanos sin recursos económicos.
Un Plan por lo demás cuya única apuesta es la construcción de vivienda nueva sin precisar de donde saldrá la financiación para ello, olvidando la rehabilitación, la actuación en las más de 120 fincas vacías que el trabajo ha detectado o la actuación sobre las viviendas vacías.
Con estas premisas, salvando las muchas cuestiones de interés del trabajo de campo realizado, para la Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía es imprescindible un reconsideración global del actual Plan aprobado provisionalmente. A este respecto la APDHA ha iniciado un análisis en profundidad del mismo y la elaboración de las propuestas correspondientes, que pondrá a disposición de todos los partidos y colectivos sociales.
Por lo pronto, y de cara a la nueva corporación municipal que se configure, la APDHA plantea las siguientes cuestiones concretas e inmediatas:
- La ampliación del plazo para la presentación de estudios y alegaciones hasta final de septiembre u octubre próximos
- La inmediata constitución de una mesa “tripartita”, reivindicada reiteradamente por las organizaciones sociales, con la presencia de las dos administraciones (Junta y Ayuntamiento), PROCASA; los técnicos municipales y las organizaciones sociales
- La convocatoria de una Jornada de Trabajo pública sobre el Plan y las principales opciones que se deben adoptar para la solución de la emergencia habitacional que padece nuestra ciudad.
- Independientemente de ello, y para no paralizarse en tanto se aprueba el Plan definitivo, pedimos tanto al Consistorio como a la Junta la puesta en marcha inmediata de un “Plan de Choque” para abordar las cuestiones de mayor urgencia social.
Cádiz, 10 de junio 2015
