Cádiz: Manifiesto y concentración | No más abandono para la juventud extutelada

 

El martes 20 de agosto diversos colectivos de la provincia de Cádiz nos concentramos en la Delegación territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía para denunciar el abandono institucional de los ex menores tutelados. En la misma leímos el siguiente manifiesto:

MANIFIESTO POR LA DIGNIDAD Y LOS DERECHOS  DE LAS PERSONAS JÓVENES EXTUTELADAS

Las entidades abajo firmantes nos hacemos eco de la situación en que se encuentran las personas jóvenes procedentes del sistema de protección de menores de la Junta de Andalucía que, al cumplir la mayoría de edad,son abandonadas por la Administración y, sin ningún tipo de recursos alternativos, se ven abocadas a una nueva situación de desamparo, promovida, esta vez, por la propia Junta de Andalucía. Ese desamparo se añade al que ya sufrieron en su día, mientras eran menores de edad, y es ahoraparadójicamente la misma Junta la que, de ser responsable de su protección y tutela pasa a dejarlos en situación de abandonoa su suerte, sin apoyo habitacional, sin recursos económicos, sin regularizar su documentación.

La transición de una situación de protección a una situación de autonomía no se puede llevar de esta manera. Se trata de un camino único y personal en que factores como la familia, el origen, los recursos disponibles y las propias capacidades juegan un papel decisivo. Es a la vez un proceso dinámico, que evoluciona a lo largo de la vida de la persona y que puede mejorar mediante un plan de acción.

A partir de los 18 años, las personas jóvenes que estaban tuteladas necesitan medidas de apoyo para poder pasar de una situación de protección a una de plena autonomía. Estas personas, que carecen de apoyo familiar, requieren de un acompañamiento para que su proyecto de emancipación sea un éxito y para que alcancen una situación de madurez que les permita vivir plenamente una vida adulta e independiente.

Sin embargo, desde la Administración no existe plan alguno en ese sentido, de modo que estas personas jóvenes quedan abocadas al vacío, expuestas a la más cruel vulnerabilidad y exclusión, de golpe y sin previo aviso.

Más de la mitad de laspersonas jóvenes extuteladas depende de los apoyos de servicios sociales.

Durante la minoría de edad se deberían abordar estrategias de preparación para la vida adulta desde los Centros de Protección, pero la ausencia de recursos y la mala planificación inciden de forma contundente para que los jóvenes no salgan debidamente preparados de los recursos y se encuentren con un gran vacío en el tránsito a la vida adulta.

En estos días hemos contemplado cómo, de forma abrupta, se instruye a las direcciones de los centros de protección de menores para que en cuestión de horas pongan en la calle a quienes cumplen 18 años, sin ningún recurso alternativo. En estos días más de 10 jóvenes en la provincia de Cádiz, de distintas nacionalidades, han tenido que dormir con el cielo como techo; otros casos se han dado también en Almería, en Málaga, en Córdoba, en toda Andalucía.

Hay que señalar que este hecho no es nuevo, pero sigue atentándose contra los derechos humanos, contra la infancia y adolescencia más desprotegida, contra los principios de la democracia. Y no podemos callarnos ante una situación tan grave.

En estos últimos 20 años, la presencia de niños, niñas, adolescentes y jóvenes menores de edad extranjeros ha significado una oportunidad para reformular la manera de gestionar la diversidad cultural en el ámbito de la infancia, así como para profundizar en el acompañamiento y la intervención desde un trabajo interdisciplinar en red.

La movilidad infantil y juvenil en este mundo globalizado no es un problema, sino una ventana de oportunidad para pensar y evaluar la calidad del estado de derecho.

La Junta de Andalucía debe cumplir con las responsabilidades contraídas en virtud de las normativas y directivas a nivel europeo, así como con todas las demás normas internacionales relativas a los derechos de los menores, y en materia de protección a la infancia y a la juventud.

Por todo ello y ante la emergencia de los problemas que afrontan un número importante de jóvenes que han estado en centros de protección recientemente,

EXIGIMOS a la Administración de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía y al Gobierno de España:

1.- El cese inmediato de todas las salidas de jóvenes que han cumplido la mayoría de edad que se encuentren actualmente en centros de menores del sistema de protección de la Junta de Andalucía, hasta en tanto no se les asignen recursos alternativos de vivienda, alimentación, formación e inserción socio laboral.

2.- El apoyo, con la puesta a disposición de recursos que garanticen la cobertura de las necesidades básicas, a todas aquellas personas jóvenes procedentes del sistema de protección que se encuentran en situación de calle tras ser abandonadas a su suerte por la administración.

3.- El cambio inmediato en la Ley de la Infancia y Adolescencia en Andalucía, de manera que se contemple la protección a jóvenes que se encuentren bajo la tutela o la guarda de la Junta de Andalucía hasta los 26 años, poniendo a disposición presupuesto y  alternativa de recursos de vivienda, itinerario educativo, apoyo en su situación de salud física y mental, soporte jurídico, red de soporte social y medidas que propicien la inserción laboral.

4.- Una reflexión por parte del Gobierno del Estado dirigida a diseñar y poner en marcha un Plan Nacional sobre inmigración infantil y juvenil. Entre los temas que urgen tratar, apuntamos a la necesidad de que se eliminen las barreras de inclusión de estas personas menores y jóvenes extranjeras en el sistema educativo, se eviten las macro instituciones, con frecuencia en situación de hacinamiento, se promocione su inserción laboral, y se les apoye en su transición a la vida adulta. En dicha reflexión hay que abandonar la estrategia de seguridad y de control fronterizo de las políticas migratorias que dan lugar a que la titularidad de los derechos de niños y niñas, adolescentes y jóvenes sea constantemente puesta en duda por su doble condición de menores y extranjeros.

5.- Que el Ministerio Fiscal vele por hacer prevalecer la protección de la infancia y la adolescencia, haciendo cumplir la normativa y las sentencias de los tribunales nacionales e internacionales que ordenan la defensa y tutela de los derechos fundamentales de estos niños, niñas y adolescentes menores de edad, asumiendo con firmeza las directrices del Comité de los Derechos del Niño.

Nuestra voluntad como sociedad civil es comprometernos a seguir denunciando los atropellos que se producen en los derechos fundamentales de esta población tan vulnerable, por justicia, por equidad y por la defensa del desarrollo de los valores democráticos y de derecho.

 

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