El supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión

Ana Sánchez es Coordinadora de campañas del BNC (Comité Nacional de Boicot en Palestina)

El 10 de diciembre de 1948 se aprobaba la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el prefacio del texto leemos que “la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana;” y que es “esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”.

Han pasado 70 años desde que se aprobara este texto, que pretendía ser un código de conducta global para proteger la dignidad de las personas y defender los valores de libertad, justicia e igualdad. A lo largo de estos años, la Asamblea General de las Naciones Unidas y sus diferentes agencias han desarrollado una larga lista de instrumentos y mecanismos que pretendían ejercer de guardianes de esta carta de derechos. Se han firmado los pactos por los derechos civiles y políticos y por los derechos económicos, sociales y culturales, se han creado tribunales internacionales y escrito y ratificado tratados y convenciones por los derechos de la infancia, de los pueblos, por la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, contra el racismo y la tortura o contra el apartheid, entre otros muchos.

Hoy, 70 años después podemos decir que hay tantos textos sobre cómo hay que proteger los derechos humanos como vulneraciones de los mismos.

El sistema actual de protección de los derechos humanos deposita en los estados la responsabilidad y el poder de ser los garantes de nuestros derechos. Este sistema le otorga al poder legislativo la confianza para que se redacten leyes que promuevan, respeten y defiendan los derechos humanos y confía en que el poder judicial las aplicará de manera rigurosa e independiente, evitando que se interpongan otros intereses que no tengan como fin último la protección de la dignidad humana. En otras palabras: el sistema actual confía en que los estados, que recordemos, son los mayores vulneradores de derechos, se tomen en serio su obligación de protegerlos.

Los derechos humanos nacen como respuesta a la necesidad de establecer unos límites frente al poder, lo cuál era y es necesario. Había que crear un sistema de límites, pero el sistema que se crea no responde ni en el fondo ni en la forma a la necesidad de establecer unos mecanismos para la protección de la dignidad humana.

Por un lado, con respecto al fondo, la carta de derechos de las Naciones Unidas pretende erguirse como un conjunto de valores universales. En realidad, esta carta de valores lo que hace es globalizar los valores locales de un grupo de población muy determinado: una población europea – occidental, blanca, heterosexual y de clase media alta. Este grupo de población, curiosamente, viene a ser el que a día de hoy se sitúa en una posición privilegiada, ocupando la mayoría de las esferas de poder hegemónico. Esto hace que el sistema sea profundamente ineficaz porque se ha creado un mecanismo “universal” de protección en base a un concepto local de cuáles son los valores que queremos proteger. Esto hace que se invisibilice y excluya de este sistema de protección de derechos a millones de personas y colectivos que no se identifican con esos valores, con esa manera particular y local de entender la dignidad humana.

Por otro lado, en relación a la forma, lo que tenemos a día de hoy es un sistema de límites al poder que se deriva del mismo poder que queremos limitar. Los derechos humanos son a la vez expresión y límites frente al poder. Teniendo en cuenta que los estados son, como decía antes, los principales vulneradores de derechos, resulta cuanto menos ingenuo depositar en los mismos la confianza y el poder para defenderlos.

Si echamos la vista atrás y buscamos a quienes han sido los responsables de los grandes avances sociales de nuestro tiempo, es raro encontrar ejemplos de gobiernos o estados que abanderasen la lucha por la dignidad humana. No han sido los poderes estatales los que han conseguido acabar con la discriminación institucional de la población negra en el Estados Unidos de mediados del siglo pasado, ni los que consiguieron frenar el expolio de los recursos naturales de los pueblos indígenas, ni han sido los responsables de que se reconociera el voto a las mujeres o los que consiguieron acabar con el apartheid en Sudáfrica.

Los y las responsables de éstos y otros muchos avances en materia de derechos a lo largo de nuestra historia han sido ciudadanos y ciudadanas corrientes que han sido capaces de soñar con un mundo mejor y que se han organizado para conseguirlo. Han sido el movimiento por los derechos civiles y políticos, el movimiento ecologista, los movimientos de resistencia indígena, el movimiento contra el apartheid o el movimiento feminista quienes han hecho de este un mundo más justo y seguro para todas las personas que lo habitan.

Es la rebeldía de la sociedad civil organizada que se niega a obedecer aquellas leyes que considera injustas la que consigue que se garanticen derechos. Es este movimiento de justicia desde abajo, el que alejado de los poderes hegemónicos, del poder financiero, militar, religioso y patriarcal está protegiendo la dignidad humana entendida en todas y cada una sus formas.

Y es por ello por lo que quizá hoy, 70 años después y ante la patente ineficacia del sistema de protección institucional de los derechos humanos, haya llegado el momento de recurrir “al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión” como la única estrategia efectiva para proteger nuestra dignidad. Contra su poder opresor, nuestro poder rebelde y popular.

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