En septiembre de 2015 muchos municipios pusieron en evidencia su voluntad política de contribuir en el apoyo de las personas refugiadas que pudiera recibir España ante la situación que padecían. Sin embargo, casi nueve meses después aquella ola de solidaridad ha quedado un poco apagada, al menos en nuestra zona. La situación de las personas refugiadas sigue siendo la misma y España no ha cumplido sus compromisos por lo que sólo se han recibido a un número mínimo de ellas.
Sin embargo, esta inacción del Gobierno estatal no debe implicar la desmovilización de la iniciativa de los municipios y la ciudadanía a favor de estas personas. Es por ello que desde la APDHA nos planteamos la necesidad de recuperar el empuje de la sociedad y los Ayuntamientos para conseguir doblegar la voluntad rácana e insolidaria del Gobierno Central contra las personas refugiadas.
Es por ello que planteamos la necesidad de mostrar de forma efectiva la voluntad de acoger a personas refugiadas en los municipios y para ello parece esencial que los mismos pongan negro sobre blanco sus posibilidades reales en relación con la acogida.
Hay que tener en cuenta que la acogida de personas refugiadas no consiste únicamente en proporcionarles techo y comida que, siendo esencial, es sólo una parte del proceso de acogida de estas personas que debe contribuir a la integración o, mejor dicho, a que estas personas desarrollen su vida en condiciones de plena dignidad. Por eso consideramos conveniente que los Ayuntamientos, en primer lugar, elaboren un inventario de recursos sociales disponibles para las personas refugiadas.
En este sentido, habría que determinar la disponibilidad de viviendas públicas para que residan estas personas, fondos económicos para contribuir al alquiler de otras viviendas, así como para la manutención durante el período que residan en España o, al menos, durante los primeros meses (12-18) puesto que el objetivo debe ser que estas personas logren obtener sus propios medios económicos por su trabajo como medio de dignificación de su estancia en España.
Así mismo, también habría que indicar las posibilidades de plazas escolares para menores, así como plazas de comedor, servicios de atención psicológica disponibles, personal municipal formado para la realización de diferentes actividades formativas esencialmente clases de español, pero también clases de nivelación para los menores que entren a cursar estudios en centros de enseñanza primaria y secundaria.
Igualmente, también convendría cifrar las posibilidades de puestos de trabajo con las que puede contar el municipio para que las personas refugiadas puedan desempeñar durante un período de tiempo.
Entendemos que la iniciativa debe partir de las entidades públicas y que la situación de las personas refugiadas es una responsabilidad del Estado y del resto de Administraciones públicas que no puede quedar al albur de la caridad individual. Hablamos de derechos, no de concesiones. Eso no quiere decir que la ciudadanía deba quedar al margen sino todo lo contrario. Precisamente, los Ayuntamientos deben servir para unificar la iniciativa ciudadana abriendo bolsas de disponibilidad. Es decir, sistemas en los que las distintas personas interesadas puedan hacer constar qué medios pueden poner a disposición de las personas refugiadas, tales como viviendas gratuitas o a precios de alquiler simbólicos, empleos en condiciones de dignidad o, incluso, servicios que puedan prestar de forma altruista a estas personas.
Los Ayuntamientos podrían servir para centralizar y coordinar este apoyo y para formar y valorar a las personas y familias dispuestas a colaborar puesto que el compromiso de apoyo a las personas refugiadas exige una preparación previa y una continuidad en el tiempo. En este sentido, figuras como las de familias espejo o personas que acompañen a las personas refugiadas que lleguen a nuestros municipios para distintos trámites o actividades (desde la escolarización de los menores o la obtención de la tarjeta sanitaria hasta las compras en el barrio pasando por actividades lúdicas o culturales).
Por último, los Ayuntamientos no pueden olvidar su papel en relación con la opinión pública y, además de la presión que con su actividad y con la realización de iniciativas como Conferencias de Alcaldes a favor de los Refugiados o Mesas de Municipios Solidarios, deben contribuir a que el conjunto de la ciudadanía no rechace la llegada de personas refugiadas. Es por ello por lo que, mediante los medios municipales de comunicación y por actividades de difusión y formación puedan contribuir a que la solidaridad con las personas refugiadas no disminuya sino que se acreciente. Así campañas que incidan en las condiciones de vida de las personas refugiadas en el país de origen, las causas de su éxodo o la identificación entre las personas refugiadas y la población autóctona pueden servir a este fin.
Unas reflexiones de nuestro compañero Diego Boza
