Cádiz 2 de octubre 2023. Como venimos insistiendo desde hace años, la cuestión de la vivienda es el principal problema para buena parte de la población gaditana. Especialmente para la población con menos recursos.
Por ello la APDHA ve positiva la celebración de un pleno monográfico del Ayuntamiento de Cádiz, esperando que no sea un momento para confrontación política, sino un espacio para hacer análisis y aportaciones en positivo, que son imprescindibles.
Para la APDHA, el problema de la vivienda en Cádiz exige un compromiso responsable, una mayor inversión y una planificación a largo plazo a llevar a cabo por el conjunto de las administraciones. La política debe estar orientada a favorecer el derecho a la vivienda de las personas y especialmente de aquellas que tienen más dificultad de acceso, como son los colectivos vulnerables y la población joven en su conjunto. En este sentido, es imprescindible actuar en dos frentes: uno, generar un mayor parque público de viviendas. Cuanta más vivienda de parque público se construya y se conserve más respuestas se podrán ofrecer a las necesidades de vivienda presentes y futuras de nuestra población y más ayudaremos a contener los precios del mercado de la vivienda en la ciudad. Y dos, controlar la presión que el turismo ejerce sobre la vivienda, que limita la oferta, eleva los precios y expulsa a nuestra gente hacia otros destinos.
En base a ello, proponemos la adopción de las siguientes medidas:
- No vender las viviendas hechas con fondos públicos, incluyendo aquellas que han agotado su plazo de protección o la posibilidad de compra sin que se hubiera ejercitado tal derecho. Así mismo, las nuevas promociones no deberán ser para la venta sino para aumentar el parque público, al objeto de destinarlas al alquiler social de las familias vulnerables y al alquiler asequible de la población joven.
- Impulsar la movilización de viviendas vacías, para lo cual se debería crear una ayuda a fondo perdido para reforma de viviendas en mal estado, con el compromiso de la propiedad de ponerlas luego, durante un periodo a determinar, a disposición del ayuntamiento para su alquiler.
- Favorecer la construcción o cesión de uso de suelo, sin perder la propiedad, de viviendas modelo cohousing destinadas de manera sectorial o compartida a colectivos específicos, como pueden ser jóvenes, mayores, o personas con discapacidad, y empleando para ello también suelos dotacionales.
- Comprar viviendas a particulares para sumarlas al parque público y adquirir nuevos suelos a proteger, provenientes del incumplimiento de los deberes de conservación de la propiedad que dieran lugar al derecho de expropiación.
- Adjudicar de manera temporal fincas o viviendas municipales a entidades sociales, cuya misión sea la de proporcionar un techo digno y favorecer el tránsito hacia la autonomía plena de colectivos vulnerables. Del mismo modo comenzar a implantar en Cádiz, el método conocido como «primero la vivienda», que consiste en la adjudicación de viviendas individuales de inserción social para personas sin hogar.
- Avanzar en la remodelación de viviendas y zonas especialmente degradadas, como pueden ser los conocidos como patios de Tacita de Plata o lo que aún resta de García de Sola.
- Aumentar las cuantías de las ayudas de servicios sociales destinadas al alquiler o al pago de la hipoteca, en concordancia con la subida de precios que se ha ido produciendo en los últimos años.
- Invertir en la reforma del parque público municipal que en su mayoría tiene más de 30 años de antigüedad y requiere obras de accesibilidad y eficiencia energética que proporcionen una vida digna y saludable a sus inquilinos e inquilinas, presentes o futuros.
- Instar a la Junta de Andalucía, en el marco de la Ley de Vivienda, a declarar la ciudad de Cádiz en su conjunto como «zona tensionada» con el fin de limitar los precios de los alquileres.
- Controlar la Vivienda con Fin Turístico que no cumple con la modificación del PGOU, iniciando los expedientes oportunos en materia urbanística y exigiendo a la Junta de Andalucía que inspeccione y las sancione al considerarse oferta turística ilegal.
