Defender la legalidad

Columna de Diego Boza, publicada en la Cadena Ser
Lo dijo el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz el 23 de septiembre de 2014 en una entrevista en esta casa con Pepa Bueno: fuera de la ley está la selva. Y es cierto. El hombre que creó y utilizó una policía política para perseguir a rivales e intentar obstaculizar la investigación de los escándalos de corrupción que afectaban al Partido Popular llevaba razón.
Es absolutamente necesario el estricto cumplimiento de la legalidad. La ley es la decisión mayoritaria de nuestros representantes, elegidos en elecciones democráticas y libres y, por eso, debe ser cumplida.
Un gobierno que se sitúa la margen de la ley, que se salta la ley de forma reiterada se convierte en un gobierno ilegítimo, un gobierno que no merece el respeto de sus gobernados puesto que desconoce las normas y principios sobre las que se sustenta su propia autoridad. Es indiferente, a este respecto, que una mayoría de sus gobernados esté conforme con esas medidas. Hay determinadas decisiones que son contramayoritarias. Es indiferente, incluso, que ese gobierno impulse leyes para dar cobertura a su comportamiento ilegal.
Y es que no cualquier ley resulta de exigible cumplimiento, sino aquellas leyes que respeten el marco constitucional porque la Constitución, que fue votada mayoritariamente por las personas que vivían y votaban en diciembre de 1978 en nuestro país, establece unos límites que hay que respetar. Unos límites que se complementan, de acuerdo al artículo 10.2 de la Constitución, con los acuerdos internacionales que, en materia de Derechos Humanos, tiene firmados el Estado español entre ellos, esencialmente, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
No obstante, aún me cabe la duda de si contra un acto ilegal e ilegítimo organizado por un Gobierno cabe el recurso a la violencia policial contra los que ejecutan esa decisión si no es proporcional al acto que se trata de evitar.
El lunes, el Estado español ha sido condenado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque las devoluciones en caliente ejecutadas en las fronteras de Ceuta y Melilla vulneran el Convenio Europeo de Derechos Humanos en sus artículos 4 del protocolo 4º y 13. Si el Gobierno sigue ejecutando devoluciones en caliente se convertirá en lo que tanto critica. Lo que no sé es si veremos imágenes de Policías golpeando a los Guardia Civiles cuando entregan a inmigrantes a Marruecos en la valla

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