La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía quiere expresar su estupor por la reacción de los sindicatos de la Policía Local ante las declaraciones del alcalde de Cádiz el pasado domingo en relación al vídeo sobre el decomiso de la mercancía a un vendedor ambulante.
La APDHA, que asesora al único sancionado (de momento) por la divulgación de este vídeo por parte de la Subdelegación del Gobierno, ha rechazado de plano la aplicación en este caso de la Ley Mordaza.
En efecto, como dice el alcalde de Cádiz, la retirada por parte de la Policía Local de la mercancía al vendedor ambulante es posiblemente una actuación legal. No obstante, nos parece que no podemos detener el análisis ahí sino que debemos ir a las cuestiones de fondo. Por una parte, el hecho de que una persona tenga que recurrir a esos trabajos clandestinos para alimentar a su familia. En ese punto compartimos la afirmación del alcalde: utilizar la policía frente a la pobreza es lamentable; y nos gustaría que realmente en nuestra ciudad no fuese así, que al fin y al cabo la policía debiera estar al servicio de la gente y a las órdenes de quienes la representan, o sea del alcalde.
La realidad es que estamos constatando como que en este último año algunos agentes de la Policía Local están siendo especialmente rigurosos en la aplicación de la ley en relación a épocas anteriores y, especialmente, las que afectan a las personas más desfavorecidas. Y vemos como algunos de esos policías actúan de una forma deshumanizada, siempre frente a personas muy vulnerables y desprotegidas. Derechos Humanos tenemos constancia de ciertos comportamientos, por ejemplo, en relación con personas extranjeras, en los que dan la impresión algunos agentes están apurando el límite de sus competencias,. No se trata de incumplir la Ley sino de aplicarla de forma flexible y teniendo en cuenta las circunstancias, sobre todo cuando se trata de leyes tan injustas.
Nos gustaría que alguna de esa energía en aplicar la Ley la tuvieran todos los organismos competentes para perseguir en nuestra ciudad la explotación laboral, para proteger a los trabajadores sin contrato, sin alta en Seguridad Social, que no cobran las horas extraordinarias, que trabajan más allá de lo que indican sus contratos,… todas esas irregularidades que se consienten como todo el mundo sabe.
No tenía la Jefatura de Policía Local necesidad de denunciar la difusión de unas imágenes que nada ilegal contienen y que el Subdelegado de Rajoy sabemos que iba a multar porque está en la esencia de quienes nos gobiernan (tampoco tenía obligación de hacerlo). Si esta denuncia se comunicó por la Jefatura de la Policía Local al Concejal y se autorizó nos parece mal. Y si no se comunicó es que se puenteó en un tema sensible al responsable de policía y es inadmisible. En suma el alcalde debe ejercer sus competencias como máximo responsable de la Policía Local.
Nuestra Asociación piensa que no existe una intención política de presionar al Gobierno municipal ante la ciudadanía y ante los medios de comunicación. Confiamos en que quienes tienen el monopolio del uso legítimo de la violencia no están utilizando su posición para amedrentar a los representantes políticos democráticamente elegidos por la ciudadanía. Estamos convencidos de que no es así
Cádiz 24 de mayo de 2016
