El Ayuntamiento de Sanlucar no empadrona a los inmigrantes

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía exige al Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda que proceda a empadronar a los extranjeros que los soliciten, independientemente de su situación legal.
En los últimos meses la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A) ha documentado diversos casos de extranjeros sin autorización de residencia a los que el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda ha denegado el empadronamiento.
Se trata, no obstante, de una práctica contraria a la Ley, tal y como recoge el Informe de la Abogacía del Estado emitido a raíz de unos sucesos similares ocurridos en la localidad catalana de Vic. En tal informe se hacía constar que la Ley no permitía denegar el empadronamiento a un extranjero por el simple hecho de carecer de autorización de residencia. Sin embargo, han sido varios los casos en los que el Ayuntamiento de Sanlúcar ha rechazado tales empadronamientos.
Esta práctica, además de contravenir la Ley, supone un grave perjuicio para los extranjeros afectados puesto que, precisamente, les imposibilita el acceso a la regularidad documental al exigirse el empadronamiento como requisito en algunos de los procesos de obtención de autorización de residencia. También está suponiendo que estos extranjeros encuentren mayores dificultades en el ejercicio de derechos básicos como el de la sanidad. Resulta además, particularmente llamativo que la denegación se está produciendo también para extranjeros que cambian de domicilio dentro del mismo municipio.
No es la primera vez que el Ayuntamiento de Sanlúcar realiza tales comportamientos. Hace unos años este mismo Ayuntamiento también denegó el empadronamiento a extranjeros en situación irregular. En aquel momento se corrigió esa práctica que ha regresado de nuevo. Se trata, de hecho, del único Ayuntamiento del entorno que incumple la Ley de esta forma.
La APDH-A se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento recordándole sus obligaciones legales y, en caso de persistir esta actitud pondrá en conocimiento de la Fiscalía tales hechos por si fueran constitutivos de un delito de prevaricación o de discriminación.
Cádiz 5 de febrero 2015