El derecho a la vivienda en Cádiz:
Balance demoledor del 2014… 2015 ¿otro año perdido?
Introducción
Un momento de la Rueda de Prensa ofrecida hoy 29 de enero para presentar este b
Como hemos denunciado en numerosas ocasiones la APDHA, el paro estructural existente en Cádiz es el factor clave que explica la alarmante situación de pobreza y exclusión social que sufrimos y que impide a miles de gaditanos el acceso a una vivienda digna.
Se puede hacer una estimación no exhaustiva de las necesidades de Vivienda, Albergue y Alojamiento en Cádiz en base a los datos obtenidos de los dos últimos Planes Generales y del censo de Vivienda del INE de 2011 y de las actuaciones de los colectivos sociales
3.984 Demandantes de Vivienda
675 Infraviviendas en 101 fincas. Al menos 400 familias directamente afectadas
126 personas sin techo/sin hogar
Por otra parte se dispone de la información aproximada sobre los recursos que pueden coadyuvar a resolver el problema habitacional en Cádiz.
6.866 viviendas vacías
128 fincas vacías en Casco Histórico, 858 viviendas (Públicas y Privadas)
Es evidente que el parque inmobiliario de Cádiz es suficiente para alojar a todos los demandantes de vivienda y PSH desde el punto de vista cuantitativo, aunque no cualitativo.
Pero en vez de actuar para paliar y resolver esta situación de emergencia habitacional en Cádiz, las administraciones han renunciado en la práctica a abordar el problema de la vivienda. Un buen ejemplo de ello ha sido el que no se aprobara o se desarrollaran los Planes Estatal, Autonómico y Municipal de Vivienda que son los instrumentos a través de los cuales las diferentes administraciones definen las actuaciones a ejecutar y financiar durante su vigencia:
– El Plan Estatal de Vivienda 2013/2016, aprobado en abril de 2013, no ha tenido efectos prácticos de ningún tipo, aparte de sus carencias de entrada, ya que su entrada en vigor real no se produce hasta el 28 noviembre 2014 (Orden FOM2252/2014).
– El Convenio suscrito entre el Ministerio de Fomento y la Consejería de Fomento y Vivienda, en septiembre de 2013, aun cuando tiene importantes limitaciones sobre todos presupuestarias (su financiación de 176M€ para toda Andalucía no permite actuaciones de cierta importancia) ni siquiera ha empezado a ejecutarse
– La Junta de Andalucía aún no ha aprobado el Plan Andaluz de Vivienda para el cuatrienio 2013/2016. El borrador aparecido en la web de la Consejería de Fomento y Vivienda, fue retirado. El acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno, el 2 de abril de 2013, estableció un plazo de 9 meses para su aprobación, que se ha incumplido totalmente. El defensor del Pueblo Andaluz está investigando este retraso injustificado
– El Gobierno de España recurre ante el Tribunal Constitucional la Ley 4/2013 reguladora de la Función Social de la vivienda, impidiendo a la Junta de Andalucía adoptar medidas para evitar la existencia de miles de “viviendas vacías y ciudadanos sin vivienda”
– El Ayuntamiento de Cádiz, al no redactar y aprobar el Plan Municipal de Vivienda y Suelo, sigue incumpliendo el mandato legal establecido en la Ley 1/2010, de 8 de marzo, reguladora del Derecho a la Vivienda. Conforme a la misma, debería haber sido aprobado en un plazo de dos años desde su entrada en vigor (disposición adicional 2ª).
Balance 2014
La realidad mencionada anteriormente unida a la falta de acuerdos entre Ayuntamiento de Cádiz y Junta de Andalucía nos lleva a efectuar un balance demoledor en todo lo relacionado con las actuaciones de vivienda en Cádiz: 2014 ha sido un año perdido para el cumplimiento del derecho a una vivienda digna:
– Ayuntamiento y Junta de Andalucía han paralizado todas las actuaciones de eliminación de infraviviendas que según los datos más fidedignos aún afectan a más de 400 familias en nuestra ciudad. El reiterado compromiso municipal de efectuar un “mapa de la infravivienda” en la ciudad, no se ha materializado en toda la legislatura.
– Ayuntamiento y Junta han paralizado la construcción de nuevas viviendas en alquiler para atender las solicitudes, de más de 3500 gaditanos, inscritas en el Registro Municipal de demandantes de viviendas. Esta falta de viviendas está llevando al aumento de familias en riesgo exclusión social, al incremento de la emigración a otras localidades o a la ocupación de viviendas vacías fruto de la desesperación y la falta de respuesta institucional.
– El pleno municipal acordó por unanimidad pedir a la Junta la construcción de la segunda fase de Matadero. Pero no hay acuerdo concretado ni se prevé ya ninguna actuación al respecto.
– Indicios de asignación fraudulenta de las 102 viviendas de Matadero (1ª fase) por parte del Ayuntamiento con la Junta mirando hacia otro lado. Esperemos que el proceso abierto en el juzgado determine las responsabilidades judiciales, porque las responsabilidades políticas ni están ni se las esperan
– Ninguna actuación en este pasado año para establecer un censo de viviendas vacías en la ciudad, que algunos estudios elevan a casi 7000. No hay voluntad municipal para actuar en este tema. Pero la paralización por recurso al Constitucional de la Ley 4/2013, ha terminado por justificar esta inacción tan perjudicial para los ciudadanos.
– Especialmente grave es la falta de acuerdos entre el Ayuntamiento y la Junta para la construcción o rehabilitación en los solares e inmuebles de titularidad de ambas.
– La Junta de Andalucía no ha publicado la convocatoria de ayudas para el alquiler de viviendas que apoyaría a demandantes de la mismas, con ingresos inferiores a 2.5 IPREM, acceder a una vivienda digna. Convocatoria que está prevista en el Convenio suscrito por el Ministerio de Fomento y la Consejería de Fomento y no ha visto la luz
– La Junta de Andalucía no ha publicado la convocatoria de ayudas para la rehabilitación de edificios prevista también en el Convenio suscrito entre la el Ministerio de Fomento y la Consejería de Fomento.
– Las situaciones de pobreza y exclusión social están provocando que cada día existan más personas sin hogar, siendo muy limitadas las plazas de albergues para su atención, tanto desde el punto de vista de un “techo” donde habitar, así como de recursos materiales y humanos para su inserción social.
– Asimismo se está produciendo un aumento de desahucios sociales por no poder pagar el alquiler. Lo recursos que emplea el Ayuntamiento para estos casos son de una oscuridad palmaria. La mayoría de la atención recae en las organizaciones sociales.
– El Ayuntamiento no muestra ninguna voluntad para que las ayudas que concede para el abono de los recibos de agua y luz dejen de ser un acto discrecional y se convierta en un derecho, regulado y articulado, para aquellas familias que no puedan pagarla. Siguen estando en manos de las asociaciones el ayudar en los casos de cortes de suministros. Las empresas públicas (Aguas de Cádiz y eléctrica de Cádiz), carecen de sensibilidad social, pues podrían destinar parte de esos beneficios a solucionar los casos de impago por vulnerabilidad social
– El Ayuntamiento tiene secuestrada la participación democrática. En la labor por el derecho a la vivienda es imprescindible la participación social. El Ayuntamiento la tiene secuestrada al negarse a recibir a los colectivos sociales o a convocar la Audiencia Pública, sobre luz y agua, solicitada por 6.039 ciudadanos. Igualmente sucede al negarse a constituir una mesa tripartita con la participación del propio Ayuntamiento, Junta y colectivos sociales para analizar, debatir y proponer soluciones al problema de la vivienda en Cádiz y que deje de ser un elemento de enfrentamiento entre las administraciones.
Mirando al 2015
La falta de voluntad para priorizar el derecho a la vivienda, la concepción histórica de la vivienda como un elemento más del mercado y los procesos electorales previstos en 2015, elecciones andaluzas, municipales y nacionales, auguran que el año 2015 volverá a ser un año perdido.
No obstante ello, desde la Asociación Andaluza Pro Derechos Humanos, vamos a continuar reivindicando que la vivienda deje de ser un negocio de especuladores y se convierta en un derecho al que toda la ciudadanía debe tener acceso. Y vamos a continuar apoyando la articulación social reivindicativa en torno a la Plataforma por el Derecho a una Vivienda Digna y contra la Exclusión Social,
Muchas de las reivindicaciones que planteamos, disuelto el Parlamento Andaluz y en situación de interinidad la administración local, ya no se van a ejecutar en esta legislatura. Desde la APDHA vamos a plantearlas durante la campaña electoral a todos los partidos que se presenten a las mismas.
Planteamos por ello siete cuestiones que nos parecen básicas para el tema de la vivienda en Cádiz:
1. La Administración debe garantizar el Derecho y el Acceso a una Vivienda Digna, prioritariamente a los gaditanos en riesgo de exclusión social. Esta consideración de un Derecho, ha de hacerse extensiva a los suministros básicos de luz y agua a los ciudadanos que no puedan pagarla. En Cádiz ello pasa por destinar recursos de los beneficios de las empresas públicas a este objetivo.
2. Para hacer posible ese derecho la Junta de Andalucía debe aprobar, de forma inmediata, el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo y, el Ayuntamiento de Cádiz debe cumplir el mandato legal de elaborar y aprobar el Plan Municipal de Vivienda.
3. Compartimos los principios establecidos en el Plan Estatal de Viviendas y en el borrador del Plan Andaluz de Vivienda de fomentar el alquiler de viviendas frente a las viviendas en propiedad, así como el fomento de la rehabilitación de edificios. En este sentido es prioritario que la Consejería de Fomento y Vivienda apruebe la Orden de convocatorias de ayudas al alquiler y de rehabilitación de edificios y posibilite la construcción de viviendas en alquiler en el Matadero y en los inmuebles o solares propiedad del Ayuntamiento de Cádiz y Junta de Andalucía ubicados en el Centro Histórico de la ciudad.
4. La aprobación de estas medidas ayudarán a resolver el lacerante problema de los desahucios por impago de alquileres o desahucios, se ha de conseguir que ninguna persona se pueda ver en la calle por falta de recursos.
5. El borrador del Plan Andaluz de Vivienda debe incorporar nuevos programas de eliminación de infraviviendas que posibiliten su erradicación en la ciudad en esta próxima legislatura.
6. Planteamos un compromiso de los concurrentes a las elecciones en torno a legislación sobre vivienda vacía y capacidad de las administraciones para actuar sobre la misma.
7. Del mismo modo que se establecen presupuestos obligados para el derecho a la educación o el derecho a la salud, deben establecerse presupuestos obligados para garantizar el acceso a la vivienda digna como un derecho, priorizando a los ciudadanos en riesgo de exclusión social.
8. Por ello, exigimos a los partidos políticos que se presentan a las elecciones municipales y autonómicas un compromiso explícito de destinar presupuestos suficientes para que en la próxima legislatura sean resueltos los principales problemas de acceso al derecho a una vivienda digna
Para que, como decimos, la vivienda sea un derecho y no un negocio
Cádiz 29 de enero de 2015
