Con esta Guía Informativa sobre la situación actual de la vivienda de protección oficial o vivienda pública, en los distintos municipios de la Bahía, pretendemos modestamente dar a conocer la situación de esta, empezaremos aclarando el concepto de vivienda pública, para a continuación abordar qué entidades las gestionan, los requisitos para acceder a las mismas y por último acercarnos a la realidad a través del registro de demandantes. Hemos recabado, no sin dificultades, la información que exponemos a través de los datos oficiales publicados desde los distintos municipios. Antes de detallar directamente la información y a modo de introducción desde APDHA, hacemos la siguiente reflexión.
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El derecho a la vivienda, que aparece como parte del derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado, recogido en el Artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (25.1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad) si bien en la constitución española no está recogido como derecho fundamental, si está recogido en los Principios rectores de la política social y económica, articulo 47: por ello los poderes públicos están obligados a definir y ejecutar políticas que hagan efectivo este derecho, se trata por tanto de un derecho social en sentido estricto y no de un derecho subjetivo que confiera a su titular una acción directa para obtener una vivienda digna y adecuada, serán, por tanto, los poderes públicos y las políticas sociales quienes tengan que facilitar el acceso a este derecho.
El problema del acceso a la vivienda es endémico en nuestro país. La vivienda, antes y ahora, continúa siendo un bien de lujo inaccesible para buena parte de la sociedad cada vez más sumida en la precariedad. La Banca (entidades financieras), incluyendo la Sareb (La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria), los fondos buitres, las socimis (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria), etc., son los grandes propietarios y tenedores de vivienda y, como tales, se sirven de un bien básico para especular.
En el momento actual muchas personas y familias son desahuciadas por no poder afrontar sus hipotecas o alquileres, todo ello a pesar de las limitaciones legales que durante la pandemia se establecieron. Según los datos del Consejo del Poder Judicial, enel año 2021, los desahucios aumentaron un 40,6 %, (derivado del impago de hipotecas un 46,1% y del impago de alquiler un 37,1%). El número total de desahucios ascendió a41.359. A ello se unen los continuos procesos de turistificación, que de forma especulativa y desmesurada se alienta y que supone la expulsión al extrarradio, del vecindario tradicional de los barrios de moda.
Este movimiento especulativo ha crecido exponencialmente a consecuencia de la pandemia, dando lugar a un incremento de la precariedad en una parte muy importante de la población.
A los pobres se unen los “nuevos pobres”, personas excluidas del mercado laboral o sin acceso al mismo. Según los datos del año 2021 de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social (EAPN), en España el 26,4% de su población (12,5 millones) está en riesgo de pobreza y/o exclusión y esto se incrementa para determinadas franjas, de tal suerte que el 9,5% (4,5 millones) sufre pobreza severa.
Según la Fundación FOESSA, el 32,5% de las personas que trabajan, pese a estar empleadas, son pobres y no llegan a fin de mes, situación que se agrava en el caso de las mujeres y las trabajadoras del hogar, entre otras.
Es en esta situación, donde la vivienda pasa de ser un bien básico y necesario a ser un artículo de lujo [para leer más pincha aquí]
