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Informe «Derecho a la salud mental» | Octubre 2023

Diversos colectivos gaditanos presentan un informe sobre la situación de la salud mental en Andalucía

Acceso al informe

  • Denuncian la falta de profesionales de la psicología clínica, la psiquiatría y la enfermería en el ámbito de la sanidad pública, la más baja de España, así como los retrasos de hasta 6 meses para las primeras citas y de hasta 9 meses en las de seguimiento.
  • Destacan que la falta de una vivienda digna, la precariedad o la falta de empleo, junto al estrés laboral, son factores determinantes, así como la situación de colectivos vulnerabilizados como la infancia, las personas sin hogar o las personas privadas de libertad.

Cádiz 10 de octubre de 2023. En el día Mundial de la Salud Mental, la asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía junto a Marea Blanca, Colectivos de familiares y de usuarios, así como otros profesionales a título individual, han presentado un informe donde denuncian la falta de consideración de la salud mental como parte del derecho a la sanidad universal, de calidad y gratuita para todas las personas.

Los datos aportados en este informe constatan que, en España, 1 de cada 10 personas adultas y 1 de cada 100 niños y niñas tienen algún problema de salud mental, hecho que se ha agravado tras la pandemia, dejando datos escalofriantes como un aumento de casos del 20%. En nuestro país más de 2,1 millones de personas sufren algún cuadro depresivo y el 5% tiene diagnosticada ansiedad.

Presentación en rueda de prensa del informe «El Derecho a la Salud Mental» junto al colectivo Dignamente y Marea Blanca Gaditana

Denuncian además, que los retrasos para conseguir cita en salud mental en Andalucía son injustificables: casi 20.000 andaluces y andaluzas (concretamente 18.622) esperan para una consulta una media de dos a cuatro meses, siendo el tiempo de espera en nuestra comunidad autónoma de entre 4 a 6 meses para las consultas de seguimiento y hasta de 9, según la zona. A esto se une que la falta de profesionales (psiquiatría, psicología clínica, enfermería especialista en salud mental, etc…) es alarmante: en Andalucía la media es de 3,65 profesionales de la psicología clínica por cada 100.000 habitantes y de 6,23 psiquiatras, también por cada 100.000 habitantes.

Destacan también cómo las desigualdades sociales y otros determinantes de la salud tienen un impacto esencial en la salud mental, especialmente en mujeres y en colectivos vulnerables como son la infancia, las personas sin hogar (un 73%) y las personas privadas de libertad (un 17% de los ingresos). También insisten en que hay que seguir luchando contra el estigma que aún perdura en la sociedad sobre las personas que necesitan tratamiento.

 

Ponen el foco en los problemas de salud mental derivados de contextos de empobrecimiento como pueden ser la falta de acceso a una vivienda, la precariedad en el empleo o el estrés laboral, la falta de acompañamiento a familias donde existen trastornos mentales y en el hecho de que la respuesta, ante estas condiciones de vida, recaigan siempre sobre el propio individuo, cuya única alternativa viene siendo la medicalización, debido entre otras cuestiones al tremendo negocio que hay, no solo detrás de la industria farmacéutica, sino también de la psicoterapia,  los libros de autoayuda y las llamadas “terapias alternativas”.

Para las entidades autoras del informe, las propuestas que deben dar respuesta a esta situación pasan por la promoción de la salud mental en diversos ámbitos (escuela, sanidad, entornos laborales, entidades, urbanismo, consumo etc..). Se precisa un seguimiento psicosocial y de acompañamiento a grupos de riesgo y, sobre todo, la implantación de políticas públicas que faciliten la conciliación y el acceso a recursos sociales que permitan un desarrollo sociocomunitario, en entornos saludables.

Del mismo modo exigen un fuerte aumento de recursos y de profesionales de los distintos ámbitos, integrados en una red de dispositivos de Salud Mental que tenga una orientación comunitaria, que garanticen una atención integrada e integral y que vaya desde la promoción y la prevención hasta la rehabilitación y la recuperación, teniendo como finalidad la inclusión y reinserción social.

Finalizan haciendo especial hincapié en que lo que procede, como consecuencia del deterioro inadmisible de la atención sanitaria en salud mental, es que se tomen de forma urgente decisiones políticas del máximo nivel para no normalizar la situación actual. Es un reto prioritario para todos los gobiernos, y para que los programas electorales se traduzcan en recursos, con la máxima urgencia.”

 

 

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