Jorge Luis Alonso Enríquez. Comunicación APDHA-Cádiz. El pasado sábado, la delegación de Cádiz de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha celebrado una asamblea en el Parque de los Toruños (El Puerto de Santa María) para la formación y el debate sobre la llamada crisis de los refugiados sirios, una de las mayores dramas de los últimos tiempos y que, tras saltar a la primera plana de los medios al final del pasado verano, ha despertado la solidaridad de las gentes de Europa, si bien no de los gobiernos de la UE, que se han mostrado bastante reticentes en acoger a los miles y miles de sirios que se han visto obligados a dejar su país.
Acampada de refugiados sirios en la Plaza del Rey de Ceuta en 2014. Con ellos nuestro compañero Amin Souissi
Pese a todo, la situación actual viene de más lejos según explicó Rafael Lara en la primera intervención de la reunión. Fue en el año 2011 cuando, dentro del movimiento civil de protesta conocido como la Primavera Árabe que englobó a diversos países del norte de África y oriente medio, el pueblo sirio salió a la calle para exigir cambios y una mayor democratización del país. El presidente sirio, Bachar Al Asad, respondió con extrema dureza a las movilizaciones, lo que acabó derivando en el estallido de una cruenta guerra civil que, cuatro años después de su inicio, aún parece lejos de su fin.
Desde entonces, la situación se ha enquistado y adquirido una complejidad que dificulta en gran medida la comprensión del conflicto. Por un lado, el gobierno de Al Asad, apoyado por Rusia, Irán y la organización libanesa Hezbolá, se enfrenta desde el comienzo de la contienda a los rebeldes sirios, que están a su vez divididos en hasta mil grupos coordinados y de diversa procedencia. Estados Unidos, la UE, Turquía y algunos países de la zona apoyan directa o indirectamente algunos de estos grupos frente al régimen de Al Asad.
A su vez, la destrucción y el caos de la guerra civil ha provocado la expansión en el territorio de grupos yihadistas radicales como Al Nusra y, especialmente, el autoproclamado Estado Islámico que desde su escisión de la rama de Al Qaeda en Siria, no ha dejado de crecer en número e influencia en grandes zonas de Siria e Irak. Frente a éstos, resisten en el norte del país la población de origen kurdo.
Ante un panorama tan enrevesado, las consecuencias del conflicto son desoladoras: más de 240.000 muertos y 11 millones de desplazados, tanto en otras zonas del país (alrededor de 7,6 millones personas) como refugiados en el extranjero (más de cuatro millones de personas) y un territorio totalmente en ruinas, con ciudades enteras destruidas.
Tras la intervención de Lara, tomó el testigo Diego Boza, que puso sobre la mesa una perspectiva jurídica de la acogida. Según explicó el delegado de la APDHA de Cádiz, la Convención de Ginebra reconoce el derecho al asilo no sólo de aquellas personas que procedan de un lugar en guerra, sino también de aquellos perseguidos por razones de género, grupo social, orientación sexual, etc. Sin embargo, las directrices de la convención no siempre se cumplen y los países de la UE, entre ellos España, suelen poner trabas a la hora de acoger a las personas solicitantes de asilo.
Asimismo, advirtió sobre el riego de excluir a los llamados «inmigrantes económicos», cuyos derechos suelen verse vulnerados con asiduidad. De hecho, la Convención de la ONU de 1990 de Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familias no ha sido ratificada por ningún país europeo a excepción de Portugal.
Tras esto, Boza desgranó tres conceptos jurídicos que son utilizados para negar la acogida a los refugiados. Por un lado, la reforma de la ley española de asilo en 2007 eliminó el asilo diplomático, lo que impide a las personas en peligro pedir refugio en las embajadas españolas en el extranjero. Para poder hacerlo, hay que estar en el país, pero la realidad es que los que intentan llegar se encuentran con vallas que se lo impiden. Por otro, la procedencia de los llamados «estados seguros», en los que se considera que no hay riesgo para los derechos humanos, sirve de excusa para denegar las peticiones procedentes de algunos de estos países.
Finalmente, y por si fuera poco, el Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) elimina barreras internas entre países de la UE, fortificando las externas. El SECA, fruto de los convenios de Dublín, establece que los solicitantes de asilo deben pedirlo en el país por el que entraron, lo que les niega la libre circulación mientras su solicitud es estudiada y obligándole a permanecer en un país en el que, quizá, no quieran quedarse. Por lo general, La mayoría de refugiados entran en Europa por la frontera sur, aunque por lo general prefieren partir hacia el norte, donde las posibilidades económicas y laborales son mejores.
La hipocresía española
A continuación, Boza desglosó las trabas a las que se han de enfrentar los refugiados que tratan de acceder a nuestro país. Curiosamente, aunque España es el único país europeo que posee fronteras con países africanos, es uno de los estados que menos asilados acoge. Incluso menos que Hungría.
Pese haber firmado la Convención de Ginebra, la realidad de las fronteras españolas es grotesca: las oficinas de asilo se encuentran en territorio marroquí, siendo controladas por la policía marroquí que establece férreos controles que dificultan el acceso a las mismas, especialmente a la población subsahariana. Y ante los intentos de acceder al país, el estado español responde con vallas, cuchillas, botes de humo y devoluciones «en caliente».
La hipocresía del estado español se puso de manifiesto el pasado verano, con la negativa de nuestro gobierno a acoger 4.000 refugiados de los muchos que arribaban a las costas europeas. Incluso, el ministro del Interior se refirió a los mismos como «goteras». Finalmente, y tras la presión social suscitada por la difusión en la prensa de imágenes bastante crudas, el gobierno ha aceptado la acogida de 15.000 personas impuesta por Bruselas.
Tras la intervención de Boza y una pequeña pausa, se estableció un interesante coloquio-debate. Las formas de articular la llegada de los refugiados y la necesidad de una fuerte implicación del estado, como poseedor de los suficientes recursos económicos para garantizar unas condiciones dignas a las personas que finalmente lleguen a nuestro país, fue uno de los temas de debate.
Así también, se señaló la necesidad de que la sociedad civil y las organizaciones sociales cumplan una función de vigilancia, exigiendo que se destinen los recursos necesarios para la adaptación, así como denunciar posibles incumplimientos. Y es que, a pesar de las muestras de solidaridad en los municipios, la acogida de estas personas va mucho más allá de únicamente ofrecerles una vivienda. En este sentido, son las organizaciones especializadas, con el apoyo de la ciudadanía, las que deben ofrecer el apoyo técnico y social necesario para garantizar la inclusión de los refugiados.
A su vez, se constató la necesidad de elaborar por parte de las organizaciones sociales, un argumentario pedagógico y constructivo para combatir el racismo en aquellos sectores puedan ser más contrarios a la acogida o no vean con buenos ojos la llegada de refugiados mientras que una parte de la población local sufre otros problemas, aclarando que apoyar la acogida no es incompatible con otras luchas. Sin lugar a dudas, hay cabida para todo tipo de reivindicaciones en distintos frentes
