La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía -APDHA- denuncia que la Junta de Andalucía especula con el suelo público que posee en Cádiz y abandona a la ciudadanía con menos recursos

La APDHA quiere mostrar su rechazo a la venta por parte de la Junta de Andalucía de un suelo público que está destinado a la construcción de 212 viviendas.
Esta venta demuestra que la Junta carece de una política de vivienda en la ciudad siendo como es el principal problema en Cádiz

Cádiz, 27 febrero 2024. Cuando concluyan las obras de la segunda fase de Matadero, habrán pasado más de trece años desde la última vez que la Junta entregó alguna vivienda nueva en la ciudad. A ello hay que sumarle que de los escasos terrenos de los que disponía para hacer vivienda pública, como es el caso de parcela situada en la Avenida de Ronda de Vigilancia, los ha vendido a una empresa privada para obtener beneficios, aunque sea a costa de acabar con la posibilidad de contar con 212 viviendas de parque público para el alquiler social y asequible.

Este suelo con el que la Junta va a obtener más de 6 millones de euros va a destinarse para viviendas privadas, de protección oficial en venta, y de precio limitado. Esto quiere decir que serán viviendas con precios similares a los del mercado libre y con una protección de apenas siete años, periodo tras el cual volverán al mercado libre sin limitaciones y sujetas por tanto a la especulación, la subida de precios, o al destino turístico y estacional. La Junta se convierte así en un especulador más que, en vez de aportar soluciones a las necesidades de vivienda, se lucra y contribuye a la selva en que se ha convertido el mercado de la vivienda en nuestra ciudad y en otras de Andalucía.

La mayor parte de los más de 6000 demandantes de vivienda protegida en esta ciudad solo pueden optar al régimen de alquiler puesto que la opción de venta y de acceso a una hipoteca es imposible para la mayor parte de la ciudadanía, especialmente las personas con escasos recursos y mucho más en el caso de la juventud.

Dados los elevados precios con los que van a salir a la venta estas VPO es probable que ni siquiera se encuentren en el registro actual 212 compradores que, cumpliendo el requisito de ingresos, dispongan además del elevado colchón de ahorros y del resto de financiación bancaria que se requiere para efectuar esta compra. Habrá que buscar nuevos demandantes, y podrán proceder de otras ciudades.

Pero, además, si la Junta de Andalucía vende el escaso suelo público de vivienda que le queda, al igual que está haciendo el Ayuntamiento como en el caso de las -Casitas Bajas o en Estado como en el caso del solar de Navalips, la gran mayoría de las personas inscritas a día de hoy en el registro gaditano no tendrán opción de continuar viviendo en Cádiz ni ahora ni en el futuro.

Este tipo de política de venta de suelo y VPO privada ha sido descartada con insistencia por los organismos europeos y por los propios planes de vivienda tanto nacional como autonómico, los cuales abogan por elevar el número de viviendas en alquiler sociales y asequibles para dar respuesta a la situación de emergencia habitacional que vivimos.

La APDHA reclama una vez más que se hagan políticas efectivas de vivienda en la ciudad que aumenten el parque público actual y ayuden a controlar los precios del mercado. Así mismo, exige a la Junta de Andalucía que aplique ya la actual Ley de Vivienda para declarar las zonas tensionadas que permitan regular los precios del alquiler en las mismas.