Artículo publicado en La Voz de Cádiz el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, por Diego Boza, delegado de la APDHA en Cádiz
El 10 de diciembre, aniversario de la aprobación de la Declaración de los Derechos Humanos, es una fecha apropiada para plasmar algunas de las reflexiones que la defensa de los derechos humanos nos plantean.
Quienes desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, organización que en 2015 cumplirá su 25 aniversario, trabajamos para reclamar la vigencia y la aplicación de los Derechos Humanos hemos vivido un proceso de transformación que hace unos años no alcanzábamos a imaginar.
Tradicionalmente, nuestra labor en pro de estos valores estaba identificada con el apoyo a aquellas personas que habían quedado fuera de un Estado del Bienestar insuficiente. Defender los Derechos Humanos era trabajar por los excluidos socialmente, por los inmigrantes, por las trabajadoras del sexo y, por supuesto, por la solidaridad internacional en relación a pueblos y países en los que los mínimos de dignidad vitales estaban muy por debajo de nuestros estándares.
Nuestra zona era, sin lugar a dudas, un lugar paradigmático en esa defensa. La posición geográfica de la provincia de Cádiz, zona fronteriza con una de los territorios más empobrecidos del planeta, nos convertía en punto de llegada (aunque no de recepción) de la inmigración más pobre y desprovista de derechos pero también servía de plataforma para el trabajo de colaboración y solidaridad con el continente africano, un labor que requería, no sólo la participación sobre el terreno sino también el cambio de perspectiva de nuestra sociedad, habitualmente, pese a su proximidad, de espaldas a África.
Algo similar cabe decir con respecto al trabajo contra la marginación y exclusión social. Nuestra provincia ha sufrido como pocas la lacra de la droga, la falta de vivienda digna y, por supuesto, del desempleo. La pobreza en Andalucía y, especialmente, en la provincia de Cádiz ha superado las medias españolas y, por supuesto, las europeas, alcanzando niveles sangrantes. Trabajar por los derechos humanos era trabajar por los que menos tenían.
Ciertamente, tal realidad no ha cambiado. Los Derechos Humanos son referentes en la exigencia hacia los poderes públicos del respeto a la dignidad de todos los ciudadanos y en el establecimiento de condiciones adecuadas para que todos y todas puedan alcanzar esos mínimos vitales. Sin embargo, la destrucción de los últimos vestigios del Estado del Bienestar que se ha desarrollado por los gobiernos españoles en connivencia con las políticas europeas o directamente en aplicación de las mismas, ha ampliado el abanico de sujetos que requieren de la exigencia de los Derechos Humanos como paradigma de su propia existencia. El aumento de los sectores desfavorecidos ha alcanzado hasta los límites de aquellos que tradicionalmente se habían considerado clase media.
Con todo, el proceso de agresión a los Derechos Humanos desarrollado en los últimos tiempos no hace únicamente referencia a las cuestiones económicas sino que implica una puesta en cuestión de garantías jurídicas esenciales que nos afectan a todos, independientemente de nuestra situación social. Así lo vimos, en su momento, con la Ley de Tasas Judiciales que pone en entredicho la virtualidad del derecho a la Justicia. Como la Ley Mordaza, actualmente en trámite en el Congreso, atacará las libertades de expresión, manifestación y reunión, ya bastante vulneradas en los últimos tiempos por la práctica sancionatoria del Gobierno que en el año 2013 impuso más de un millar de sanciones a manifestantes.
Algo parecido cabe decir del proyecto de Código penal que continúa en tramitación parlamentaria o con el reciente proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal que supone una agresión sin precedentes en el derecho al secreto de las comunicaciones.
La defensa de los Derechos Humanos en una provincia con un desempleo que supera el 40% es una tarea que nos implica a toda la sociedad pero que, en un entorno de retroceso de garantías como el que estamos viviendo, nos afecta a todos.
