Artículo de opinión de Alexia Manuel. Estudiante de Ciencias políticas y en prácticas en la APDHA Cádiz.
El martes 19 de diciembre pasado, la Asamblea Nacional francesa adoptó el proyecto de ley del ministro del interior Gérald Darmanin sobre la inmigración. Inicialmente describiendo su proyecto como la respuesta adecuada a las preocupaciones de los franceses, el ministro del interior quien desde el inicio presentó un texto problemático, tuvo que lidiar con la derecha para conseguir su aprobación. Como resultado de estas alianzas, esta ley, tan polémica, desestabilizó la esfera política y se desvela a ser una verdadera amenaza para los derechos de las personas migrantes.
De hecho, a pesar de las declaraciones de algunos miembros del gobierno, esta ley solo ha podido ser aprobada con los votos de los partidos de derecha y de extrema derecha, los cuales son los únicos que votaron unánimemente a favor de la ley. En cambio, el partido presidencial se dividió con 20 votos contra y 17 abstenciones. Esto era previsible porque el texto de ley ha sido reescrito por la derecha con la autorización del gobierno que, para evitar que fracasase, les permitió endurecer las medidas. El Senado donde la derecha es mayoritaria, adoptó una versión muy restrictiva para los derechos de los migrantes. Esta versión del texto, la Asamblea Nacional se negó a debatirla.
El gobierno consciente que se enfrentaba a una situación tensa sobre un tema tan polémico como la inmigración debería haber abandonado el proyecto, pero aun así convocó una Comisión Mixta Paritaria (CMP) con el objetivo de encontrar un consenso, aunque inevitablemente iba a inclinarse hacia las ideas de los partidos de derecha. Ante la probabilidad de la aprobación con mayoría relativa, el partido presidencial se vio obligado a hacer alianzas. Inclinándose a hacerlas con la derecha y no la izquierda, esto sólo puede conducir a una legislación catastrófica en relación a la situación de las personas migrantes y la protección de sus derechos. El objetivo era probablemente atraer a los votos de la derecha mientras se corría el riesgo de atraer a los de la extrema derecha.
Es evidentemente lo que ocurrió. Unas horas antes de votar el texto de la CMP, el partido de extrema derecha, anunció que iba votar en favor de esta ley. Eso permitió la aprobación del texto e hizo de la extrema derecha el segundo partido con más votos a favor de la ley, después del partido presidencial. El anuncio fue un shock para la Asamblea Nacional y sobre todo para los diputados “Renaissance” que es el partido presidencial. El ministro de la salud, Aurélien Rousseau llegó a dimitir de sus funciones. La sociedad francesa no tardó en reaccionar. Los días siguientes a la aprobación del texto, manifestaciones pacíficas se produjeron en Paris, Rennes o incluso en Lille. También, en unas 32 provincias, algunos alcaldes afirmaron su resistencia ante la ley declarando que no van a aplicarla en estas localidades.
Emmanuel Macron elegido por dos veces con la idea de bloquear la extrema derecha le da ahora mismo el poder de decidir una ley en relación con la inmigración, siendo un tema central para ellos. De hecho, la credibilidad del presidente se ve cada vez más empañada mientras que la extrema derecha celebra su victoria que califican de “victoria ideológica”. Mediante esta ley tan polémica, en vez de luchar contra la extrema derecha, el gobierno francés legitimó sus reivindicaciones las cuales tienen cada ver más influencia tanto en la sociedad como en la esfera política. En un momento en que el auge de la extrema derecha se hace sentir por toda Europa, el gobierno francés ha hecho una apuesta muy peligrosa.
Más allá de las consecuencias políticas, esta ley contiene una serie de medidas xenófobas que marcan una diferencia de trato entre los nacionales y las personas extranjeras con residencia legal. Es este punto donde la extrema derecha justificó su voto a favor de la ley, porque para ella es un primer paso para la aceptación de sus ideas y hacia la “preferencia nacional”. Estas medidas debilitan los derechos de las personas extranjeras y el acceso a sus derechos fundamentales como el acceso al trabajo que será aún más complicado. De hecho, esto dificulta la regularización de su situación y por tanto dificulta el acceso a algunos derechos y prestaciones sociales, y aunque se regularice su situación, para ciertas prestaciones sociales, tendrán que demostrar que viven hace 5 años en Francia lo que es totalmente contrario al principio de los derechos humanos que no deben discriminar a los seres humanos según su nacionalidad.
Del mismo modo, el principio de no-separación de las familias, protegido por las convenciones internacionales, está en peligro porque, por un lado, las condiciones de reagrupamiento familiar son más estrictas y, por otro lado, porque las personas extranjeras inicialmente protegidos en caso de Obligación de abandonar el territorio francés (OQTF) como aquellos que llegaron antes de sus 13 años en Francia o entonces los padres de niños franceses, ya no lo serán. Esto expone las familias al riesgo de separación. Se añada el hecho que las OQTF podrán ser ordenadas por delitos castigados con una pena de 5 años y no más cuando la condena es realmente de 5 años. Asimismo, esta ley se convierte en una ruptura entre los franceses y los extranjeros y no resuelve el problema de integración que justificaba inicialmente la ley. Al contrario, el texto no la facilita, pero la complica.
Desgraciadamente, con esta ley, estos derechos serán cada vez más en peligro porque la política migratoria será un tema de debate anual en el Parlamento con la votación sobre una cuota de inmigración. Estas cuotas complican aún más el acceso a tarjetas de residencia o visas para las personas extranjeras que a pesar de cumplir todos los requisitos, no podrán solicitar estos documentos. Por otra parte, la posibilidad para el Parlamento de votar anualmente significa que en caso de una mayoría de derecha o peor, de extrema derecha, las cuotas serían muy bajas o incluso nulas.
Con esta ley también retrocedimos en el tiempo con el restablecimiento del delito de irregularidad susceptible de multa de 3 750 euros con una pena de 3 años de expulsión del territorio. Suprimida durante el quinquenio de François Hollande, esta medida resurge y demuestra lo importante que es seguir luchando para defender estos derechos que serán siempre amenazados. Del mismo modo, mientras que las condiciones acceso a la nacionalidad francesa mediante el derecho del suelo solo han sido cuestionadas una vez durante toda la quinta República, esta ley elimina este derecho automático. Asimismo, los niños que nacieron en Francia de padres extranjeros deberán hacer la solicitud de nacionalidad entre los 16 y 18 años para poder adquirirla. Esta medida es simbólica porque este derecho del suelo es una tradición francesa.
En conclusión, la ley adoptada por la Asamblea Nacional consagra la aceptación de las ideas de la extrema derecha en nuestra sociedad y el gobierno francés junto al presidente tienen una responsabilidad en esto. Ahora, la ciudadanía francesa espera la respuesta del Consejo Constitucional que podría censurar una parte del texto en caso que la juzgaría anticonstitucional. Esto podría impedir a ciertas medidas, al menos, de ser aplicadas.
