Antonio Vergara pertenece a la Marea Blanca Gaditana y a la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública
La formación de todas las licenciaturas de Ciencias para la Salud no hacen honor a su nombre. En los periodos pregrados se centran en la enfermedad, estudian el origen de las patologías (patogénesis), las causas que las desencadenan, los métodos necesarios para su diagnóstico y las diversas opciones terapéuticas. Deberían denominarse Ciencias para la Enfermedad.
En los postgrados se insiste en la misma estrategia general. Todos los programas docentes de Formación Especializada en cualquier materia profundizan en la lucha contra la enfermedad ya establecida y minimizan los conceptos de Salud. El desarrollo profesional en la inmensa mayoría de casos es más de lo mismo. Por ello la especialidad de Salud Pública es poco valorada y casi desconocida incluso en el seno de los centros sanitarios.
Con estas estrategias docentes los profesionales sanitarios están sólo formados para tratar enfermedades, obviando cuestiones tan importantes como preservar la salud para no enfermar para lo que es imprescindible recibir formación en Prevención Primaria, para disminuir la incidencia de enfermedades, en Prevención Secundaria, para evitar recidivas y Rehabilitación para que la enfermedad no condicione una vida de baja calidad. La prevención y la rehabilitación disminuyen el gasto sanitario por evitar ingresos hospitalarios y gasto en medicamentos, demostrado en múltiples estudios científicos. Por esos motivos, las multinacionales farmaceúticas se oponen a estas materias y presionan para que no se divulguen estos estudios y estos conceptos.
Porque resulta que la Salud no es sólo la ausencia de enfermedad sino el disfrute pleno de bienestar físico, psíquico y social. Este concepto no es nada nuevo, lleva decenios proclamado, lo que ocurre es que los responsables sanitarios públicos no se enteran o al menos no aplican políticas con estas estrategias. Esta definición obliga a la aceptación de que una persona para considerarse sana no sólo no debe presentar síntomas de enfermedad física ni psíquica sino que existen determinantes sociales a tener muy en cuenta. A estas alturas existe un aluvión de evidencias científicas (en muchas ocasiones ocultadas por las Administraciones públicas) que demuestran que las condiciones laborales, la precariedad, el paro, la educación, la vivienda, los hábitos de vida, las adicciones, el medio ambiente, la soledad forzada por la discapacidad, etc, condicionan el estado de salud hasta el punto de reducir la esperanza de vida. Es decir, las desigualdades sociales matan.
La ciudadanía también confunde la Salud con la atención a la enfermedad y piensa cuando se les habla de vida saludable que se trata de cuestiones relacionadas con lo sanitario. La realidad es que en la Salud de la población, los sistemas de atención sanitaria intervienen sólo en un 25%, el resto depende de los determinantes sociales.
Los servicios públicos básicos son moduladores para el bienestar de los sectores de población más desfavorecidos. Para una persona que se encuentre en situación de desamparo social y laboral, si tiene asegurada de forma gratuita la Sanidad pública, la Educación pública y la Protección Social pública, la dignidad de las condiciones de vida aumentan de forma importante. Estos derechos básicos deben estar incluidos de forma obligada en los Presupuestos Generales del Estado y los impuestos deben ser el origen económico necesario (deben pagar más los que más tienen porque si no es así estafamos a los currantes).
Aprovechando la crisis financiera, los partidos neoliberales y las multinacionales que los gobiernan decidieron, hace más de una década, recortar brutalmente la financiación de estos servicios públicos básicos. Estas políticas de austeridad antisocial han conseguido lo que estaba previsto. España es el segundo país europeo en el que más han aumentado las desigualdades sociales y la pobreza. Los ricos son cada vez más y cada vez más ricos y los pobres son cada vez más y cada vez más pobres. El objetivo final será acabar con las clases medias, volver al medievo.
En este escenario sombrío existe una posibilidad histórica que hay que aprovechar para combatir la dinámica de pérdida de derechos. Los denominados ayuntamientos del cambio deben ser los impulsores de Planes Locales de Salud y conseguir mediantes acciones políticas, generar culturas saludables en nuestras ciudades, que deben ser proyectos participativos sin limitación alguna. La ciudadanía gestionando su Salud junto a las instituciones. Es la única forma de asegurar que todas las decisiones que se tomen desde los municipios (y ojalá en todas las demás instituciones públicas) tengan la característica de la equidad, es decir, que termine favoreciendo por igual a todos los sectores de la población.
La Salud es un derecho, es un derecho humano básico, es un derecho social que tiene que proteger y garantizar de forma obligada el Estado y todas las organizaciones públicas. Para eso les pagamos, para proveer las necesidades y equilibrar las desigualdades sociales. Ninguna entidad privada puede resolver estos conflictos porque ni les interesa ni suponen un negocio lucrativo. Se trata de derechos no de mercadeo.
