Continuamos nuestra serie de colaboraciones sobre la conmemoración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo acto central será la Manifestación convocada para el sábado día 13 de diciembre en la Plaza de la Catedral de Cádiz. En este caso se trata de un artículo de Antonio Vergara, de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Andalucía.
LA SALUD ES UN DERECHO
Lo primero que pretendemos aclarar es a lo que nos referimos cuando hablamos de Salud. No es sólo la ausencia de enfermedad, sino que es un concepto más amplio y ambicioso, como es el bienestar físico, psíquico y social. Esta definición es ya muy antigua, pues se difunde en el año 1978, en la Conferencia de Alma-Ata y expresa de forma literal: “que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, es un derecho humano fundamental y que el logro del grado más alto posible de salud es un objetivo social sumamente importante en todo el mundo, cuya realización exige la intervención de muchos otros sectores sociales y económicos, además del de la salud”.
Estos compromisos fueron asumidos con entusiasmo por muchos países, entre ellos España, y supusieron parte del contenido ideológico del objetivo de conseguir un estado de bienestar social mediante la aplicación de políticas adecuadas. Es realmente indignante que con el tiempo que ha pasado, comprobemos cómo no sólo no los hemos conseguido sino que cada vez estamos más alejados para poder siquiera acercarnos a ellos.
Por lo tanto, si consideramos la Salud con un escenario tan amplio e integrado es obvio que existen condicionantes sociales que intervienen de forma decisiva en los niveles saludables de la población. Las políticas austericidas que se están llevando a cabo en los últimos años están ocasionando un aumento importante de las desigualdades sociales, es decir, cada vez los ricos son más ricos, cada vez hay más pobres y cada vez los pobres son más pobres. España tiene el dudoso honor de ser el segundo país más desigual de la Comunidad Europea. Esta sociedad cada vez más desigual socialmente está padeciendo un deterioro de su salud. Uno de los índices que con frecuencia se emplea para medirla, es la edad media de supervivencia: pues bien, existe más diferencias entre barrios de una misma ciudad (de hasta 8-9 años) que entre países que consideramos menos desarrollados. Las desigualdades sociales matan con una intensidad superior o similar a otros factores de riesgo más asumidos como el colesterol o los accidentes de tráfico.
Una vez dicho lo anterior, hemos de ser conscientes de que un buen Sistema Sanitario Público (SSP) es también imprescindible para velar por la Salud de la ciudadanía que ya padece enfermedad y además servir de atenuante para la desigualdad social. En el Sistema Sanitario que nosotros entendemos, los recursos económicos del ciudadano no determina la atención que se presta. Y además es solidario, porque al financiarse a través de los Presupuestos Generales del Estado aportan más aquellos que más tienen. El SSP español estaba muy prestigiado internacionalmente y se consideraba como uno de los más eficientes del mundo, analizando los dineros públicos que se aportaban y los servicios que ofertaban. Además tenía y tiene una valoración positiva indudable por parte de la mayoría de la población. Las políticas de recortes y privatizaciones que se están llevando a cabo en los últimos años, están poniendo en serio peligro este modelo de SSP. Si analizamos las encuestas que periódicamente se hacen sobre las cuestiones que preocupan a los españoles advertimos que hace unos años nunca aparecía la Sanidad, y sin embargo en los últimos años está no solo apareciendo sino además en un lugar cada vez más relevante.
Por todo ello, nos reafirmamos que la Salud es un derecho humano irrenunciable y que todas las políticas deben tener como prioridad a este objetivo. Los políticos sólo deberían ser los representantes de los ciudadanos en las instituciones y su trabajo debería consistir en procurar de forma permanente que todas las personas tengan sus derechos asegurados. Es imprescindible originar un flujo de opinión que asegure un pacto sobre la necesidad que deberíamos de tener de que nuestra Salud no está en peligro por la acción de nuestros políticos.
