La proliferación de viviendas turísticas aumenta la conflictividad en las zonas saturadas e impide que la gente con menos recursos pueda acceder a una vivienda o se vean obligadas a abandonar el barrio e incluso la ciudad.
Los partidos políticos, especialmente el PSOE, deben dejar de marear la perdiz y abandonar la ambigüedad. Parecen más pendientes de intereses especulativos que de los derechos de la ciudadanía.
El problema de la vivienda en Cádiz es cada vez más angustioso y las instituciones – Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Cádiz – no hacen lo suficiente para evitarlo. No hay viviendas en alquiler mínimamente asequibles y cada día hay más familias obligadas a dejar la ciudad. Las instituciones no acometen promociones de viviendas públicas en alquiler dirigidas a familias que no pueden acceder al mercado de la vivienda, aun existiendo solares y edificios abandonados propiedad de Junta y Ayuntamiento. La Junta no ha convocado el programa de ayudas al alquiler y el programa del Ayuntamiento sigue sin despegar excepto las ayudas concedidas por Asuntos Sociales. Se ha abandonado la vía que abrió AVRA la pasada legislatura para acabar definitivamente con la infravivienda, pero sobre todo es preciso que el plan de viviendas de la Junta de Andalucía, el denominado Plan Vive 2020-2030 incremente sensiblemente las ridículas consignaciones anuales.
Vivimos en esta ciudad una situación de Emergencia Habitacional, mientras no ha dejado de crecer el número de Apartamentos y Viviendas turísticas sin ninguna regulación ni control, lo que está ocasionando que cada vez haya menos viviendas en alquiler para la población residente y las que hay sean cada vez más caras e inalcanzables para la mayoría de las familias.
Este fenómeno, existente en la mayoría de los países, es especialmente lesivo para ciudades como Cádiz, con escaso suelo edificable y sin espacio para crecer por lo que el daño puede llegar a ser irreversible. En Cádiz grandes empresas promotoras y fondos financieros internacionales están intentando hacerse con el mayor número de fincas y viviendas posibles para convertirlas en apartamentos turísticos, especialmente en el Casco Histórico.
Para afrontar este problema el Equipo de Gobierno llevó a Pleno, en Julio del año pasado, una modificación puntual del Plan General de ordenación urbana (PGOU) y una moratoria en la adjudicación de licencias. La modificación se basaba en un estudio detallado de las distintas zonas de la ciudad y proponía en esencia cual debía ser el límite de saturación de viviendas dedicadas al turismo en cada zona (8%) y el resto para viviendas destinadas a residentes.
La propuesta no fue aprobada por un solo voto de diferencia ya que toda la oposición votó en contra. Nos parece incomprensible que el Equipo de Gobierno y el Partido Socialista coincidan en la necesidad de una regulación y no se pongan de acuerdo en cómo lograrlo.
Las empresas especuladoras y los fondos de inversión, casi todas de fuera la ciudad, no han dejado de difundir falsedades en los medios de comunicación.
– Dicen que estamos en contra del turismo. Falso. Cádiz necesita el turismo, pero un turismo sostenible, de calidad y no solo estacional que sea compatible con el derecho de los gaditanos y gaditanas a la ciudad y a una vivienda digna a precios asequibles.
La moratoria no es la prohibición de las viviendas turísticas, como nos quieren hacer creer, sino una medida temporal para poner freno a este movimiento no regularizado y sin control en tanto no se apruebe la modificación del PGOU y se cuente con una Ordenanza que regule los apartamentos y las viviendas turísticas.
– Afirman que los ayuntamientos no tienen competencia en la regulación de las viviendas y apartamentos turísticos. Falso. Los ayuntamientos son la única Administración que pueden aprobar los Planes Generales de las ciudades y pueblos, así como revisarlos o modificarlos para adecuar la planificación de la ciudad a nuevas necesidades sobrevenidas. Esa planificación incluye la determinación del uso de los suelos de la ciudad (industrial, docente, turístico, residencial etc.), de su ubicación, condiciones de uso y cuantificación.
– Dicen que los apartamentos y viviendas turísticas crean puestos de trabajo. Falso. Los hoteles necesitan un servicio de recepción y atención al cliente, un personal para el arreglo y limpieza diario de las habitaciones, un equipo de mantenimiento para conservar el número de estrellas, personal de cocina y camareros si tienen restaurantes, es también usual que ofrezcan visitas turísticas y otras actividades que dan trabajo a otras empresas etc. Los apartamentos y viviendas turísticas te dan la llave y no vuelves a ver a nadie hasta cuando la devuelves después de los días o semanas que hayas estado. Las viviendas tienen todos los utensilios de cocina necesarios para hacer las comidas y una lavadora para lavar la ropa y las sábanas. ¿Dónde está la creación de puestos de trabajo? Solo engordando la cuenta corriente de estas empresas de fuera de la ciudad
En el tiempo transcurrido desde el Pleno de Julio de 2020, nos parece desconcertante que el PSOE no haya variado su lamentable e incomprensible posición de bloqueo en este sentido, olvidando los intereses de la gente de la ciudad a la que se deben.
No entendemos tampoco errores tan garrafales como alojar a los componentes del FIT en apartamentos turísticos por parte del equipo de gobierno. Tampoco nos parece de recibo el retraso burocrático para llevar el expediente de modificación puntual del PGOU al pleno.
Del mismo modo, el impulso de participación ha sido claramente deficitario. No es participación ciudadana limitarse a llamar a algunas entidades días antes de que se debata en el pleno, para simplemente respaldarlo. Se tendría que haber mantenido un intercambio fluido continuo para realizar actividades dirigidas a dar a conocer a las más amplias capas de la población la necesidad de regular cuanto antes el fenómeno de la turistificación
De nuevo la APDHA nos dirigimos por tanto a los partidos políticos para pedirles su voto favorable en el pleno para la modificación puntual del PGOPU y su correspondiente moratoria.
Y del mismo modo, pedimos especialmente al Equipo de Gobierno y al PSOE que se negocie con la participación de los colectivos sociales y se llegue a un consenso para la redacción de una Ordenanza Municipal sobre el tema si fuera precisa.
Cádiz 4 de noviembre de 2021
