Helena Fernández, miembro de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas y de Derechos Humanos, nos envía una colaboración con motivo de la conmemoración de los Derechos Humanos que venimos organizando esta semana la APDHA y cuyo punto culminante es la Manifestación que se desarrolla en Cádiz partiendo de la Catedral
Vivir con seguridad, paz y dignidad.
Trabajadores y trabajadoras en desempleo hasta agotar prestaciones y ayudas, autónomos y autónomas que cierran sus negocios por la crisis, mujeres y hombres cuyo divorcio les ha complicado algo más que su vida sentimental, pensionistas que, en su día, avalaron la hipoteca de sus hijos con su propia vivienda, hijos que con su primer trabajo decidieron independizarse y formar su propio hogar.
Notarías, tasaciones, personal directivo de oficinas, vendedores a sueldo de productos contaminados de entidades financieras, consejos equivocados, algunos cercanos a la mentira, otros tipificados como abusivos (concesión de «hipotecas crecientes» que comenzaban con cuotas accesibles pero en poco tiempo llegaban a triplicarse; inclusión forzosa en las hipotecas de productos adicionales de dudosa utilidad, como seguros de desempleo cuya letra pequeña concretaba que sólo serían efectivos cuando la persona desempleada tuviese previamente un contrato indefinido; inclusión de “cláusulas suelo” a la altura del techo…) actuaciones todas ellas alentadas o al menos consentidas por los poderes públicos.
Lejos de solucionar la agonía de las familias para mantener su vivienda, la legislación española supone un auténtico maltrato jurídico para las personas en situación de insolvencia, situación ésa que no es personal sino social que afecta centenares de miles de ciudadanas y ciudadanos.
En el caso español, las respuestas institucionales han venido condicionadas por la falta de voluntad para emprender una reforma global del régimen hipotecario. El gobierno central ha optado por destinar el grueso de recursos públicos a asegurar la viabilidad financiera de bancos y cajas, ayudas no sujetas a ninguna condición que pueda beneficiar a las familias hipotecadas.
Primero fue aquello de que el contrato hipotecario era un contrato entre privados y que el Estado no podía intervenir. Hasta que el Estado intervino inyectando ayudas públicas para dotar de liquidez al sistema financiero sin exigir ninguna contrapartida. Luego vino la cantinela de que era un contrato libre entre las partes y que los únicos responsables eran los hipotecados, puesto que nadie les había puesto una pistola en el pecho para que firmaran.
Pero tratar de iguales a los desiguales y equiparar la necesidad de las familias de acceder a una vivienda a través de una hipoteca con el lucrativo negocio de los créditos hipotecarios de unas entidades financieras provistas de un ejército de economistas, juristas y personal técnico especializado, es un insulto a la inteligencia.
La ausencia de políticas que garanticen un alquiler accesible y estable, y el propio impulso de régimen de propiedad privada por parte de las administraciones públicas, indujo al sobreendeudamiento de una parte importante de la población como única forma de acceder a una vivienda digna y adecuada, vivienda que como bien describe el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, no solo debe interpretarse simplemente como cobijo, sino como un espacio donde las familias puedan vivir con seguridad, paz y dignidad.
Más de 26.500 familias han perdido su casa durante el primer semestre de este año, obligadas a entregar su vivienda a la banca ante la imposibilidad de pagar la hipoteca, la mayoría de ellas sin alternativa habitacional en el momento de tener que abandonar su casa, cifra que hay que sumar a los cientos de miles que ya se habían producido desde que empezó la crisis y el creciente número de desahucios por alquiler.
Esto es un claro reflejo de la pasividad de las instituciones públicas, que ante el drama habitacional de miles de familias siguen sin llevar a cabo medidas valientes para garantizar el acceso a una vivienda a través de políticas públicas.
Nos han engañado a todos porque no teníamos forma de evitarlo. Solo en la calle alzando nuestra voz y unidos podremos parar que miles de familias continúen siendo expulsadas de sus hogares. Solo así, podremos hallar tod@s un cobijo con seguridad, paz y dignidad.-
