{"id":6924,"date":"2024-05-08T13:41:06","date_gmt":"2024-05-08T13:41:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.apdha.org\/cadiz\/?p=6924"},"modified":"2024-05-08T13:41:06","modified_gmt":"2024-05-08T13:41:06","slug":"reflexiones-juridicas-acerca-del-encaje-legal-del-internamiento-en-el-cie","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.apdha.org\/cadiz\/reflexiones-juridicas-acerca-del-encaje-legal-del-internamiento-en-el-cie\/","title":{"rendered":"Reflexiones jur\u00eddicas acerca del encaje legal del internamiento en el CIE"},"content":{"rendered":"

Art\u00edculo de opini\u00f3n de Juan Francisco P\u00e9rez Hermosilla. <\/strong><\/p>\n

Graduado en Derecho y en Ciencias Pol\u00edticas. Abogado.<\/em><\/p>\n

Activista y voluntario en APDHA<\/em><\/p>\n

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REFLEXIONES JUR\u00cdDICAS ACERCA DEL ENCAJE LEGAL DEL INTERNAMIENTO EN EL CIE<\/u><\/strong><\/p>\n

La potestad legal de aplicar una privaci\u00f3n temporal de libertad como instrumento para asegurar la eficacia y la ejecutividad de un acto o resoluci\u00f3n de car\u00e1cter administrativo \u2013 como es el caso de las expulsiones, devoluciones y los retornos que se pretenden garantizar con esta medida de internamiento en el CIE – es una cuesti\u00f3n bastante controvertida sometida a una constante e incesante discusi\u00f3n y debate.<\/p>\n

No obstante, a pesar de que desde un enfoque \u00e9tico, pol\u00edtico y social la persistente denuncia de situaciones de vulnerabilidad e inseguridad jur\u00eddica en el interior de estos establecimientos hacen cuestionar la legalidad de la existencia e implementaci\u00f3n de estos m\u00e9todos de control migratorio, resulta que si atendemos al criterio jurisprudencial consolidado sobre esta pol\u00e9mica, podemos comprobar que el Tribunal Constitucional ya se pronunci\u00f3 acerca de este asunto en su archiconocida STC 115\/1987 de 7 de julio[1]<\/a>, en el sentido de decantarse por considerar el pleno encaje constitucional de esta figura.<\/p>\n

Por un lado, esta postura no viene sino a confirmar de forma solemne lo que a todas luces es una tendencia sistem\u00e1tica en la operatividad del derecho de migraci\u00f3n y extranjer\u00eda, que acostumbra a establecer absolutos reg\u00edmenes de excepci\u00f3n legal cuando se trata de aplicar pol\u00edticas de control migratorio que priorizan valores como la \u201cseguridad\u201d, la \u201cestabilidad interna\u201d y el \u201corden p\u00fablico\u201d. Aplicando medidas completamente desproporcionadas que causan el debilitamiento de una de las garant\u00edas m\u00e1s esenciales que establece nuestro ordenamiento jur\u00eddico y uno de los pilares fundamentales sobre las que se asienta nuestro auto-reconocimiento como un Estado social y democr\u00e1tico de Derecho, el respeto de los derechos fundamentales y las libertades p\u00fablicas de las personas frente a la injerencia de los poderes del Estado.<\/p>\n

As\u00ed pues, los principales motivos que llevaron al m\u00e1ximo int\u00e9rprete de la Constituci\u00f3n a fundar este criterio est\u00e1n basados en aspectos estrictamente te\u00f3ricos circunscritos al plano del derecho positivo, de manera que su fallo se limit\u00f3 a apreciar que esta previsi\u00f3n normativa fuera respetuosa con el principio de legalidad. Ciertamente esa es la funci\u00f3n encomendada al Tribunal Constitucional en lo que respecta a la resoluci\u00f3n de los recursos de inconstitucionalidad – ejercer un control de la legalidad constitucional de los preceptos que se impugnan -, pero como veremos a continuaci\u00f3n, es precisamente esa desconexi\u00f3n de los \u00f3rganos de la justicia con la realidad f\u00e1ctica en la que se cumplen estos internamientos la que contin\u00faa perpetuando la vigencia de los CIE.<\/p>\n

De este modo ocurre, por ejemplo, respecto a la condici\u00f3n que remarc\u00f3 el Tribunal Constitucional por la cual la legalidad constitucional de los internamientos en los CIE se supedita a que esta privaci\u00f3n de libertad se practique en \u201cestablecimientos de car\u00e1cter no penitenciario\u201d, requisito que viene precisamente apuntado en el mismo art\u00edculo 1.3 del Reglamento de funcionamiento y r\u00e9gimen interior de los CIE (Real Decreto 162\/2014, de 14 de marzo) [2]<\/a>. Cuando precisamente las labores de inspecci\u00f3n y supervisi\u00f3n que realizan los Jueces de Control de Estancia, la Fiscal\u00eda, el Defensor del Pueblo y las organizaciones de defensa de los derechos humanos han evidenciado hist\u00f3ricamente que el estado que presentan estos centros de retenci\u00f3n, tanto por la insuficiente regulaci\u00f3n del r\u00e9gimen interno como por la deficiente dotaci\u00f3n de recursos, son considerablemente peores que los de las prisiones de este pa\u00eds.<\/p>\n

Si acaso fuera necesario, en este punto voy a valerme de un argumento de autoridad extra\u00eddo de las muchas y c\u00e9lebres valoraciones expuestas por el juez D. Ramiro Garc\u00eda de Dios a este respecto, por cuanto, basando su argumento en su reconocida experiencia ejerciendo como Juez de Control de Estancia del CIE de Aluche entre los a\u00f1os 2009-2018, ha expuesto en reiteradas ocasiones que: \u201caun cuando son definidos como establecimientos p\u00fablicos de car\u00e1cter no penitenciario, lo cierto es que desde la doctrina jur\u00eddica, y desde multitud de analistas, y de pr\u00e1cticamente todas las ONGs y asociaciones de ayuda y defensa de los inmigrantes, se ha considerado con s\u00f3lidos y fundados argumentos que los CIE son de peor condici\u00f3n que los centros penitenciarios, hasta el punto de que un gran n\u00famero de autores los definen como c\u00e1rceles controladas por agentes de polic\u00eda armados y sostenidos en un modelo policial autoritario que va configurando un espacio de sufrimiento para las personas internadas y un espacio de opacidad e impunidad\u201d[3]<\/a>.<\/p>\n

Asimismo, otra de las hipot\u00e9ticas garant\u00edas que sostienen la legalidad de practicar un internamiento es la necesidad de que la disponibilidad sobre la p\u00e9rdida de libertad provenga de una decisi\u00f3n judicial, a pesar del car\u00e1cter administrativo de la expulsi\u00f3n, la devoluci\u00f3n o el retorno que se pretenda efectuar. Por tanto, el acto que autorice la privaci\u00f3n temporal de libertad deber\u00e1 emitirse en forma de auto y exigir\u00e1 la intervenci\u00f3n del Juzgado de Instrucci\u00f3n donde se haya practicado la detenci\u00f3n. Pues, en todo caso, la privaci\u00f3n de libertad de una persona como forma de limitar el goce de un derecho fundamental, debe de ser una materia disponible exclusivamente por un \u00f3rgano judicial, como garant\u00eda del cumplimiento del art\u00edculo 17 y 25 de la CE que consagra la imposibilidad de que la Administraci\u00f3n pueda imponer una sanci\u00f3n que directa o indirectamente implique una privaci\u00f3n de libertad.<\/p>\n

No obstante, a pesar de que ya resulte por s\u00ed mismo llamativo el hecho de que se haya dispuesto esta artificiosa intervenci\u00f3n del orden judicial penal para salvar la legalidad del internamiento, como tendremos ocasi\u00f3n de comprobar en adelante, si bien en un plano abstracto esta intervenci\u00f3n judicial resulta una garant\u00eda para la legalidad del internamiento, un an\u00e1lisis de la realidad nos evidencia que esta protecci\u00f3n no resulta suficiente para evitar la adopci\u00f3n de estas desproporcionadas medidas, causantes a su vez de situaciones de vulneraci\u00f3n sistem\u00e1tica de derechos.<\/p>\n

Pues bien, si como hemos venido comentando a lo largo de este art\u00edculo entendemos que el internamiento en el CIE es una medida cuya funci\u00f3n es asegurar la deportaci\u00f3n de una persona, es tambi\u00e9n comprensible que aquello que se pretende garantizar en todo caso es la presencia f\u00edsica de la persona para su puesta a disposici\u00f3n ante las autoridades. Por lo tanto, las limitaciones que se autoricen sobre los derechos fundamentales de la persona solo deben afectar a aquellos que sean indispensables para prevenir este resultado, de este modo, el auto de internamiento solo podr\u00e1 privar temporalmente al afectado de su derecho a la libertad, entendida esta en su faceta de libertad ambulatoria o de movimiento.<\/p>\n

\"\"Evidentemente, no resulta razonable que para asegurar la expulsi\u00f3n de una persona sea indispensable someter a la misma a un r\u00e9gimen que le prive de gozar del resto de derechos vinculados a su dignidad – como pueden ser el derecho a la salud, a recibir asistencia m\u00e9dica, a la defensa jur\u00eddica, a la intimidad, a la integridad f\u00edsica y moral, a no sufrir tratos inhumanos o degradantes, al secreto de las comunicaciones, el derecho de informaci\u00f3n, etc -, esencialmente porque estos perjuicios que se causan sobre el estatuto jur\u00eddico de la persona interna no est\u00e1n asociados a la prevenci\u00f3n de su presencia.<\/p>\n

Por supuesto, la relaci\u00f3n especial de sujeci\u00f3n y dependencia que se establece entre una persona privada de libertad y la Administraci\u00f3n que gestiona el centro, hace que la garant\u00eda del resto de derechos fundamentales que no deben resultar afectados por el internamiento quede esencialmente mediatizada por su actividad. Siendo precisamente por ello que, para comprometerse a velar por la legalidad del internamiento, se establecieron unas normas – las incluidas en la Ley de Extranjer\u00eda (arts. 62 bis \u2013 62 sexies) y en el Reglamento de funcionamiento y r\u00e9gimen interno de los CIE – cuyo cumplimiento hace que esta medida responda a las exigencias de instrumentalidad y proporcionalidad de las que pende su licitud.<\/p>\n

En este sentido, nos encontramos de nuevo con unas garant\u00edas de legalidad que s\u00f3lo se expresan desde un plano formal, pues, aparte de la reiterada denuncia de las carencias que presenta esta regulaci\u00f3n debido a la insuficiencia normativa[4]<\/a>, el estudio de la realidad que aqueja a los CIE nos demuestra que las infracciones de la legalidad en este sentido son algo sistem\u00e1tico y persistente en la pr\u00e1ctica habitual de estos centros.<\/p>\n

A este respecto, de la tan acuciada tendencia de los CIE a presentar una total inadecuaci\u00f3n y deficiencia en los recursos y medios dispuestos en su funcionamiento, considero oportuno hacer referencia a los ilustradores pronunciamientos expuestos por el Juzgado de Instrucci\u00f3n n\u00ba 8 de Las Palmas de Gran Canaria, en su Auto de 15 de julio de 2015 referido al CIE de Barranco Seco. Pues el Juzgado, tras poner de manifiesto las nefastas condiciones que presentaba el establecimiento para el cumplimiento de su funci\u00f3n, dedic\u00f3 su parte dispositiva a exponer de qu\u00e9 manera estas infracciones de la normativa produc\u00edan efectos perjudiciales para la efectividad de los derechos fundamentales de los internos.<\/p>\n

La concluyente postura del Juzgado ha venido a determinar que el hecho de que el funcionamiento del CIE de Las Palmas se efect\u00fae con total inobservancia de las normas que lo regulan suponen, a su vez, una vulneraci\u00f3n y\/o limitaci\u00f3n del estatuto jur\u00eddico del interno. As\u00ed pues, este pronunciamiento nos sirve para sostener el siguiente razonamiento jur\u00eddico: en caso de que la actuaci\u00f3n negligente en la gesti\u00f3n de los CIE sea causa de infracciones del ordenamiento jur\u00eddico que afecten a las normas de funcionamiento interno de los CIE, si precisamente vulneran las exigencias legales que han sido dispuestas para velar por la eficacia de determinados derechos en su interior \u2013 tales como la salud, la asistencia m\u00e9dica, la asistencia social y cultural, la tutela judicial efectiva, los medios de defensa, la integridad f\u00edsica y moral, la intimidad, el secreto de las comunicaciones, a la informaci\u00f3n, etc. – , estos incumplimientos son constitutivos de una violaci\u00f3n del estatuto jur\u00eddico de la persona que hacen que el estado de estos establecimientos no sea id\u00f3neo para practicar el internamiento.<\/p>\n

Por lo tanto, esta situaci\u00f3n en la que el funcionamiento del r\u00e9gimen interno de los CIE no se ajusta a los requisitos que amparan su legalidad, por cuanto es provocadora de perjuicios a los derechos fundamentales del interno que no deben quedar afectados por la medida cautelar, supone que el internamiento se ejecute en condiciones que lo hacen inconstitucionalidad. Todo ello por cuanto la capacidad legal de aplicar este internamiento responde a la funci\u00f3n cautelar de asegurar una expulsi\u00f3n, limitando su potestad restrictiva a la privaci\u00f3n del derecho a la libertad, de manera que la lesi\u00f3n de otros derechos no se encuentra amparada constitucionalmente.<\/p>\n

Habida cuenta del estado tan lamentable que presentan los CIE, una vez constatadas las verdaderas situaciones de vulnerabilidad en las que se practica la privaci\u00f3n de libertad a los all\u00ed internos, no queda por m\u00e1s que aseverar que las condiciones actuales de estos establecimientos los hacen completamente inid\u00f3neos para cumplir los fines preventivos que amparan constitucionalmente su funcionalidad instrumental. De este modo, si confirmamos esta total inadecuaci\u00f3n del personal y de los medios y m\u00e9todos destinados a la gesti\u00f3n del funcionamiento de los CIE, y sostenemos a su vez que, estos desajustes en el r\u00e9gimen interno son en s\u00ed mismos constitutivos y, a veces tambi\u00e9n, generadores de frecuentes infracciones del ordenamiento jur\u00eddico constitucional y administrativo, no queda por m\u00e1s que afirmar que los CIE, al no estar sujetos a sus normas de regulaci\u00f3n, no garantizan que las medidas cautelares que se cumplen en su interior se ajusten a los requisitos que sostienen su legitimidad jur\u00eddica[5]<\/a>.<\/p>\n

En virtud de todo lo expuesto, en el contexto actual, en el que todav\u00eda no se han implementado los recursos y mecanismos apropiados para asegurar que esta medida cautelar \u201cadministrativa\u201d se puede practicar en condiciones m\u00ednimas que garanticen la dignidad y seguridad de las personas internas, los CIE deber\u00edan de proceder a su cierre y dejar de ser utilizados hasta que no cuenten con los requisitos exigidos para ello.<\/p>\n

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Puedes leer su TFM pinchando en la foto:<\/p>\n

\"Thumbnail\"<\/a><\/p>\n

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[1]<\/a> En ese entonces, el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Defensor del Pueblo se refer\u00eda al art\u00edculo 26.2 de la ya derogada Ley org\u00e1nica 7\/1985, de 1 de julio, sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espa\u00f1a, por cuanto fue el primer precepto del derecho interno espa\u00f1ol dedicado a establecer la posibilidad de efectuar un internamiento como medida cautelar y preventiva durante la sustanciaci\u00f3n o ejecuci\u00f3n de un expediente de expulsi\u00f3n.<\/p>\n

[2]<\/a> Este requisito viene exigi\u00e9ndose precisamente porque nuestro ordenamiento jur\u00eddico ha configurado el internamiento en el CIE como una medida preventiva, que tiene como fin asegurar la presencia del interesado para proceder a su desplazamiento fuera del pa\u00eds, de manera que la adopci\u00f3n de esta medida no responde a un car\u00e1cter punitivo ni sancionador. Raz\u00f3n por la cual, la expresa referencia a que la naturaleza jur\u00eddica de estos centros impide que tengan car\u00e1cter penitenciario, nos hace inferir que las condiciones que deben de presentar estos establecimientos deben de ser considerablemente m\u00e1s adecuadas para el desarrollo personal de los internos y para garantizar el goce de sus derechos fundamentales.<\/p>\n

[3]<\/a> Garc\u00eda de Dios, Ramiro<\/em>. (2015). \u201cLos juzgados de control del Centro de Internamiento de Extranjeros de Madrid: creaci\u00f3n, trayectoria y retos\u201d, cit., p\u00e1g. 276. Texto incluido en la obra colectiva coordinada por Margarita Mart\u00ednez Escamilla \u00abDetenci\u00f3n, internamiento y expulsi\u00f3n administrativa de personas extranjeras\u00bb.<\/p>\n

[4]<\/a> Sobre esta cuesti\u00f3n, resulta muy ilustrativo hacer alusi\u00f3n al voto particular emitido por el Magistrado Don Pablo P\u00e9rez Tremps en la STC (Pleno) n\u00ba 17\/2013 de 31 enero (RTC 2013\\17), que al respecto de la norma del art\u00edculo 62 quinquies de la Ley de Extranjer\u00eda expuso: \u201cla falta de calidad de Ley es tan abrumadora en este caso que hubiera debido determinar una declaraci\u00f3n inconstitucionalidad del precepto por vulneraci\u00f3n del art. 18.1 CE\u201d. Todo ello por cuanto a pesar de que las medidas de seguridad est\u00e9n previstas en el Reglamento CIE, al ser una materia que afecta al derecho a la intimidad de las personas es una materia cuya regulaci\u00f3n debe de establecerse por medio de Ley Org\u00e1nica.<\/p>\n

[5]<\/a> \u201cTranscurridos casi treinta a\u00f1os desde dicho pronunciamiento, la doctrina del tribunal no ha sido aplicada en toda su extensi\u00f3n por parte de los distintos organismos con competencias en el internamiento de extranjeros. Por eso, desde 1987, el principal empe\u00f1o del Defensor del Pueblo en esta materia ha sido el de comprobar la efectividad del control judicial y recordar a la Administraci\u00f3n que estos centros no tienen car\u00e1cter penitenciario, por lo que se ha de extremar el celo a la hora de regular las condiciones de vida de las personas en ellos internadas\u201d. V\u00e9ase Informe Anual 2016 y debates en las Cortes Generales, I. Informe, pg. 262.<\/p>\n

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Art\u00edculo de opini\u00f3n de Juan Francisco P\u00e9rez Hermosilla. Graduado en Derecho y en Ciencias Pol\u00edticas. Abogado. Activista y voluntario en APDHA REFLEXIONES JUR\u00cdDICAS ACERCA DEL ENCAJE LEGAL DEL INTERNAMIENTO EN EL CIE La potestad legal de aplicar una privaci\u00f3n temporal de libertad como instrumento para asegurar la eficacia y la \u2026<\/p>\n

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