Natalia García y Valentín Aguilar, miembros de la APDHA
Carmen y Carlos /FOTO: M Ortega Lucas
Cuando ser defensor de los derechos puede convertirte en delincuente; cuando las “víctimas” consideran que unos hechos debían ser denunciados, pero no castigados de tal modo; cuando el Ayuntamiento del pueblo de Carlos, Castro del Río, la Diputación Provincial de Córdoba y la mesa del Parlamento andaluz, entre otros, deciden por unanimidad de los partidos de todos los colores la estimación del indulto; cuando todo esto es así… ¿qué cabe que no sea un indulto?
Carlos y Carmen participaron en un piquete en Granada durante la huelga general de 2012. Tras la denuncia de la propietaria por una pintada y gritos (“chapa y se acaba”), el fiscal pidió en el juicio una “sentencia ejemplarizante, no sólo para ellos, sino para que a nadie se le ocurra hacer nada parecido”. Lamentablemente, la sentencia siguió las instrucciones del fiscal: 3 años y un día de cárcel por un delito contra el derecho de los trabajadores. Lo que por lógica debía haberse saldado con una falta, acabó en penas de cárcel para Carlos y Carmen.
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