Carta de la Asociación Europea de Derechos Humanos (AEDH) con motivo de la asunción por Grecia de la presidencia rotatoria

Carta de la Asociación Europea de Derechos Humanos (AEDH) al Parlamento Europeo con motivo de la asunción por Grecia de la presidencia rotatoria

21 de enero de 2014

Dirigido a: M. Martin Schulz, Presidente del Parlamento Europeo

En copia: Comisión de peticiones, Comisión de asuntos económicos y monetarios, Sres. Diputados Othmar Karas y Liem Hoang Ngoc, coautores del proyecto de informe de investigación sobre las actividades de la troica

Sr. Presidente:

Desde primero de enero de 2014 y durante los seis meses siguientes, el gobierno griego asume la presidencia del Consejo de la Unión Europea. Es por tanto la cara de una de las instituciones de la UE. Sin embargo, día tras día, este rostro se pone más feo. Entrando en el cuarto año de un profundo plan de austeridad sin precedente, dictado por el BCE, el FMI y la Comisión Europea1, el país ve, en nombre de la devolución de la deuda que su balance en materia de derechos humanos se degrada peligrosamente2.

Las organizaciones firmantes piden al Parlamento Europeo que redacte un informe sobre la situación de los derechos humanos, del Estado de derecho y de la democracia en Grecia, como en el caso de Hungría, con vistas a iniciar un procedimiento basado en el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, a fin de que el gobierno griego rinda cuenta.

Grecia está infringiendo normas internacionales en materia de derechos humanos, normas obligadas por la Unión Europea. Leyendo la Carta de Derechos Fundamentales, apenas se encuentra un solo artículo que no haya sido violado por el gobierno griego durante estos tres últimos años en el marco de las políticas dirigidas contra su propia población.

Describimos aquí brevemente sólo aquellas que consideramos como violaciones principales durante estos tres últimos años, en relación a la dignidad humana (art.1), al derecho a la integridad de la persona (art.3), a la prohibición de la tortura y de penas o tratos inhumanos o degradantes (art.4), a la libertad de expresión y de información (art.11), a la libertad de reunión y de asociación (art.12), al derecho a la educación (art.14), a la no discriminación (art.21), al derecho de negociación y acción colectivas (art.28), a la protección en caso de despido injustificado (art.30), a las condiciones de trabajo justas y equitativas (art. 31), a la protección a la salud (art.35). Más especialmente:

1. Impunidad de crímenes racistas

Mientras que la policía griega realiza operaciones “de limpieza” abusivas y discriminatorias contra los inmigrantes y refugiados, grupos de neo-nazis tienen mano libre para aterrorizar a estas mismas poblaciones3. Estos dos últimos años, el gobierno ha fracasado repetidamente en “sus esfuerzos” para detener el aumento de ataques racistas, a tal punto que sus autores se encuentran en la impunidad casi absoluta. Varios testigos han informado de la presencia de la policía en algunos de estos ataques, sin que hayan hecho nada para prevenirlos ni para arrestar a las víctimas. En septiembre de 2.013, el Mediador griego informa que en un promedio del 17% de los ataques racistas, los autores eran agentes de policía, se trata de casos de malos tratos, torturas, robo, amenazas, destrucción de documentación oficial, arrestos ilegales y otras violaciones. Muy pocos de ellos han sido conducidos ante la justicia4.

El Ministro de Orden Público tenía a su disposición una multitud de pruebas, pero no se ha decidido a remitir al fiscal nada más que 32 expedientes con elementos incriminatorios contra Alba Dorada por el asesinato del cantante antifascista Pavlos Fyssas, con fines puramente políticos. La investigación que se sigue ha demostrado lazos estrechos y duraderos entre la policía griega y Alba Dorada. Desgraciadamente las medidas tomadas para hacer frente a este fenómeno no son más que superficiales.

2. Tortura, malos tratos y otros tratamientos inhumanos y degradantes

En las comisarías, en las manifestaciones o en los centros de detención financiados por la UE, que parecen campos de concentración por indeseables, los malos tratos están muy extendidos. Inmigrantes en situación irregular y demandantes de asilo continúan siendo arbitrariamente privados de libertad5 violándose la legislación, mientras que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha establecido varias veces que las condiciones de detención equivalen a un tratamiento inhumano6 y degradante que no se evita a los menores7. Los refugiados son sistemáticamente maltratados y expulsados de la EU por la policía griega y los guardacostas8. En varios casos, la policía griega ha maltratado a detenidos que no tenían el color o las convicciones políticas “correctas”9.

Al mismo tiempo, el ministro responsable, M. Dendias, siguiendo la línea de sus predecesores, continua negando los abusos sistemáticos y llega hasta a poner en cuestión públicamente el papel del Tribunal así como la competencia jurídica de sus miembros10. Es evidente que la impunidad de la que gozan las fuerzas del orden es la causa principal de estos abusos. La amplitud de esta impunidad no puede ser explicada más que por la falta de voluntad política de los gobernantes griegos en ponerle fin.

3. Restricción del pluralismo de los medios de comunicación, atentado a la libertad de reunión y de asociación

La libertad de reunión está constantemente siendo violada en Grecia. Varias organizaciones de Derechos Humanos han condenado repetidamente el recurso excesivo a irritantes químicos con el fin de dispersar manifestaciones pacíficas, los arrestos preventivos de los manifestantes y la violencia excesiva ejercida, que con frecuencia provoca heridas graves, casi fatales y de discapacidades permanentes11. En septiembre de 2013, durante la manifestación anti-fascista tras la muerte de Pavlos Fyssas, la policía cargó violentamente contra los manifestantes y una persona perdió la vida cuando un cartucho de gas lacrimógeno explosionó sobre su ojo izquierdo12. Con frecuencia, los vídeos muestran a civiles cargando contra los manifestantes mientras que las fuerzas de policía les deja actuar. El gobierno griego no deja de felicitar a la policía por su sentido de la moderación13.

En el caso de la resistencia ciudadana a un proyecto minero nocivo en el Nordeste de Halkidiki14, la respuesta del gobierno ha sido completamente desproporcionada y quizá claramente ilegal: granadas lacrimógenas lanzadas por las fuerzas antidisturbios en patios de escuelas, carga violenta contra manifestantes pacíficos de todas las edades, irrupción durante la noche en domicilios privados sin razón admisible, arresto de menores para tomarles muestras de ADN por la fuerza, detenciones injustificadas sin procesos15; más recientemente decenas de habitantes de aldeas de la región, de todas las edades, han sido inculpados de formar organizaciones criminales según el mismo artículo del código penal invocado para perseguir a la dirección de Alba Dorada, mientras que entrevistas concedidas a periodistas griegos eran consideradas punibles por “difusión de informaciones falsas (lo que ha causado una reacción de la Unión de Periodistas de Atenas).

En materia de violencia policial, los periodistas y reporteros no han podido librarse tampoco16. Según sus sindicatos, ellos han sido objeto de abusos de manera deliberada. En general, la intensificación de prácticas represivas estatales se realiza al mismo tiempo que un serio golpe a la libertad de prensa y al pluralismo en Grecia. El cierre repentino e ilegal de la emisora pública17ha dejado al país, hasta ahora sin cadena pública digna de este nombre, mientras que los periodistas que investiguen escándalos de corrupción o que critiquen al gobierno se exponen a riesgos considerables18.

4. Violaciones de derechos al trabajo

Además de las libertades fundamentales, los derechos económicos y sociales han sido igualmente objeto de un ataque brutal por parte del gobierno. En febrero de 2013, el Comité de Ministros del Consejo de Europa ha decidido por unanimidad que Grecia, a consecuencia de la reforma de su derecho al trabajo, había violado varias disposiciones de la Carta Social Europea, especialmente el derecho a la protección contra un despido no justificado (período de prueba durante el trabajador puede ser despedido sin preaviso demasiado largo) y el derecho a un salario equitativo (salario mínimo para los trabajadores de menos de 25 años por debajo del umbral de la pobreza).

El derecho de huelga ha sido también seriamente restringido estos últimos años. Los tribunales con frecuencia han calificado varias huelgas de abusivas e ilegales, mientras que en tres casos el gobierno griego ha invocado disposiciones de fuerza mayor para poner fin a huelgas o incluso evitarlas antes de su inicio (junio de 2013) con violación del Derecho Internacional19. Las autoridades griegas han igualmente entablado procedimientos disciplinarios por “falta al deber” contra el personal administrativo universitario en huelga ante el intento de despedirlos, violando así el derecho a la huelga, así como el derecho a un juicio equitativo, ya que están sin trabajo obligatorio antes incluso de la decisión de la comisión disciplinaria.

El derecho a la negociación de un convenio colectivo ha sido igualmente impedido por disposiciones legales, reduciendo el salario mínimo a partir del 14 de febrero de 2012, conforme el segundo Memorandum acordado con la Troica y contra el consejo de los agentes sociales. En noviembre de 2012, una nueva legislación fue votada, según la cual, a partir de abril de 2013, el salario mínimo es determinado por el gobierno sin negociaciones y sin tener en cuenta el dialogo social.

5. Violación del derecho a la salud y a la educación

Los recortes drásticos en los presupuestos de educación y de salud han golpeado los dos sistemas, poniendo en peligro los derechos fundamentales al acceso a la salud y a la educación. La asociación de médicos hospitalarios griegos ha acusado al gobierno de destruir el sistema nacional de salud. Después de tres años ahora, Médicos del Mundo considera que Atenas es una ciudad afectada por una crisis humanitaria. Un documental reciente de la BBC testimonia la situación dramática en los hospitales griegos. En este momento, el derecho a la educación es violado por la eliminación pura y simple de varios cursos de formación en las escuelas técnicas, dejando aproximadamente 20.000 estudiantes sin escolarizar. En septiembre, 16.000 puestos de enseñantes de secundaria han sido suprimidos. El personal técnico en la enseñanza secundaria ha sido reducido un 25% desde 2012. Centenas de escuelas cierran, resultando el acceso a la educación más difícil, especialmente en las regiones más alejadas.

6. Gobierno de excepción y violación del Estado de Derecho

Decenas de actos de contenido legislativo especiales han sido adoptados según el art. 44 de la Constitución, a través de un procedimiento de urgencia sin aprobación del Parlamento. Según la Constitución este procedimiento está reservado a “casos excepcionales de necesidad urgente e imprevista”. Con frecuencia estos actos especiales han sido utilizados sin que se reunan estas condiciones como testimonian varios ejemplos como el cierre de la cadena pública ERT, la facilitación de la supresión de entidades públicas, el “saneamiento” presupuestario de ministerios y otros organismos de control público o la retirada forzada de funcionarios.

Además los procedimientos parlamentarios previstos por la Constitución son ridiculizados mientras le han sometido a los diputados centenas de páginas mal escritas de acuerdos con la Troica, acuerdos sin definir la política económica del país para los años próximos, aquellos que debían votar en las horas siguientes, sin respetar la mayoría cualificada normalmente exigida en el caso de acuerdos internacionales tales como los contratos de préstamos (lana pengar) 20. Impuestos de propiedad injustos, violando el principio de proporcionalidad han sido establecidos a través de las facturas de electricidad, su impago entraña la sanción ilegal del corte de corriente21. Además, el gobierno desprecia la decisión del Tribunal según la cual la vía elegida para percibir este impuesto era ilegal22. En fin, el tratamiento dado al movimiento medioambiental del Nordeste de Halkidiki es sintomático de no respetar en absoluto el Estado de Derecho, en nombre del “crecimiento” y de la creación de un medio “favorable a las inversiones”23.

Es necesaria una reacción decisiva

Todas estas violaciones no pueden haber escapado a la atención de las instituciones de la UE. Y por tanto, su silencio es ensordecedor después de demasiado tiempo. Los derechos humanos son sacrificados en nombre de la devolución de una deuda ilegítima que no hace más que crecer, a pesar de los golpes brutales en los gastos públicos. Si se va al encuentro de los principios directores relativos a la deuda y a los derechos humanos adoptados por el Consejo de los derechos Humanos de la ONU: « Si el servicio de la deuda es excesivo o desproporcionado y absorbe los recursos financieros destinados a la realización de los derechos humanos, deberá ser ajustado o modificado de manera que refleje la primacía de estos derechos. Las asignaciones presupuestarias de los Estados deudores deberán consagrar la prioridad de los gastos destinados a los derechos humanos ».

Afirmamos que si la Unión Europea se quiere cargar de valores y principios democráticos, una Unión que respete los derechos fundamentales, no puede cerrar los ojos por más tiempo, ante la violación masiva y sin precedente de los Derechos Humanos y de la democracia en Grecia, especialmente estos tres últimos años.

Invitamos por ellos al Parlamento Europeo a dirigir un informe sobre la situación de los Derechos Humanos y del Estado de Derecho y de la democracia en Grecia y de llamar al gobierno griego a rendir cuentas ante el Parlamento Europeo y los ciudadanos de la UE según el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, por haber atentado a los derechos fundamentales y a los principios democráticos.

Las organizaciones firmantes, procedentes de toda Europa, estás extremadamente preocupadas de la llegada a Grecia de un Estado represivo y autoritario que aplica políticas de austeridad catastróficas, y considera que si esta situación es tolerada, el desmantelamiento de la democracia y de los derechos sociales se extenderá a los otros Estados miembros de la UE, abriendo así un camino peligroso para Europa.

Respetuosamente,

Serge Kollwelter, Président de l’Association Européenne pour la défense des Droits del’Homme (AEDH) y Véronique Van der Plancke, Vice-Présidente de la Ligue Belge des droits de l’homme ldh@liguedh.be

Réseau européen Attac

CADTM Europe

CNE, Centrale Nationale des Employés – Belgique

Corporate Europe Observatory

European Public Health Alliance

Réseau pour les droits politiques et sociaux (Diktyo) – Grèce

Platforme Stop Racisme en Uitsluiting – Pays-Bas,

Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD) – Espagne

Fédération grecque des employés municipaux (POE-OTA)

Transnational Institute (ΤΝΙ)

Syndicat des travailleurs dela compagnie des eaux de Thessalonique (SEEYATH) – Grèce

Mouvement unis contre le racisme et la menace fasciste (KERFAA) – Grèce

War on Want – Royaume-Uni

Initiative de Solidarité avec la Grèce qui Résiste – Bruxelles

Real Democracy Now Berlin / GR

NOTAS