Colectivos de abogados y entidades sociales presentan una campaña de presión política para exigir la reanudación de la asistencia jurídica gratuita en las prisiones andaluzas

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Hoy martes ha tenido lugar una rueda de prensa con motivo de la presentación oficial de la CAMPAÑA promovida por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), Grupo 17 de Marzo Sociedad Andaluza de Juristas, Federación Andaluza Enlace, Liberación-Federación Provincial de Asociaciones de Drogodependencias de Sevilla y Letrados del Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria (SOAJP) del Colegio de Abogados de Sevilla, que pretende alertar a Parlamentarios Andaluces, gobernantes y la opinión pública sobre la grave situación de las más de 16.200 personas presas en Andalucía sin asistencia letrada desde mayo pasado, a la vez que exigir a la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía que se tomen las medidas necesarias para respetar y garantizar el derecho fundamental a la defensa en el ámbito penitenciario andaluz.

 

La situación de las personas privadas de libertad en las cárceles andaluzas

Andalucía es la comunidad autónoma con mayor número de personas presas, unas 16.200 de un total de 76.000. Entre el 70 y el 80% tienen problemas de drogodependencias que les han llevado a delinquir. “Concretamente – ha explicado María Luisa Díaz, Coordinadora del Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria (SOAJP) del Colegio de Abogados de Sevilla – alrededor del 80% está en prisión por delitos relacionados con la drogodependencia (pequeños robos y tráfico de drogas a pequeña escala). En torno al 40% padecen algún trastorno metal y de la personalidad y sobre un 8% enfermedades mentales graves”.

María Luisa Díaz ha continuado diciendo que “una inmensa mayoría de los presos y las presas son personas que previamente han padecido situaciones de exclusión social: escasos o nulos recursos económicos, infravivienda, procedencia de barrios o zonas marginales, analfabetismo (un 1% de analfabetos totales y un 10% de analfabetos funcionales) o escasa formación básica, ausencia de formación o experiencia laboral, otros miembros de su familia en prisión… Con este perfil socio-económico, son pocas las que se pueden costear un/a abogada/o mientras están en prisión”.

 

Origen, funcionamiento y consecuencias de la suspensión del Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria (SOAJP)

Posteriormente, la Coordinadora del SOAJP del Colegio de Abogados de Sevilla, ha informado que “en Andalucía, este servicio público comienza en Sevilla en Junio de 2001. A día de hoy, los ocho Colegios que se ubican en las capitales de provincia andaluzas disponen de estos Servicios. Los SOAJP gozan de una gran acogida por parte de la población reclusa, desde el inicio de su andadura hasta el momento de su suspensión, y cada año se ha ido aumentando considerablemente la demanda del servicio. Sólo en el año 2011 se llevaron a cabo en nuestra comunidad unas 9.000 asistencias”.

Las consultas mayoritarias se refieren a permisos y refundiciones, acumulaciones y limitaciones de condena, aunque también se atienden otras muchas consultas sobre revisión de grado, traslados y sanciones, malos tratos, información sobre causas penales y derivaciones a otros turnos.

“Esta situación – prosigue María Luisa Díaz- supone en la práctica que no se puedan atender y reclamar ante los Juzgados casos dramáticos y reales como la pérdida de 12 citas médicas en un año por falta de conducción policial padeciendo cirrosis hepática sin poder, por tanto, ser asistido por un especialista; no poder ser operado de litiasis renal en 7 años por continuos traslados de centro penitenciario; sufrir cacheos con desnudo integral sin tener relación alguna con el mundo de las drogas, o simplemente poder defenderse ante la retirada de custodia de los hijos1”.

E.L.B., usuario del servicio en libertad condicional, ha detallado en la rueda de prensa “cómo no era conducido a sus citas medicas especializadas en el exterior, provocando que las perdiera una y otra vez, y retrasando el diagnostico o tratamiento de su enfermedad” Asimismo, ha informado sobre la situación de otras personas presas: madres que no conocían donde se encontraban sus hijos1 inmersos en un procedimiento de retirada de custodia; no poder actuar ante un traslado a otros centros penitenciarios a cientos de kilómetros del lugar de residencia de sus familiares; no poder tramitar recursos ante sanciones, denunciar situaciones de malos tratos, etc.

 

Antecedentes

Por su parte, Maribel Mora, Coordinadora General de la APDHA, ha intervenido para explicar cómo se ha desarrollado el servicio en los últimos años y cómo se ha paralizado desde que surgió la falta de acuerdo entre las administraciones.

El pasado 17 de abril, la Directora General de Oficina Judicial y Cooperación de la Junta de Andalucía, anunció a los Colegios de Abogados de Andalucía la suspensión de los SOAJP, debido a la falta de firma, por parte del Ministerio del Interior, de la necesaria renovación del Convenio de Colaboración. Aunque el Consejero comunicó que existe una partida presupuestaria de 397.600 euros para los SOAJP de toda Andalucía para el año 2012. El citado Convenio de 11 de marzo de 2008 establecía una vigencia inicial de tres años, si bien estableciendo sucesivas prórrogas por acuerdo expreso de las partes. La financiación corría a cargo de la Administración Autonómica. Finalizado el plazo establecido inicialmente en marzo de 2011, el Servicio continuó prestándose durante un año sin oposición por ninguna de las partes, al igual que se trabajó sin convenio tripartito alguno desde el 2001 hasta el 2008, donde solamente existía un convenio del Ministerio del Interior con los colegios de Abogados para permitir su entrada.

Por tanto – apunta Maribel Mora – “la suspensión del servicio es completamente ilógica y en mayo en junio de 2012 la APDHA presentó una queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz con la firma de 1.000 personas presas denunciando la suspensión de la asistencia jurídica en las prisiones andaluzas. El Defensor del Pueblo Andaluz se comprometió públicamente a realizar cuantos trámites fueran precisos para hacer posible nuevamente el servicio público mediante los convenios bilaterales como se funcionaba antes del 2008”.

La APDHA mantuvo una la reunión el 15 de junio de 2012 entre el Consejero de Justicia y la portavoz del grupo parlamentario de IU en la Comisión de Justicia del Parlamento Andaluz, Alba Doblas. En ella, el Consejero se comprometió a reanudar el pago del servicio siempre que el Ministerio autorizara la prestación del mismo, sin necesidad de la firma de un convenio tripartito entre la Consejería de Justicia e Interior, el Ministerio del Interior y el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (CADECA). El Ministerio contestó afirmando que los Convenios bilaterales entre los Colegios y el Ministerio seguían vigentes por lo que no habría obstáculo para la prestación del SOAJP.

Al mantener silencio el Consejero durante varios meses, los letrados del Colegio de Abogados de Sevilla realizaron una concentración el pasado 18 de octubre ante las puertas de la Consejería, y sumaron otras mil firmas de personas presas a la queja, tras lo que el Consejero respondió desdiciéndose completamente de lo comprometido, ante los medios y por escrito en la queja tramitada en el Defensor, aduciendo que “es imposible reanudar el servicio porque no puede actuar sin cobertura normativa del convenio tripartito siendo necesaria la firma de la prórroga del Ministerio”.

Sin embargo, los Colegios de Abogados de Andalucía tienen desde el año 2001 convenios bilaterales vigentes firmados con el Ministerio del Interior. Prueba de la vigencia de los Convenios es que los SOAJP siguieron funcionado durante un año, desde abril de 2011 hasta abril del 2012, una vez finalizada la vigencia del Convenio tripartito, sin que existiera la necesidad de ese concreto marco normativo. Incluso con fecha 15-03-2011, es decir rebasada ya la vigencia inicial del Convenio tripartito, la citada Consejería dictó una Orden (BOJA nº62 de 29 de marzo) por la que se establecían el número de Guardias para los SOAJP de toda Andalucía para el ejercicio 2011. ¿Cómo se explica que sin la “cobertura normativa” del Convenio tripartito, de la que solamente habla el Consejero de Justicia e Interior, se dictara esa Orden por parte de su antecesor? ¿Acaso los anteriores Consejeros de Justicia cometieron alguna irregularidad o ilegalidad al permitir, durante nada menos que 7 años, que se prestara el SOAJP sin Convenio tripartito? ¿O al dictar la Orden de 15-03-2011, cuando se encontraba en la misma situación que ahora, de espera de firma de la prórroga? Y si así se cree por parte de la Consejería de Justicia e Interior actual ¿no habría que presentar una Querella por prevaricación contra sus antecesores?

Maribel Mora también ha comentado que “nos sentimos defraudados y estafados por un Consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía que nos ha faltado a la consideración debida de quienes piden lo justo dentro de la legalidad, dando explicaciones y promesas vanas que solamente ocultaban un recorte a los derechos fundamentales de los más excluidos. El Consejero ha estado “mareando la perdiz” con tal de no reconocer que un gobierno, que se vanagloria de ser de izquierdas, está dispuesto a suprimir un servicio público para uno de los sectores más excluidos y pobres en Andalucía”.

 

La campaña: próximas acciones y movilizaciones

Estos colectivos hacen pública en el día de hoy esta campaña, que ha recibido el apoyo de más de 70 colectivos sociales en menos de una semana y más de 1.300 firmas. Incluso fuera de España, la Asociación Europea de Derechos Humanos (AEDH), en la reunión de su Bureau del pasado fin de semana, mostró su apoyo a esta reivindicación y su preocupación ante el recorte de las libertades auspiciadas por la crisis, en esta ocasión por parte de la Junta de Andalucía.

Dentro de esta primera fase los colectivos promotores se concentrarán, junto con personas presas y sus familiares, en las puertas del Parlamento el día 15 de noviembre a las 11 de la mañana, mientras el Consejero de Justicia responde ante el pleno por la “suspensión” de los SOAJP.

Maribel Mora también ha anunciado que “Se remitirá a todos los Parlamentarios de la cámara un informe sobre la realidad del recorte del servicio, sus consecuencias y los fariseos argumentos del Consejero para su “suspensión”. Y si el jueves en el pleno el Sr. Consejero continúa manteniendo que la “cobertura legal” del convenio tripartito es imprescindible para financiar el servicio, le instaremos a que ponga en conocimiento de la Justicia la actuación de los Consejeros que le antecedieron, que financiaron un servicio, a su juicio, sin respaldo legal alguno. Ésa sería su obligación si entiende que se ha cometido algún tipo de corrupción o delito”.

Por último, ha finalizado su intervención diciendo que “somos colectivos ciudadanos, de Derechos Humanos y de juristas muy diversos. Pero estamos dispuestos a luchar, a sumar todos los apoyos cívicos precisos y a exigir justicia social en nuestra comunidad autónoma. Si el gobierno de la Junta de Andalucía da la espalda a los más desfavorecidos, estamos dispuestos a encerrarnos con grupos de familiares de presos que necesiten asistencia letrada para asuntos graves, hasta que el consejero les designe un abogado especialista en derecho penitenciario. Estamos reivindicando vivir con dignidad como derecho humano”.

 

Toda la información de la campaña en www.reanudacionsoajp.es
Relación de colectivos que han suscrito el manifiesto:

APDHA – Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía
Federación Andaluza Enlace
Grupo 17 de Marzo – Sociedad Andaluza de Juristas
Liberación, Federación Provincial de Asociaciones de Drogodependencias de Sevilla
Letrados del Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria (SOAJP) del Colegio de Abogados de Sevilla
Subcomisión de Derecho Penitenciario del Consejo General de la Abogacía Española
Ilustre Colegio de Abogados de Córdoba
Abogados del Turno de Oficio y Asistencia Jurídica Gratuita del Ilustre Colegio de Abogados de Granada
Foro de Abogados Independientes de Granada
Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de las Islas Baleares
Plataforma Otro Derecho Penal es Posible
Area Jurídica de la Pastoral Penitenciaria española
Pastoral Penitenciaria Asidonia-Jerez
Acción en Red Andalucía
ACIAB Asociación Cultural Iberoamericana Andrés Bello
ADSP Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Andalucía
AEDH Asociación Europea de Derechos Humanos
ALAT (Rota, Cádiz)
ALBOREAR Asociación de ayuda al drogodependiente (Sevilla)
AMEDI Asociación andaluza de mediación
Amnistía Internacional Sevilla
AMURADI Asociación de Mujeres Gitanas Universitarias de Andalucía
ARIADNA Asociación de Familiares y Amigos de Drogodependientes (Córdoba)
ASAPA (Asociación de Seguimiento y Apoyo a Presxs en Aragón)
Asociación «Elige La Vida»
Asociación ANDAD
Asociación ANDROPIZ (Málaga)
Asociación ANTARIS
Asociación Arquitectura y Compromiso Social
Asociación Atani (Guadix, Granada)
Asociación de Educadores/as Encuentro en la Calle (Córdoba)
Asociacion de Inmigrantes Argelinos de Andalucía
Asociación DESAL
Asociación de Amistad con el Pueblo Saharahui de Sevilla
Asociación El Enjambre sin Reina
Asociación Kala
Asociacion Nuevo Rumbo
Asociación para la mediación y pacificación de conflictos de Madrid
Asociación para la Reinserción Social Zaqueo
Asociación Saltando Charcos «Iniciativas para la inserción social y laboral» (Gamonal, Burgos)
Asociación Solidarios para el Desarrollo
ASPA Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz
A.V.A.T. Asociación Visueña de Ayuda al Toxicómano
C.I.C. BATÁ Centro de Iniciativas para la Cooperación Batá
CES Sevilla Proyecto Hombre
Colectivo Kaosenlared (sección Andalucía)
Colectivo «La Calle»
Comité René Cassin
EL TARAJAL Asociación de Prevención y Ayuda al Drogodependiente
EsCULcA. Observatório para a Defensa dos Direitos e Liberdades
FAKALI Federación Andaluza de Mujeres Gitanas
FAUDAS Federación Estatal de Asociaciones de Personas afectadas por las drogas y el VIH
FEAFES Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental
Fundación EMET ARCO IRIS
Fundación SAFA
Fundación Sevilla Acoge
IEMAKAIE Atención a Personas en riesgo de Exclusión Social (Córdoba)
Iniciativa Cambio Personal, Justicia Global
Médicos del Mundo Andalucía
Mundo sin Guerras y sin Violencia-Delegación de Cádiz
Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans de la Universitat de Barcelona
Observatorio por la defensa de los derechos y las Libertades OTEANDO (de Castila y León)
Oficina de Derechos Sociales de Sevilla
ONG Amigos de Ouzal
ONGD AFRICANDO
PAIP Proyectos, actividades e iniciativas jurídicas penitenciarias
Plataforma Papeles y Derechos Denontzatm -para todas y todos- (Navarra)
Salhaketa Bizkaia
SILDAVIA Asociación de Ayuda contra la Drogadicción
«Volver a la Vida» Asociación de prevención y ayuda al drogodependiente

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