COMIENZA EL JUICIO CONTRA EL EX DELEGADO DEL GOBIERNO DE CEUTA VICENTE MORO POR LA EXPULSIÓN DE MENORES MARROQUÍES

Cuando en Noviembre de 1998, gobernando el PP en la comunidad autónoma, tres policías locales denuncian públicamente la expulsión ilegal y el maltrato de menores marroquíes saltó, a la opinión pública la existencia de un fenómeno hasta ahora oculto: “los niños de la calle” en Ceuta y la violación de los derechos humanos por parte de las autoridades tanto de la administración central como de la administración autonómica.

Documentos, fotos y testimonios aportados por estos policías demostraban que desde hacía tiempo se venía practicando la sistemática detención y expulsión ilegal de menores en situación de desamparo por parte de miembros de la Policía Local auxiliados por un grupo “parapolicial” denominado Agentes de Atención Directa, “AAA”. Estas actuaciones se hacían por instrucciones directas de los mandos policiales y de las autoridades de la Comunidad y de la Delegación del Gobierno en Ceuta.

Según está comprobado, las detenciones eran efectuadas en las calles tanto por la Policía Local como por los “AAA”, los niños eran introducidos en vehículos tipo Z y trasladados al garaje de las dependencias de la Policía Local. Tras tomarles la filiación, los menores eran introducidos en un furgón policial que era utilizado en general para la retirada de pescados y verduras procedentes del decomiso de venta ambulante y que tenía pésimas condiciones de salubridad.

A la espera de su traslado, o hasta que se llenaba el furgón, los menores debían permanecer en ocasiones durante horas en este furgón. Posteriormente eran trasladados al paso fronterizo del Tarajal y, tras el trámite de rellenar para la Policía Nacional un impreso titulado “entrega de menores marroquíes”, los niños, frecuentemente junto a adultos detenidos, eran entregados a la Policía de Marruecos.

Esta denuncia supuso a los Policías Locales que la realizaron la separación del servicio y un sinnúmero de vejaciones y persecuciones por parte de las autoridades y también de muchos compañeros y otros ciudadanos ceutíes, a lo que parece conformes con el maltrato y la actitud racista hacia estos menores. La Delegación del Gobierno y la Comunidad Autónoma, en vez de investigar y tomar cartas en el asunto, comenzaron una campaña de difamación de estos policías honestos y contra todas las ONGs que divulgan estas actividades delictivas.

2. La querella criminal y sus vicisitudes

En Enero de 1999 la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, a la que se suman otras ONGs, interponen una querella criminal por estas actuaciones contra el entonces Delegado del Gobierno, Luis Vicente Moro, el Consejero de Presidencia y de Policía Local de la Comunidad Autónoma, Antonio Francia Maeso, y los mandos policiales Ángel Javier Gómez, Juan García y Juan jos1é Carrasco.

La tramitación de esta querella puso de manifiesto la actitud hostil del juzgado de instrucción y del ministerio fiscal, poniendo durante todos estos años obstáculos de todo tipo: desde no aceptar las diligencias y pruebas solicitadas por la APDHA, hasta negarse a tomar declaración a los imputados. La carrera de obstáculos tuvo un punto de inflexión cuando se impuso una fianza a las organizaciones querellantes nada más y nada menos que de cuatro millones de pesetas de entonces (24.000 euros), una de las fianzas más altas de la justicia española a una acusación popular. Posteriormente, ante el recurso presentado, la Audiencia Provincial rebajó de forma sustancial dicha fianza, del mismo modo que iba aceptando todos los recursos interpuestos por el servicio jurídico de la APDHA contra el archivo y sobreseimiento del caso.
El Juzgado de Instrucción de Ceuta y la fiscalía han tratado por todos los medios el archivo de la causa seguida contra el ex-delegado del gobierno ceutí y han boicoteado la investigación y entorpecido el esclarecimiento de los hechos cuanto han podido en unas actuaciones que podemos calificar desde la APDHA de vergonzosas y ajenas totalmente al estado de derecho y a la independencia del poder judicial frente al poder político.

Por su parte, el ex-delegado del Gobierno, cuando aún ocupaba su cargo, empleó todo tipo de métodos para desprestigiar y anular al Presidente de la Audiencia, a la sazón Francisco Tesón, entre otras cosas difundiendo hipotéticas conversaciones inculpatorias de connivencia con redes del narcotráfico. Cuestión que tuvo su reflejo en la prensa y que originó una querella interpuesta por ese magistrado contra Vicente Moro. A raíz de esta querella, la Sección Secta de la Audiencia Provincial de Cádiz en auto de 15 de Septiembre de 2007 ha condenado a Vicente Moro a dos años de cárcel y a doce años de inhabilitación por delitos de prevaricación, calumnias, revelación de secretos oficiales y atentado contra la independencia del poder judicial.

En el hecho probado 1º de esa sentencia por el que se inicia el relato de hechos por los que se condena a Moro y otros se hace expresa referencia a que el motivo que impulsa a ex-delegado del gobierno a sus actuaciones delictivas contra Francisco Tesón, magistrado de la Audiencia Provincial de Cádiz, es la estimación del Recurso de Queja que en su día interpuso la APDHA contra el sobreseimiento de la causa dictada por el Juzgado de Instrucción N. 3 de Ceuta en las D.P. 1754/98 (referida a la citada expulsión ilegal de MENAS) y que fue resuelto por dicha Sección Sexta de la que formaba parte Fernando Tesón estimando el recurso. Como ocurrió cuantas veces los letrados de la APDHA recurrieron los archivos y la desestimación de petición de pruebas por parte del Juzgado de Instrucción.

El caso es que, contra viento y marea, se ha conseguido sentar en el banquillo a los acusados, empezando por el ex-delegado del gobierno Vicente Moro y el juicio se celebra en Ceuta el 5 de febrero, si bien la fiscalía sigue pidiendo el sobreseimiento de los hechos, considerando que no hay delito (¿?)

3. El juicio, el contexto

Es necesario resaltar que el tema de los menores inmigrantes no acompañados, ha sido un tema de permanente actualidad en estos años y permanece aún en la agenda política. La APDHA elaboró un extenso informe sobre este tema que se puede consultar en nuestra web (https://www.apdha.org/webanterior/index.php?option=com_content&task=view&id=248&Itemid=32).

El juicio adquiere por ello particular relevancia, al ser la primera vez que se consigue sentar en el banquillo de la acusación a todo un Delegado del Gobierno precisamente por el trato y la expulsión ilegal de menores. Sólo este hecho creemos que es un precedente de primera magnitud, independientemente de cuál sea el resultado final de la sentencia. Y en todo caso un aviso a navegantes, en el sentido de que el respeto a los derechos del niño, del menor, debe prevalecer sobre cualquier otra consideración, especialmente sobre las conveniencias o las políticas migratorias. Cuando continúan los acuerdos de repatriación de menores con diversos países por parte del Gobierno español, cuando se están produciendo expulsiones ilegales de menores paralizadas en diversas comunidades pro la justicia, cuando en Andalucía la Junta no deja de plantear el tema de las repatriaciones de forma poco discriminada, creemos que es el momento de volver a recordar que el menor es ante todo un niño, un menor a proteger y no un inmigrante al que aplicar las hiperrestrictivas y no poco represoras políticas migratorias.

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