COMUNICADO ANTE EL CASO DE AGRESIÓN A UNA PROSTITUTA POR PARTE DE UN POLICÍA LOCAL DE MARBELLA

Lamentablemente, no hablamos del primer y único caso de agresión a una mujer que ejerce la prostitución, lamentablemente no es la primera vez que las agresiones proceden de agentes de la policía, y lamentablemente no es el primer caso de agresión que se da en el club de alterne La Casita Azul por parte de estos agentes, según comentaron las mujeres que pusieron la denuncia a la APDHA.

Los agentes de la policía de la Jefatura de San Pedro de Alcántara, miembros del cuerpo de seguridad del estado español, se encuentran dos de ellos en prisión provisional sin fianza y cuatro compañeros más en libertad con cargos por omisión del deber profesional. Desde la APDHA mostramos nuestra reprobación ante la actitud tibia del ayuntamiento de Marbella ante la implicación de varios de sus agentes en delitos muy graves. Y más aún por ser presuntamente cometidos por agentes de la autoridad, lo que resulta más reprochable en cuanto que su función es proteger a los ciudadanos de cualquier acto que vaya  en contra de la libertad y la dignidad de las personas. Para el Ayuntamiento, que ni siquiera expedienta a los cuatro implicados que quedan en libertad provisional,  parece suficiente una simple regañina y pasada por alto a los que callaron y faltaron a su deber no sólo profesional sino moral y ético.

Una vez más, y sirva este caso como ejemplo, queremos denunciar la situación de vulneración de derechos humanos que se dan en el colectivo de mujeres que ejerce la prostitución, la gran mayoría población inmigrante, el “triple estigma” que sufren por ser mujer, inmigrante y prostituta, y la situación de indefensión a la que están expuestas. Una agresión sexual en el puesto de trabajo es igualmente grave e intolerable para una trabajadora del sexo que para cualquier otra trabajadora, máxime cuando quienes cometen este delito son agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad –que se suponen formados y pagados por todos los ciudadanos para proteger derechos y libertades-.

Instamos a los respectivos ayuntamientos y gobiernos del estado español a que reflexionen ante este tipo de hechos y tomen responsabilidades a la hora de garantizar los derechos básicos de este colectivo.

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