Comunicado ante la medida anunciada por el Gobierno Andaluz de reactivar el plan hispano-marroquí de repatriación de menores.

ANTE LA MEDIDA ANUNCIADA POR EL GOBIERNO ANDALUZ DE REACTIVAR EL PLAN HISPANO-MARROQUÍ DE REPATRIACIÓN DE MENORES

Ante la medida anunciada por el Gobierno Andaluz de reactivar el plan hispano-marroquí de repatriación de menores, por razones de “colapso” de los centros de protección andaluces, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía manifiesta su profunda preocupación por tal medida que consideramos vulnera gravemente los derechos de los menores y la legislación de protección.

La Directora General de Infancia y Familia de la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social reclamó al Gobierno Central la reanudación del plan de repatriación de menores hacia su país de origen, paralizado desde hace ya 3 años, para permitir la repatriación de 268 menores marroquíes cuyos expedientes ya están cerrados desde hace meses, y eso con el fin de “ aliviar la situación “insostenible” de saturación que presentan los centros de acogida andaluces, agravada en los últimos días ”.
¿Será casualidad que Carmen Belinchón haya elegido este momento de “colapso” político y mediático frente a la llegada “masiva” de inmigrantes a Canarias, para instar al Gobierno central a que proceda a esos “reagrupamientos familiares”?

Tales reagrupamientos dictados supuestamente por el propio “interés superior” del niño y su “derecho a vivir en familia”, son en realidad expulsiones camufladas que tratan de encubrir la incapacidad del Estado Español y su falta de voluntad para abordar el espinoso problema migratorio con otra óptica que no sea la represiva.

De hecho, utilizando el habitual discurso catastrofista sobre la “avalancha de inmigrantes” que debe afrontar “cada día” el país, la Junta de Andalucía manipula una vez más los datos para lanzar mensajes contradictorios a la opinión pública, creando recelo y desconfianza en la Sociedad Civil.
Por un lado, España repatriará a menores tutelados hacia Marruecos por razones de saturación de los servicios autonómicos de atención al menor extranjero no acompañado y porque, según Consuelo Rumí, ” El Gobierno tiene muy claro que no va a permitir que la inmigración clandestina de menores no acompañados sea una vía segura para acceder a la legalidad en España“.
Por otro lado, estarán repatriados por la vía del “reagrupamiento familiar”, con el objetivo de “ priorizar el derecho del niño a estar con sus padres ” y no la propia obligación de España de acoger y protegerlo.
Resulta que con esta medida, España asume sin ningún complejo que la falta de recursos económicos y de infraestructuras en Andalucía sea un criterio de repatriación de unos niños tutelados por el Estado, y que el derecho legítimo de España a regular sus flujos1 migratorios sea superior a los derechos fundamentales del niño .

Así, España no cumple en absoluto la legislación internacional sobre la protección de los menores, como lo ha vuelto a señalar el Defensor del Menor.

  Ante esta situación preocupante, desde la APDHA:

– manifestamos nuestro rotundo rechazo a la actual política migratoria que se está llevando a cabo tanto hacia los adultos como hacia los menores en desamparo que llegan a España, y concretamente a Andalucía.

– reafirmamos nuestro contundente rechazo a cualquier tipo de repatriación no voluntaria, ya que habitualmente la emigración del niño forma parte de un proyecto familiar. Solo cabe señalar los fracasos y las graves vulneraciones de derechos ocasionados por este tipo de decisiones arbitrarias que se tomaron ya en Madrid este año

– destacamos el derecho del niño a ser oído como un elemento clave en la apreciación de cualquier decisión que le afecte, como lo es obviamente una repatriación.

– no podemos aceptar que se utilice al famoso y a veces inconcreto “interés superior del menor” cuando en realidad se hace prevalecer la condición de inmigrante irregular sobre la condición de menor, lo cual conduce a una aplicación arbitraria de las propias leyes de extranjería orientadas al control y a la seguridad.

– consideramos que la protección de los menores por parte de las administraciones competentes que son garantes de su seguridad, debe hacerse al mismo nivel que si fueran nacionales, sin ningún tipo de discriminación, cumpliendo así los deberes que les incumben por efecto de la ley.

– rechazamos terminantemente la práctica de la repatriación, mas aún si es colectiva e indiscriminada, como pretende la Junta de Andalucía, sin siquiera considerar otras vías para la integración de esas personas que llegan a nuestras costas en búsqueda de un mejor porvenir.

– nos oponemos a esta visión reductora que impone la inmigración como una amenaza y un problema, cuando es un fenómeno social natural que siempre ha existido.

Por lo tanto, como actores de la Sociedad Civil y como ONG de defensa de los Derechos Humanos, exigimos del Gobierno andaluz y español que asuman sus responsabilidades respeto a la acogida de esos niños en necesidad de protección, según lo que dicta la Ley y el respeto a los derechos humanos. Esa y no otra es la base legal actual.

Ni el supuesto “desbordamiento” de los centros, ni la falta de recursos son argumentos que justifiquen el incumplimiento de la Ley y, peor aún, la puesta en peligro del futuro del niño.

Repetimos que España y Andalucía tienen la posibilidad y los medios para acoger a esos menores desamparados, pero que aparentemente, le falta la voluntad política de hacerlo.

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