Nos da la impresión de que el siguiente paso será la privatización de los Servicios Sociales, y en esta línea percibimos la presente aplicación de la “tarjeta monedero”. Privatización que denunciamos y denunciaremos siempre desde la APDHA, con nuestra firme apuesta por unos servicios públicos que den cobertura con dignidad a los derechos más esenciales.
No sería la primera vez que nuestra asociación, la APDHA, denuncia las limitaciones en el funcionamiento de los Servicios Sociales de diferentes administraciones para superar la mera actuación asistencialista y pasar a una mucho más integral para acabar con la situación de vulnerabilidad de buena parte de la población.
Desde esa óptica tampoco es la primera vez que señalamos la necesidad de dotar a los servicios sociales de mayores recursos materiales y personales que proporcionen a los trabajadores y trabajadoras de dichos servicios herramientas más adecuadas para desarrollar su trabajo de forma más eficiente así como de agilizar sus respuestas, que implementan excesivo un aparato burocrático y son en demasiadas ocasiones de una lentitud exasperante a la hora de dar una respuesta ágil a las necesidades más básicas de la ciudadanía.
Valga de ejemplo la Renta Mínima de Inserción Social (RMISA), un instrumento absolutamente insuficiente para abordar la situación de pobreza de un sector muy importante de la población vulnerable, y que aun así lleva una demora mínima de un año para resolverse, una prestación económica orientada a la erradicación de la marginación y a la lucha contra la exclusión social, es decir, para familias que se encuentran en total desamparo.
Sirva esta nota para mostrar nuestro absoluto rechazo del “Programa extraordinario de ayuda en materia de necesidades básicas a la población en situación de vulnerabilidad ocasionada por el Covid-19” aprobado por la Junta de Andalucía, por el que crea una “tarjeta monedero” con el teórico objetivo de “garantizar el consumo de más de 20.000 familias andaluzas en supermercados”. Destina a este programa 17.000 millones provenientes del fondo librado por el Gobierno para paliar la situación de las personas con mayor vulnerabilidad con motivo de la pandemia. Y además dicha ayuda será transferida a las entidades sociales, obviando de forma clamorosa el trabajo de los y las profesionales de los Servicios Sociales.
Vaya por delante nuestro reconocimiento a entidades como Cruz Roja o Cáritas, con las que hemos trabajado codo con codo en muchas ocasiones, y a las que valoramos su extraordinario trabajo, como no podía ser de otra manera, en situaciones tan excepcionales como la que estamos viviendo todos y todas.
Pero ello no es óbice para que nos parezca una barbaridad este ninguneo al Sistema Público de Servicios Sociales, al que no solo se le priva de recursos, sino que se le despoja de competencias. Este programa demuestra nuevamente el poco valor que da el Gobierno de la Junta de Andalucía a los servicios públicos no considerando estas ayudas un derecho de las personas que las reciben, sino objeto de caridad.
Para colmo, y con el objeto de que la entrega se haga con rigor, estas entidades recabarán de los trabajadores y trabajadoras sociales el listado de las familias que serían objeto de la ayuda. Un dislate total.
Y en este sentido no podemos sino dar nuestro respaldo al posicionamiento que ha realizado tanto el Ayuntamiento de Cádiz como sobre todo el Colegio Profesional de Trabajo Social.
Nos parece evidente que la Junta de Andalucía sigue apostando por desplegar en nuestra comunidad el modelo privatizador que se viene desarrollando en sitios “con experiencia” en el tema, como la Comunidad de Madrid. Privatización de servicios públicos como la educación y la sanidad. Parece que no hubiéramos aprendido, en estos días tan duros, lo necesarios e imprescindibles que resultan estos servicios públicos para la ciudadanía.
Nos da la impresión de que el siguiente paso será la privatización de los Servicios Sociales, y en esta línea percibimos la presente aplicación de la “tarjeta monedero”. Privatización que denunciamos y denunciaremos siempre desde la APDHA, con nuestra firme apuesta por unos servicios públicos que den cobertura con dignidad a los derechos más esenciales.
Tampoco queremos pasar por alto el concepto que percibimos tras la tarjeta monedero: la “tarjeta de pobre”, en definitiva. Otro estigma que llevar en la cartera. Nada de esto sería necesario si se desarrollara de una vez por todas el Ingreso Mínimo Vital, ingreso que, con la acreditación y el seguimiento correspondiente de los Servicios Sociales, permitiera a la ciudadanía desarrollar una vida digna.
Pero, lamentablemente, parece más oportuno volver a recurrir a la caridad, estableciendo ciudadanas y ciudadanos de primera y segunda clase.
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