En la última celebración de la Merced antes de concurrir a las nuevas elecciones generales, la APDHA no puede sino señalar que el Gobierno no ha cumplido sus promesas electorales contempladas en su programa electoral del año 2004
Que haya mejorado déficit existentes de anteriores gobiernos no puede considerarse un logro sino meros paliativos a un sistema insostenible. Insostenibilidad que se mantiene en el día de hoy.
En el programa se partía de un correcto análisis de la situación penitenciaria:
“La población penitenciaria española ha pasado de 44.000 personas en 1996 a más de 56.000 en 2003, lo que supone más de un 25% de incremento. Por otra parte, más de un 60% de la población reclusa es reincidente, hay un altísimo porcentaje de personas drogodependientes, muchas de ellas gravemente enfermas y existe un 25% de población reclusa extranjera. Todo ello evidencia que se ha renunciado a desarrollar la finalidad que la Constitución establece para
nuestro sistema penitenciario: la reeducación y reinserción social de quienes han cometido delitos. No puede haber políticas de seguridad reales sin un sistema penitenciario rehabilitador. No puede haber verdadera reinserción social sin hacer un seguimiento de las personas que han pasado por la prisión y sin coordinar las actuaciones de las diferentes administraciones en materia de lucha contra la drogodependencia, integración social y empleo. Por todo ello, presentamos el siguiente catálogo de medidas que nos comprometemos a aplicar desde el Gobierno:
– Cumplir el mandato reglamentario de que haya un interno por celda.
– Incluir en los servicios médicos de los Centros Penitenciarios la atención psiquiátrica.
– Impulsar el tratamiento penitenciario individualizado, atendiendo a las características personales, biográficas y delictivas del preso, con el fin de dotar al interno de las habilidades necesarias para llevar una vida sin nuevos delitos.
– Fomentar la creación de puestos de trabajo en el interior de los Centros Penitenciarios, de forma que pueda llegarse en el plazo de dos años a una ocupación laboral de, al menos, el 50% de los internos.
– Coordinar actuaciones con las Administraciones Autonómicas y Locales para establecer programas de seguimiento terapéutico y social de las personas que, una vez cumplida su condena, se reintegran en su medio habitual”.
¿Qué ha cambiado tras 3 años de gobierno?.
Muy poco. La población penitenciaria ha aumentado hasta los 64.400 presos. La reincidencia sigue siendo superior al 60%, la drogodependencia continua alrededor del 80% y cada vez existen más enfermos mentales en las prisiones (el 42% toma psicofármacos). El número de personas en semilibertad no ha aumentado significativamente.
Frente a ello, las medidas prometidas de un interno por celda, con tratamiento individualizado (en solo 27 de los 77 centros existen terapias para condenados por libertad sexual), con atención psiquiátrica, y con un 50% de internos con trabajo, con coordinación con otras administraciones, parece más un bonito sueño que realidad.
Por otro lado, y tal vez como mejor instrumento para conseguir aquellas medidas prometidas, se sigue insistiendo por parte de la Dirección General de Instituciones Penitenciaras de que lo deseable es impulsar la creación de establecimientos externos alternativos para enfermos mentales y drogodepedientes, limitando así la población penitenciaria al mínimo.
Estas palabras están presentes desde el inicio de la legislatura, pero frente a las mismas están los hechos, de construcción de más y más macrocárceles, que de hacerse algún día realidad aquellos buenos deseos quedarían vacías.
Instituciones Penitenciarias señala que existe limitación de recursos. Pero frente a ello, debe constatarse que de los 746 millones de presupuesto del año 2005, se pasó a 900 millones en el 2006, llegando a 1.022 millones en el 2007. Un 40% más de presupuesto disponible no ha servido para dar ni un solo paso en la creación de un sistema penitenciario distinto. Más aún cuando de los 50 euros diarios que cuesta cada preso, sólo 5 se destinan a su manutención (la cual en caso de tratarse de preso minusválido con prestación no contributiva es pagada por el mismo a la Junta de Andalucía, a través del descuento en su prestación).
La APDHA no puede sino mostrar su decepción ante discursos tan alejados de lo que después se hace en la realidad.
Desde esta Asociación consideramos que es el momento para empezar a dar una solución definitiva a la masificación, que no es sino la excarcelación controlada de un grupo importante de presos que podrían desenvolverse con facilidad en la sociedad, así como la realización de un giro de 360 grados en los presupuestos del 2008, que vayan enfocados a potenciar un control externo y creación de infraestructuras externas para drogodependientes y enfermos mentales.
http://www.puedoprometeryprometo.com/descargas/psoe_programa.pdf
