Comunicado de la Delegación de Almería de la APDHA sobre la redada del 20 de mayo de 2010 en la que se detuvieron a 75 personas en el poniente almeriense

Desde la Delegación de Almería de la Apdha queremos expresar nuestra preocupación por los efectos de la penúltima redada protagonizada por la Policía Nacional en el Poniente Almeriense con la intención de desarticular una supuesta red de explotación sexual a mujeres nigerianas:

El pasado 20 de mayo de 2010, la Policía Nacional realizó 15 entradas en viviendas diseminadas en el Poniente Almeriense y el casco urbano de Roquetas de Mar con el objetivo de desarticular una red que supuestamente explotaba sexualmente a mujeres nigerianas. El balance de la redada quedó en 54 detenciones por infracciones a la ley de Extranjería y 21 por delitos penales. Éstos últimos referidos, fundamentalmente, a falsedad documental, asociación ilícita y relativos a la prostitución (proxenetismo), entre otros.

Estos son los fríos datos, negro sobre blanco, de la redada, pero la Apdha puede aportar una visión desde otra perspectiva de lo ocurrido, cercana a las mujeres que han vivido todo esto en primera persona.

Decenas de trabajadoras sexuales se buscan la vida en viviendas acondicionadas como bares en el Poniente Almeriense. Muchas de estas mujeres, al igual que sus compatriotas hombres, se encuentran en situación irregular en nuestro país, lo que las convierte en infractoras a la Ley de Extranjería. Muchas de estas mujeres, al igual que sus compatriotas hombres, han llegado a nuestro país buscando una vida mejor y lo han hecho usando contactos con redes que organizan viajes, también irregulares, a las que deben pagar en demasiadas ocasiones precios abusivos que las endeudan durante años. Muchas de estas mujeres, al igual que sus compatriotas hombres, además, tienen hijos1 en su país y/o en España y familias que necesitan de su envío de remesas.

No obstante, por estar ejerciendo la prostitución, tienen muchas más posibilidades que otras mujeres, y desde luego que sus compatriotas hombres, de ser objeto de estas actuaciones policiales que se piensan, a priori, para detectar víctimas de redes de extorsión sexual. Es decir, estas redadas suelen ser resultado de previas investigaciones que arrojan datos sobre el funcionamiento de una supuesta red de explotación sexual y suelen consistir en la detención masiva de supuestas víctimas –por infracción a la Ley de Extranjería- y algunos supuestos victimarios/as.

¿Cómo es posible que si lo que se quiere es detectar a responsables de explotación y a víctimas y redes de trata de seres humanos, la estrategia sea detenerlas por infracción a la Ley de Extranjería? ¿Cómo queremos en nuestra sociedad que estas mujeres confíen en nuestras estrategias y en los Cuerpos de Seguridad de Estado si, para conseguir que denuncien a sus supuestos explotadores, lo primero que hacemos es meterlas en un furgón azul en contra de su voluntad?

Hay pocas respuestas sensatas a estas preguntas. Lo cierto es que parece que la prioridad no es el apoyo y protección a supuestas víctimas de trata o explotación sexual, sino la detección de irregulares y la posterior presión para que denuncien.

El Grupo de Trabajo sobre Prostitución de la Apdha lleva más de 9 años en la zona de Roquetas de Mar, La Mojonera y Vícar trabajando con este colectivo, y siendo conscientes de que la ley es la ley y de que permanecer en situación irregular en España supone una sanción administrativa, seguimos sin entender por qué las estrategias de intervención policial en estos contextos se saldan con decenas de mujeres detenidas cuando el objetivo de esas detenciones es ayudarlas, apoyarlas, protegerlas y detectar quiénes son víctimas de redes de trata de seres humanos para la explotación sexual. Desde luego, ellas no se sienten en absoluto ayudadas, no apoyadas ni protegidas y muy pocas veces se detectan víctimas de trata a través de estas redadas. No esperemos, pues, que acudan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para solucionar sus problemas en el caso de sentirse víctimas de explotación.

Almería, 16 de Junio de 2010
Delegación de Almería de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía

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