Comunicado de la delegación de Córdoba

Con el presente comunicado y desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía queremos mostrar nuestra preocupación en relación a la situación de exclusión social que padece un número considerable de los residentes de la zona situada en torno a la calle Torremolinos.

Dicha zona se encuentra afectada por el Plan de Rehabilitación San Martín de Porres, que recoge una serie de medidas sociales, tales como, la rehabilitación de las viviendas deterioradas y sus zonas comunes, así como todo un elenco de medidas sociales, económicas, educativas, laborales con el fin mejorar las condiciones de vida de sus vecinos. Sin embargo, en la actualidad aún no se ha iniciado la mayoría de las actuaciones previstas, siendo prácticamente nulas en la calle Torremolinos (donde aumenta desproporcionadamente el porcentaje de exclusión social).

En contrapartida, desde hace ya varios meses, si se observa en la zona una fuerte presión policial, que se traduce en  la presencia de un grupo de aproximadamente seis policías que realizan controles indiscriminados a los vecinos que transitan por la zona. Así se está convirtiendo en algo habitual que se requiera a cualquier persona que pase a su lado para que se acredite o para que muestre sus pertenencias o incluso para ser sometidos a cacheos. Parece ser que en dicha actuación los agentes no discriminan entre menores o mayores, simplemente actúan bajo la presunción de criminalidad por el  hecho de ser vecino de la calle Torremolinos.

Dicha actuación en una zona tan castigada y necesitada de recursos sociales, lejos1 de proporcionar una sensación de seguridad genera en los vecinos de la zona una gran inseguridad, desconfianza, recelo, e injusticia que sufren dichas actuaciones. Sin duda este trato hostigador puede generar una violencia innecesaria (la violencia siempre genera más violencia). Los recursos tendentes a mejorar la educación, el empleo, la autoestima, el desarrollo de la mujer, el deporte, la cultura, etc, DIGNIFICAN  a las personas y a sus familias, sin embargo dichos procesos se ven truncados cuando dichas personas se ven CRIMINALIZADAS con actuaciones como las denunciadas.

Sin ir más lejos1 la tarde del martes 24 de enero, un menor fue detenido por seis agentes de la policía nacional, por el hecho de circular en su ciclomotor sin casco. Puesto que los mismos no tienen competencias sancionadoras en materia de tráfico, comisionaron a dos agentes de la policía local que acudieron donde se encontraba retenido el menor junto con los seis agentes citados procediendo, estos últimos, a sancionar la infracción. Si bien es cierto que el conducir un ciclomotor sin casco es objeto de sanción administrativa ello no justifica la actuación de los ocho agentes referidos, la detención y muchos menos el maltrato físico recibido por el menor (por el que tuvo que ser asistido en un centro de urgencias) . Como tampoco fue proporcional el trato recibido por la madre y el hermana del menor cuando solicitaron acompañar al mismo.

Desde la APDHA exigimos la no criminalización de los vecinos de la calle Torremolinos por el simple hecho de tener fijada su residencia en dicha zona

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