Motivados por una firme oposición a las medidas que devalúan nuestro derecho a la salud, se ha constituido en Granada laMesa de Trabajo en Defensa de la Sanidad Pública, compuesta por profesionales de la sanidad, colectivos sociales y personas que se van a ver especialmente afectadas por la reforma y en general, por ciudadanos activos preocupados por el mantenimiento de un sistema de sanidad público, universal y equitativo.
Desde esta plataforma:
Consideramos irrenunciable garantizar el derecho constitucional a la protección de la salud, sin discriminación de ningún tipo, sujeto exclusivamente a la condición de ciudadanía (independientemente del lugar de procedencia o situación administrativa) y recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en muchas otras normativas nacionales e internacionales.
La Sanidad Pública universal y de calidad ha sido la base fundamental para el desarrollo del Estado del Bienestar y es uno de los pilares para asegurar la solidaridad, la equidad, la redistribución y la justicia social dentro de nuestra sociedad.
El Sistema Nacional de Salud ha hecho gala de una notable capacidad para generar buenos resultados: estado de salud de la población, cobertura, accesibilidad y calidad. Estos logros nos han permitido disfrutar de un sistema con una buena relación coste-calidad (eficiencia).
En los últimos años existe una tendencia de cambio de modelo que se concreta en una campaña generalizada para desprestigiar y desmantelar los sistemas públicos de salud, estrategias que privatizan la sanidad pública y que busca en ello una oportunidad de negocio para unos pocos. Algunos intentan convertir el derecho a la salud en un bien de consumo. Un modelo que ha fracasado allí donde se ha implantado, resultando más caro a la larga y disminuyendo la calidad en la atención a los ciudadanos.
Los continuos e injustificados recortes en el gasto sanitario suponen una merma de nuestro Estado de Bienestar. Junto a ellos el Gobierno ha impuesto unilateralmente, sin debate parlamentario ni ciudadano alguno, una reforma del Sistema Nacional de Salud en la que los ciudadanos (antes titulares del derecho a la protección de la salud) pasamos a ser meros “asegurados”, concibiendo la atención sanitaria como una contraprestación a la que sólo tendrán acceso determinadas personas. La reforma establece un ineficaz y discriminatorio sistema de copago de los medicamentos y de determinados servicios sanitarios (transporte sanitario no urgente, prestaciones ortoprotésicas o productos dietéticos) necesarios para garantizar la calidad de vida a las personas que requieren de estos servicios. Igualmente supone un desproporcionado recorte del personal sanitario y de los derechos laborales y salariales de estos profesionales, lo que revertirá negativamente en la atención a los pacientes.
Esta reforma sanitaria debilita las bases éticas y democráticas en las que se ha de asentar nuestra sociedad. Afecta a toda la ciudadanía y especialmente a los colectivos en situación más vulnerable, entre ellos las personas mayores y con discapacidades, las personas en situación de desventaja social, las que viven en zonas rurales, aquellas que se encuentran en una situación laboral más precaria y no han podido cotizar o los inmigrantes en situación documental irregular (que se ven directamente privados de la atención sanitaria normalizada). Las mujeres se ven especialmente afectadas por estos recortes en lo concerniente a los derechos a la salud sexual y reproductiva.
Estas medidas segregacionistas en lo sanitario, no sólo afectarán a la salud y situación económica de pensionistas e inmigrantes, también repercutirán en el conjunto de toda la ciudadanía porque pueden provocar un aumento de la incidencia de enfermedades en toda la población. Esto último supondría un alto coste humano y económico.
Ante esta nueva situación:
– Llamamos a la oposición por parte de la ciudadanía, profesionales y del gobierno andaluz para que no se implanten ni acepten las medidas de limitación del acceso sanitario a una parte de la ciudadanía, recortes, copago y de privatización del sistema sanitario y que se opte por la defensa de la sanidad pública.
– Apostamos por la mejora del sistema sanitario público teniendo como objetivo la calidad (en financiación, racionalización y gestión) sin cuestionar su existencia y su carácter universal, público y gratuito. Esto exige incluir la participación social en la toma de decisiones sobre el sistema sanitario.
– Creemos que la mejora del sistema sanitario pasa por la promoción de la salud, prevención, asistencia primaria, salud pública etc. y no por los recortes y la privatización. Por ello reclamamos un giro en la praxis de quien gobierna.
– Pedimos al gobierno andaluz que envíe un mensaje claro a los profesionales sanitarios y a la ciudadanía sobre qué cambios se ponen en marcha a partir de ahora.
– Exigimos un esfuerzo por parte de las autoridades para garantizar la transparencia y el derecho a la información veraz al pueblo.
Granada, 12 de julio de 2012
Mesa de Trabajo en Defensa de la Sanidad Pública de Granada, de la que forma parte la Delegación de Granada de APDHA.
