COMUNICADO DE PRENSA TRAS EL ACOSO SUFRIDO POR ALGUNOS VECINOS
DE EL SAUCEJO EN SEVILLA.
Nadie acepta de buen grado la calificación de “racista”. Sirve también esta generalización a propósito de lo ocurrido los últimos días en la localidad sevillana de El Saucejo. Una reyerta entre jóvenes payos y gitanos, en la romería del pasado fin de semana, se saldó con varios heridos y detenidos. Lo que parecía una pelea habitual, en concentraciones con mucha gente y bastante alcochol, no terminó ahí. Un grupo numeroso de vecinos se dirigió al barrio en el que viven los gitanos empezando un proceso de acoso y amenazas que no ha terminado todavía. Antes de que patrullas de la Guardia Civil cercaran la calle Majadahonda, en la que viven los gitanos, grupos incontrolados del pueblo han destrozado bienes de los habitantes del barrio, coches y furgonetas fundamentalmente. Los gitanos, amedrentados, no acuden a sus trabajos1 desde el lunes y los niños no van a la escuela. Entre los bienes dañados figuran un bloque de viviendas de protección oficial, aún sin terminar y sin adjudicar, viviendas que todo el mundo considera destinadas al colectivo gitano; además de materiales de la obra y las casetas de la constructora. Las autoridades se sienten desbordadas y no se explican lo sucedido en un pueblo “tranquilo” y con una “buena convivencia tradicional” entre payos y gitanos.
Desde la Asociación Pro Derechos Humanos condenamos sin paliativos ésta como cualquier otra actitud violenta e irracional contra cualquier persona, colectivo o minoría, con independencia de cuáles sean las causas de su diferencia. Apelamos a los vecinos de El Saucejo para que depongan su actitud agresiva contra el colectivo gitano y utilicen los cauces democráticos y legales para resolver los conflctos, a veces, inevitables en la convivencia de los grupos humanos. Las autoridades tienen una gran responsabilidad en la forma en la que distribuyen ayudas sociales menguantes a una población empobrecida creciente. Están obligadas a ofrecer la información necesaria para que los procesos de adjudicación de viviendas u otras ayudas sociales se realicen de forma transparente equitativa e igualitaria, para impedir lo que, con una frecuencia preocupante, se ha dado en llamar “guerra de pobres contra pobres”.
