¿Por qué el Estado mantiene el discurso y el hecho de construir más macrocárceles cuando se sabe que éstas no frenan ni van a frenar el aumento de la población penitenciaria?
Ante la reciente apertura de la nueva macrocarcel Puerto III, situada junto a los Centros Penitenciarios ya existentes, Puerto I y Puerto II, la Asociación Pro- Derechos Humanos de Andalucía, como en tantas otras ocasiones, vuelve a insistir en la ineficacia de la macrocárceles, que, al contrario de lo afirmado por el Ministro, no son más que enormes y solitarios centros de almacenamiento de personas a las que no se ofrece alternativa ni futuro.
El falso y demasiadas veces interesado discurso de inseguridad ciudadana ha acabado generando alarma social, un cada vez mayor endurecimiento legislativo y una creciente “mano dura” por parte de jueces y prisiones. Frente a este discurso debemos reiterar que el estado español no es inseguro, sino uno de los más seguros de la UE. La tasa media de delincuencia en España es de 50 por cada 1.000 ciudadanos, 20 puntos por debajo de la media europea (70).
Pero es que además las prisiones se muestran incapaces de eliminar esa escasa tasa de delincuencia existente. Que las prisiones no sirven se refleja en que el grado de reincidencia en las prisiones andaluzas es del 60% y en Centros Penitenciarios como Huelva y Puerto Santa María por encima del 80%; la media nacional es de dos puntos menos de reincidencia. Por tanto la escasa inseguridad, podría ser muy inferior si se aplicaran medidas alternativas más rentables social y económicamente.
A pesar de ello, la utilización de la pena privativa de libertad se ha convertido en la pena por excelencia de nuestro sistema penal. No es de extrañar pues que la tasa de encarcelamiento en España sea la mayor de todos los países de la Unión europea, ascendiendo a 148 por cada 100.000 habitantes, muy por encima de los 100 europeos, siendo en Andalucía de 170 reclusos por cada 100.000 habitantes, 22 puntos más que la ratio española y 70 más que la europea. Por tanto, pese a tener una tasa de delincuencia muy baja comparada con nuestro entorno, el sentimiento de inseguridad creado artificialmente, hace que el número de personas privadas de libertad sea muy superior que en el resto de países de la UE.
Esta realidad es reconocida en los programas políticos, tal y como hizo el PSOE en su programa electoral, comprometiéndose a aplicar desde el Gobierno una política distinta, que supondría al menos adaptación de los tamaños de los centros y su distribución según las necesidades. En concreto, señaló criticando al anterior Gobierno:
“Todo ello evidencia que se ha renunciado a desarrollar la finalidad que la Constitución establece para nuestro sistema penitenciario: la reeducación y reinserción social de quienes han cometido delitos.
No puede haber políticas de seguridad reales sin un sistema penitenciario rehabilitador. No puede haber verdadera reinserción social sin hacer un seguimiento de las personas que han pasado por la prisión y sin coordinar las actuaciones de las diferentes administraciones en materia de lucha contra la drogodependencia, integración social y empleo”.
Pero, como quiera que el número de presos aumenta año tras año a un ritmo vertiginoso, el actual gobierno se olvida de lo dicho en el programa electoral y sin diferenciarse demasiado de otros partidos que le precedieron, decidió apostar como principal medida por crear más y más Centros Penitenciarios. En definitiva, incapaz de evitar el crecimiento de población penitenciaria, el problema para el Gobierno se reduce a cómo mantenerlos encerrados de la forma más barata y segura posible. En este sentido, el 17 de febrero de 2005 se adjudicaron las obras de construcción del CP de Puerto III. Según la nota de prensa publicada “El Centro Puerto III, quiere ser un símbolo de la política penitenciaria que está desarrollando la Dirección General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, es decir una política de seguridad basada principalmente en la reeducación y reinserción de los penados”
¿Alguien se lo cree? 674 trabajadores y 87 Policías, para 1.008 celdas nominales, suponen dos trabajadores por cada tres presos; y 92 millones de euros en su construcción 91.269 euros cada plaza nueva. ¿No sería más adecuado invertir dichos gastos en ayudar a la superación de sus toxicomanías/necesidades económicas a muchas personas antes de que acaben en prisión?
Por todo ello, no podemos sino rechazar la creación de más cárceles dado que estas han dejado de tener su razón de ser en la medida que no cumplen la función para las que teóricamente fueron pensadas, es decir la resocializacion y reinserción del penado, tal como decidimos el conjunto de los ciudadanos al aprobar la constitución Española (art. 25)
En este sentido tenemos claro que las cárceles no son el marco adecuado para lograr la reinserción de las personas que han delinquido; pero es que la macrocárcel nunca puede ser una cárcel “humanizadora”, sino que significa la confirmación definitiva de que el objetivo no es ni mucho menos reinsertar, sino sencillamente castigar, aparcar y separar de la sociedad durante el máximo tiempo posible a los que en ella entran. Recordemos que la gran mayoría de presos lo son por delitos de baja peligrosidad (patrimonio 46% y drogas 28%) y sólo un 5% por delitos contra la vida o la libertad sexual. Entre el 70 y 80% son drogodependientes.
De forma que la alternativa a esta situación no es sólo la construcción de otro tipo de centros más especializados, socioeducativos, basados en el tratamiento, abiertos a la colaboración de los diversos entes sociales y ciudadanos, cerca de la familia del preso fomentando el contacto con ellos, con un seguimiento y apoyo postpenitenciario real y efectivo, fundamentalmente orientados a apoyar las carencias y en concreto facilitar la inserción laboral, y recursos socio sanitarios, para personas con drogodependencias, enfermedades infecciosas, mentales y patologías duales; sino también la limitación en el tiempo del periodo de estancia en prisión preventiva en espera de juicio y, sobre todo, el abrir un debate social y político sobre la despenalización de determinados delitos mediante otras formas de justicia como la mediación, trabajos1 comunitarios, servicios asistenciales…
Lo realmente necesario es un cambio fundamental en la política criminal por política social basada en la prevención, bajo el entendimiento de que es mucho más fácil (y seguramente más barato) prevenir el surgimiento de la conducta delictiva desde una situación personal de libertad, que reinsertar al que ya ha delinquido tras los muros de una cárcel.
