MALOS TRATOS POLICIALES
Si bien la tortura y los malos tratos policiales están tajantemente prohibidos en las normas internacionales, a la vista de los propios hechos, muchas veces grabados y de la existencia de denuncias generalizadas de personas y ONGs de indudable solvencia, nadie debería negar que son prácticas extendidas en la comunidad internacional.
Dicho mal también afecta a España. El Relator de la Tortura de la ONU en su último informe sobre el estado español señaló que dicha práctica ocurre de manera más que esporádica. A pesar de ello, nuestras instituciones siguen negando su existencia y, en consecuencia, sin buscar soluciones que puedan frenar su avance. Un tímido avance se produjo el 17 de mayo de 2005, cuando el Parlamento, con el consenso de todos lo partidos políticos, insto al Gobierno a desarrollar una política integral para prevenir, reaccionar con prontitud y eficacia, y proteger a las víctimas, así como ratificar y aplicar un Convenio de la ONU , todo ello en el plazo de 6 meses. Pasado dicho tiempo, nada se cumplió por el Gobierno.
La dificultad para conocer su producción es enorme, tomando en consideración el miedo de la víctima a denunciar dichos hechos, ante las consecuencias que ello le pueda acarrear, represalias no sólo del infractor sino de la propia Administración, que anuncia querellarse contra el denunciante de estos hechos en caso de no poder ser probados. Sólo cuando los hechos son de tal brutalidad que las consecuencias son irremediables, o aparecen pruebas gráficas, como fueron los de Roquetas ponen en jaque al Estado, aunque incluso en éstos intenta culpabilizarse a la propia víctima.
A la cabeza en números de personas afectadas, según datos de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura , se encuentra Andalucía, al contabilizarse en el año 2004 hasta 237 por hechos producidos por cuerpos y fuerzas de seguridad del estado. Último caso en Andalucía:
El homicidio imprudente como el Juez ha calificado la muerte de un ciudadano belga a manos de la policía municipal de Marbella no sería tan imprudente ni accidental si se tiene en cuenta el testimonio de los numerosos testigos que presenciaron cómo uno de los cuatro policías mantuvo durante unos minutos el rostro del ciudadano que acababan de derribar de un fuerte golpe en la nuca contra el asfalto e impidiéndole la respiración. En esa actitud fueron insultados y calificados como asesinos por los espectadores que nada pudieron hacer frente a la agresividad de los policías a quienes advirtieron de que lo estaban matando.
Está demostrado el carácter pacífico del ciudadano belga por las declaraciones de las personas que lo conocían, así como su conducta abstemia. El único «delito» que pudo haber cometido fue el no someterse dócilmente a los requerimientos de la policía e incluso intentar defenderse de los intentos por derribarlo dada su complexión robusta.
En realidad , los ciudadanos de Marbella saben de los métodos expeditivos con que suelen actuar los policías municipales cuyo perfil responde a los criterios que Jesús Gil quería para defender su régimen de gobierno: agresividad , atemorizar a la población, empleo de la fuerza etc. De todos son recordados los episodios de represión de la juventud de la ciudad por parte de esta policía que usaba habitualmente perros peligrosos en su acción represora, así como la «limpieza» de prostitutas y mendigos que llevó a cabo la policía que llegó a introducir a algunas de estas personas en los contenedores de basura. Oportuno es recordar al respecto que la formación y entrenamiento de esta nueva policía que Gil creó en los años 90 corrió a cargo de especialistas del Mosad israelí y que en su selección se tenía en cuenta su dureza y severidad así como su insensibilidad. No es de extrañar que este tipo de policía resultase decisiva en el mandato de Gil durante doce años creando una aureola de temor en la población y contribuyendo a crear un ambiente fascista que perseguía una sociedad adormecida.
Resulta llamativo sin embargo que estos temidos policías que el martes 7 de Febrero produjeron la muerte de este ciudadano huyeron atemorizados y velozmente del lugar de los hechos tan pronto como comprobaron la muerte del ciudadano, lo que fue censurado por los testigos.
En la ciudad se sabe que de los aproximadamente 80 testigos iniciales sólo se mantuvieron en actitud de colaboración con la Justicia unos 10 habiendo solicitado protección porque se sienten presionados y atemorizados por los continuos anuncios de querella por parte de los responsables de la Policía y de la Alcaldía a quienes insulten o calumnien a los policías pretendiendo de esta forma disuadirles de sus primeras declaraciones e influir decisivamente en el proceso.
Tanto la Alcaldía como el Jefe de Policía en ningún momento se han pronunciado a favor del esclarecimiento de los hechos y de colaboración con la Justicia sino todo lo contrario, mantienen que la policía actuó correctamente y que no hay por qué pedir ni siquiera disculpas a la familia del fallecido. Parte de la ciudadanía considera la situación como insostenible pero el temor les hace no pronunciarse en público.
Ante todo esto, se hace necesario que el Juez realice una investigación pronta y eficaz, que garantice una respuesta justa y adecuada a la gravedad de los hechos.
