A D. FRANCISCO jos1E HERNANDO, PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL Y DEL TRIBUNAL SUPREMO.
El diario “El País” de fecha 25/2/2006 nos impactó con titulares como éstos: “El Presidente del Poder Judicial propone recortar derechos a los inmigrantes” “Hernando pide revisar la Ley de Extranjería ante las “nuevas expresiones” del terrorismo.”
Bajo estos titulares, el citado medio informativo recogía manifestaciones del Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial D. Francisco jos1é Hernando en el Seminario sobre Inteligencia, Cooperación Policial y Auxilio Judicial Internacional, desarrollado en el marco de la Conferencia Internacional sobre Terrorismo y Seguridad. En dicho Seminario afirmó: “El Derecho Administrativo de extranjería, con su concreción práctica en las autorizaciones de estancia y residencia, el mismo derecho de reagrupación familiar, o también las medidas personales individualizadas sobre algunos inmigrantes, pudieran tener que ser repensados a la luz de las nuevas expresiones del fenómeno terrorista.”
De la perplejidad pasamos a la indignación y desde el rechazo sereno queremos pasar a la condena pública. Pensando en las personas inmigrantes con las que convivimos y en las que están intentando ejercer su derecho a emigrar, nos vemos obligados a advertir al Sr. Hernando lo siguiente:
– Consideramos que al establecer una relación directa de extranjería e inmigración con terrorismo, no solo está creando alarma social sino también haciendo apología de la xenofobia.
– Denunciamos el hecho de que ocultando a qué expresiones del fenómeno terrorista se refiere y partiendo de una consideración sesgada del terrorismo, no solo ha puesto bajo sospecha a todos los inmigrantes que han entrado o están por entrar en España, sino que ha incurrido en su criminalización. Ha hecho pasar a los inmigrantes, de inocentes mientras no se demuestre lo contrario, a terroristas por principio.
– Por supuesto creemos que no deben ser ajenas a su consideración la Ley de Extranjería y la normativa que la desarrolla. Habrá comprobado que su inspiración, además de estar lejana a la solidaridad, obedece solo al dictado de intereses económicos mientras desprecia razones de Justicia y de Derechos Humanos.
– Pedimos como ciudadanos que el Presidente del Consejo General del Poder Judicial y Presidente del Tribunal Supremo, como valedor de la Justicia , contribuya a hacer posible la consideración del inmigrante como persona igual en derechos y deberes, para así alcanzar una integración social en igualdad, armonía y paz.
– Exigimos con toda energía una rectificación pública de toda consideración que en la citada intervención pone en relación directa a extranjero e inmigrante con terrorismo. Así podrá devolver a extranjeros e inmigrantes el principio de inocencia del que han sido desposeídos y paliar los efectos perniciosos que se están generando en la convivencia social.
