Andalucía, 27/09/2017.- Desde hace varios años un sector de la sociedad catalana se viene organizando y movilizando en torno a la reclamación del derecho a decidir. Una parte mayoritaria de la población catalana es partidaria de un referéndum en el que poder expresarse al respecto, cuestión evidenciada especialmente en torno a las masivas celebraciones de la Diada. Y respaldada en el Parlamento Catalán por una mayoría que requería debatir sus demandas con el Estado central. Ante esto, y durante años, el Gobierno español ha esgrimido la Constitución como único argumento irreductible e inalterable, negándose a ningún tipo de negociación.
La inacción del Estado ante la reclamación del derecho a decidir ha dado lugar al llamado procés en unas condiciones nada deseables desde el punto de vista democrático. La ley de Transitoriedad Jurídica catalana no ha permitido el derecho al debate y a enmiendas de todos los grupos parlamentarios, no asegura la separación de poderes y no garantiza un referéndum con garantías para toda la ciudadanía.
Se ha llegado, por tanto, a un enfrentamiento de consecuencias imprevisibles ante la falta de diálogo y respuestas superadoras. Ni el Gobierno catalán ha encontrado una fórmula democrática para poder votar ni el poder del Estado ha escuchado el sentir de la mayoría de la población catalana, enrocándose con un giro autoritario y represivo del Gobierno y su poder judicial, jaleados por el grueso de los medios de comunicación.
La respuesta del Estado español atenta directamente contra los más elementales derechos y libertades. No se concibe en un Estado de Derecho prohibir actos públicos o debates (y no sólo en Catalunya), detenciones políticas justificándolas en procesos abiertos años atrás, registro de periódicos e imprentas, movilización de miles de guardias civiles y policías, toma de las calles por la policía, intervención de las cuentas de la Generalitat, asalto a la sede de partidos políticos independentistas, etc., prácticas que recuerdan a la dictadura franquista.
Ante ello desde APDHA queremos manifestar:
- Los conflictos y diferencias solo se pueden resolver sanamente mediante el diálogo y la negociación entre las partes.
- El derecho de los pueblos a decidir su destino es un derecho que no debería cuestionarse en el siglo XXI.
- El respeto irrestricto a los derechos humanos, a los derechos y libertades democráticas, no puede ser conculcado, menos en nombre de la Democracia.
- No se puede permitir el estado de excepción que, de facto, se está instaurado en Cataluña.
- Rechazamos lecciones de ética democrática por parte de partidos imputados, catalanes y estatales, y condenados por fraude en casos millonarios.
- La convivencia entre comunidades y sus habitantes está siendo envenenada por la propaganda sesgada y tendenciosa que tergiversa, magnifica y miente sobre la realidad y sus hechos, creando bandos que podrían llegar a ser irreconciliables a corto plazo. La principal responsabilidad a este respecto la tienen los Gobiernos catalán y español.
- Exigimos una solución política para un conflicto político, que debería pasar por una negociación pacífica respetuosa con los derechos humanos y con respeto democrático al sentir de las minorías.