La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) en la Bahía de Cádiz manifiesta su oposición a la ordenanza de convivencia que el Equipo de Gobierno Municipal pretende aprobar en el Pleno hoy día 2 de Diciembre, sobre todo en el articulado que concierne a los colectivos en exclusión social (personas sin hogar, extranjeras/os, trabajadores/as del sexo e indigentes).
Nuestra oposición se basa en las siguientes reflexiones:
1. Desde la APDHA consideramos errónea la manera en la que esta Ordenanza trata a las personas que viven las consecuencias de la exclusión social. La invisibilización, represión o persecución policial de las mismas, que son realmente los objetivos de la Ordenanza, no lograrán imponer la “convivencia”, ya que los problemas que conlleva la exclusión sólo pueden solucionarse por medio de medidas sociales, educativas y estructurales. En esta Ordenanza se obvian las causas de los problemas y se castigan duramente las consecuencias: en lugar de luchar contra las desigualdades sociales, penaliza a quienes más le perjudican. Pretende lograr la “convivencia” por medio de sanciones y penalizaciones, es decir, de persecución, multas y detenciones.
2. Llama igualmente la atención la exhaustiva precisión de la Ordenanza en cuanto a prohibiciones y sanciones, que contrasta con la extremada ambigüedad en cuanto a las interpretaciones de los hechos que supuestamente trata de penalizar: las apariencias, actitudes o intenciones no son objetivas y son difícilmente enjuiciables. Sancionar económicamente al que lucha por sobrevivir en el día a día no aporta nada a la “convivencia” de nuestra ciudad, al contrario, aumenta su vulnerabilidad y exclusión.
3. La limitación de libertades, prohibición de actividades, restricción del uso de los espacios públicos y represión de personas a las que aquí nos estamos refiriendo, sólo crean cortinas de humo sobre los problemas reales. Al igual que ha ocurrido en otras localidades donde ya se está aplicando este tipo de ordenanzas, como es el ejemplo de Granada, las personas que ejercen la prostitución han acabado desplazadas a las zonas del extrarradio de la ciudad, obligadas a esconderse o desplazarse, en cualquier caso a hacerse invisible. Este proceso, que de ningún modo resuelve la situación de marginalidad de este y otros colectivos afectados, supone un agravamiento de esta situación.
4. Debido a la experiencia acumulada a través del trabajo realizado durante años desde la APDHA en la Bahía de Cádiz con las personas y colectivos excluidos, conocemos la insuficiencia de los mecanismos, recursos e instituciones de servicios sociales, tanto públicos como privados, existentes en esta ciudad. Por ello consideramos irreal e hipócrita la mención permanente que se hace a informar o derivar a las personas que infrinjan la Ordenanza hacia estos servicios sociales de emergencia, pues no se especifica, en ningún caso, los recursos ./..
concretos a los que se refiere. Los servicios de emergencia social existentes en la actualidad no bastan para una sociedad en la que una buena parte de sus miembros están viviendo ya en situaciones de exclusión o están al borde de la misma. Esta Ordenanza supone que existen recursos para atender a todos sin especificar (ni siquiera esbozar) qué nuevos servicios se van a crear, qué dotación financiera y profesional se les va a otorgar, ni qué prestaciones específicas se ofrecerán a estos colectivos o personas en exclusión.
5. Los efectos inmediatos de la aprobación de esta Ordenanza de convivencia supondrían un aumento en la fractura social que ya sufre nuestra ciudad y un mayor rechazo de la ciudadanía en general hacia todos aquellos colectivos que se encuentran en situaciones más desfavorecidas. Promover que las personas que viven en El Puerto de Santa María confundan pobreza o exclusión con incivismo, y supervivencia con ilegalidad, sólo puede traer consecuencias negativas para esta “convivencia” supuestamente promulgada y pretendida por la Ordenanza.
6. Como asociación que defiende la dignidad y los derechos de las personas, vemos con indignación como el Ayuntamiento del Puerto de Santa María declina la balanza ante el conflicto de derechos e intereses, posicionándose a favor del ciudadano frente a la prostituta, como si estuviésemos hablando de entidades diferentes.
7. Instamos al gobierno local y poderes públicos a encontrar una respuesta que no incida aún más en la exclusión social y vulnerabilidad de este colectivo, que considere los intereses y derechos de todas las partes implicadas, que apueste por una negociación en igualdad de condiciones y basada en los parámetros del respeto, solidaridad e igualdad de derechos, en la que se escuche no sólo a empresarios y vecinos, sino también a las prostitutas, a que reflexione ante este tipo de hechos y tomen responsabilidades a la hora de garantizar los derechos básicos de este colectivo.
