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Comunicado
Mañana, 25 N, declarado Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, las organizaciones feministas, asociaciones sociales y población en general, se movilizarán en la lucha contra todo tipo de violencia de género. La APDHA se une a ellas, en una clara defensa de los derechos humanos, la diversidad, igualdad y libertad, en la lucha contra todas estas violencias machistas que se ejercen contra las mujeres, que terminan en muchos casos con sus vidas.
Esta violencia de género tiene muchas expresiones y manifestaciones, y se ejerce en muchos ámbitos e instituciones, en la calle, en las escuelas, en la casa o en el marco de la pareja o ex pareja, contra las trabajadoras sexuales o hacia quienes tienen una orientación sexual LGB o una identidad que no se ajusta a los rígidos y binarios “corsés” de género existentes y dominantes; las agresiones sexuales, el acoso, la mutilación genital femenina, la trata con fines de explotación laboral o sexual. Violencias que suponen un atentado a derechos humanos básicos, como lo son el derecho a la vida, a la libertad, la igualdad a la integridad, la dignidad o la seguridad. Violencias alimentadas por estructuras socioeconómicas sexistas y patriarcales que afectan especialmente a mujeres y niñas, consagrando diferentes roles, obligaciones, derechos y expectativas, en función de que se sea hombre o mujer y donde no hay espacio para otras expresiones de género. Estructuras que fijan que “lo normal” es la heterosexualidad obligatoria, negando la diversidad de orientaciones sexuales y de formas de vivir la sexualidad; donde lo “normal” es que los hombres tengan una sexualidad “irrefrenable”, que deben ostentar para ser reconocidos como “hombres” dominando a las mujeres. Unas estructuras que atribuyen a las mismas conductas sexuales una diferente valoración moral dependiendo de si las mismas, están protagonizadas por hombres, mujeres o personas LGB. Valoración que actúa con claros límites, a la libertad en la vivencia de la sexualidad, que se basan es unas estructuras de poder patriarcal que se ejerce sobre las mujeres.
En este panorama de violencia, en España, más de 1.000 mujeres han sido asesinadas por sus parejas sentimentales desde 2003 a 2019. Datos insoportables que resultarían además más abultados si se sumasen todos los casos como por ejemplo el de Paloma Barreto, transexual asesinada en Avilés hace dos meses u otras agresiones machistas que las leyes no contemplan como violencia de género. En este 2019, 51 mujeres han sido ya asesinadas.
En 2017, ante la situación de violencia y asesinatos a las mujeres que se venía produciendo, se firmó un Pacto de Estado contra la Violencia de Género, pacto congelado desde casi su inicio, con escasa dotación presupuestal y sin el apoyo institucional necesario. Ante la gravedad de estas violencias machistas y el incremento del número de víctimas, el pasado 22 de octubre se realizó la declaración de “emergencia feminista”, poniendo de manifiesto, entre otras cuestiones, la necesidad de evaluar y analizar lo que está fallando. No obstante, en el momento actual, la situación no ha cambiado sustancialmente. Continúan siendo insuficientes los recursos dedicados a vivienda, inserción laboral, es necesario mejorar los protocolos de evaluación y detección de situaciones de riesgo, la dotación y formación de agentes judiciales y equipos psicosociales, mejorar la atención que se presta a niñas y niños, y el acompañamiento a las víctimas. En definitiva, denunciamos y exigimos una protección real desde el Estado, las comunidades autónomas y el resto de estamentos, así como de toda la ciudadanía, para terminar con estas situaciones de violencia, en las que las mujeres sufren agresiones físicas y psíquicas y no en pocos casos, terminan siendo asesinadas.
La llegada y la presencia en el Congreso de un partido como VOX, que se ha manifestado claramente xenófobo, misógino, racista, machista y patriarcal, empeora y dificulta la situación. En Andalucía, con un Gobierno formado por PP y Ciudadanos con el apoyo de VOX, esta ideología ha impregnado la constitución y estructura del nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía, con un claro ataque a la llamada ideología de género, negando la existencia de discriminación, sobreexplotación y violencia de género, que se ha puesto claramente de manifiesto en la aprobación del presupuesto, en el que se desplazan competencias y recursos hacia la promoción de la familia, las ayudas a las embarazadas para disuadir la posibilidad de abortar o el llamado teléfono de violencia intrafamiliar, en detrimento de competencias y recursos destinados a Igualdad, donde han sido eliminados conceptos (violencia de género, brecha salarial), desaparecido partidas (ayudas específicas por violencia de género a vivienda o inserción laboral) o reducido recursos (asociacionismo de mujeres, promoción de igualdad), en un intento de retrotraer el papel de las mujeres en la sociedad, retomando hacia ellas un concepto claramente asistencial, lo que supone un claro retroceso en lo que poco a poco habíamos ido consiguiendo y un recorte en los derechos adquiridos.
Por todo ello, exigimos urgentemente recursos destinados a eliminar esta lacra, desarrollar auténticas medidas preventivas a en todos los niveles y estamentos, para terminar con esta violencia, en todos los planos, así como medidas específicas para colectivos en situación de especial vulnerabilidad como las menores agredidas, mujeres con diversidad funcional o discapacidad intelectual, las migrantes, las refugiadas, las gitanas, las trabajadoras sexuales privadas de derechos elementales o las trabajadoras domésticas para quienes urge la ratificación del Convenio de la Organización Internacional de Trabajo 189.
El esfuerzo y la lucha contra las violencias deben centrarse no solo en actuar cuando se producen las agresiones, especialmente debe acometerse en lograr la erradicación de estas conductas antes que estas se produzcan a través de una actuación integral contra la violencia. En este empeño, es necesario la derogación de determinadas leyes, entre otras la llamada Ley Mordaza y se hace imprescindible, incentivar la educación en igualdad y libertad, que se reconozca y respete la diversidad de orientaciones e identidades sexuales existentes y las diferentes formas de vivir la sexualidad y denunciar su persecución, que atenta contra la igualdad, diversidad y libertad de las mujeres, desde una perspectiva feminista plural y solidaria. Y con una apuesta firme por parte del poder legislativo, ejecutivo y judicial.
En este esfuerzo, no podemos olvidar ni denunciar igualmente la situación que sufren las mujeres en diferentes países del mundo, mostrando nuestro apoyo y solidaridad con todas y unirnos en la defensa de sus derechos que están siendo violados, en estos momentos muy especialmente, entre otras, con las mujeres indígenas de Bolivia y Ecuador, las mujeres Palestinas, de Chile, el Kurdistán, el Líbano.
Se requiere una sociedad guiada por la convivencia, la justicia y la solidaridad con independencia del sexo, raza, religión o cualquier otra diversidad de las personas, en defensa de los derechos humanos y contra todo tipo de violencia de género.
