Tras el informe favorable del Ministerio Fiscal, el Juez resuelve la estimación de la denuncia, tras haber efectuado las gestiones oportunas con la Administración Sanitaria SAS para evitar o disminuir situaciones como las denunciadas.
Consecuencia de la citada queja y posteriores gestiones –reuniones con prisión y Director Gerente de Reina Sofía- será la disminución del 50% de salidas de presos a centros médicos, para lo que se ofreció la Dirección del Hospital para realizar las gestiones precisas para que determinadas asistencias especializadas puedan tener lugar en el propio Centro, lo que será puesto en práctica en los próximos días.
De igual modo, la resolución judicial ordena comunicar la situación –inaccesibilidad a la Comisión Provincial de la Policía Judicial para que, en el seno de la misma, se estudie la situación y se adopten las medidas oportunas sobre la falta de conducciones policiales.
Por tanto, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía aplaude al Juez de Vigilancia por atender las reivindicaciones de los presos, puestas de manifiesto a través de la APDHA, poniendo fin a la privación del derecho a la salud. El acceso de especialistas a prisión garantizará el derecho a la sanidad de los presos, haciendo que las citas más reducidas que realmente precisen la utilización de medios tecnológicos se practiquen en el Hospital.
Por el contrario, denunciamos la actitud del Ministerio del Interior (Secretaria General de Instituciones Penitenciarias y Comisario Provincial de Policía Nacional) y de la Consejera de Salud, que durante años no se han movilizado para poner fin a esta situación, pese a la cantidad de quejas, reuniones y actuaciones emprendidas por la APDHA. Ambas Administraciones han rechazado su responsabilidad amparándose en la responsabilidad de la otra.
En concreto a instancias de la APDHA se han planteado en el Parlamento Andaluz dos proposiciones no de ley, y dos comparecencias, una de la Consejera de Salud y otra de Igualdad. También se han realizado reuniones en el Congreso de los Diputados, como consecuencia de la misma se han formulado peticiones de respuesta escrita ante la privación del derecho a la salud.