Córdoba a 22 de junio de 2020
Desde Ariadna y APDHA (Asociación de Familiares y Amigos de Drogodependientes y Asociación de Pro-Derechos Humanos) hacemos una denuncia sobre la situación que estamos viviendo desde la primera línea de atención directa, desbordados ante el cierre incomprensible de los Servicios Sociales básicos, dependientes del Ayuntamiento de Córdoba, durante el estado de alarma ya que solo ha estado disponible una atención telefónica deficitaria que no ha sido capaz de cubrir las necesidades urgentes de las personas, incapacitando además realizar un diagnostico de la situación vivida. A partir de la finalización del estado de alarma todo indica que esta atención va a seguir en esta línea.
Estamos siendo testigos de un agravamiento de la ya precaria situación que están viviendo muchas familias en nuestra ciudad, acentuándose la pobreza severa que venían sufriendo desde hace años. Durante todo el periodo que ha durado el estado de alarma, estas personas no han podido acceder, de manera presencial, a los recursos sociales, (INSS, SEPE, SAE, Agencia Tributaria, Servicios Sociales Comunitarios, Centros de participación Ciudadana, etc.) tan necesarios para tramitar cualquier recurso que les haga vivir dignamente. No tiene sentido que estos servicios no estén disponibles cuando más se han necesitado.
Añadir que estas personas de las que hablamos presentan una gran brecha digital, lo que les imposibilita acceder a muchos recursos que podrían mejorar su situación, ya que no pueden obtener los documentos necesarios para su tramitación. Cuestión que por ejemplo ocurre con la solicitud del certificado de empadronamiento, para lo que, el Ayuntamiento de Córdoba está citando a través de internet, mediante cita previa, con fechas que llegan a las tres semanas de retraso en el mejor de los casos.
Así mismo, la descoordinación que existe entre los organismos públicos, tan necesaria para hacer efectivas las medidas que se toman para frenar la exclusión social, acentúa la ineficacia de las políticas sociales, obviando la descentralización real de los servicios que garantizan la cercanía al ciudadano.
Actualmente esta descoordinación se está evidenciando con los desacuerdos de competencias que están manifestando algunas comunidades autónomas en materia social. Concretamente en el comunicado que realizó la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, desde su Dirección General, con fecha de 29 de abril sobre la posición a tomar ante la aprobación del Ingreso Mínimo Vital, dirigida a todas las Entidades locales, en donde aclara que
- “ el ingreso mínimo vital es una prestación de la Seguridad Social, por lo que entendemos que deberá ser responsable de la correcta atención e información a la ciudadanía a cerca del acceso a la misma”
Ante esto nos encontramos que desde la Seguridad Social no se está gestionando una atención adecuada, ya que las oficinas han permanecido cerradas hasta hoy y el número de teléfono habilitado para ello no ha dado resultado. Es por ello que la ciudadanía para informarse y gestionar este ingreso ha recurrido a las entidades cercanas, las cuales nos hemos visto desbordadas ante el gran número de demandas y el desconocimiento que tienen las personas sobre dicha gestión.
Como entidades que trabajamos con personas vulnerables nos hemos visto en la obligación profesional de dar respuesta a las demandas que están presentando, realizando en muchos casos labores que son competencia de las administraciones públicas.
