(AVRA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. Junta de Andalucía)
La semana pasada dos familias cordobesas fueron sometidas a un juicio penal por el hecho de vivir en un local comercial propiedad de AVRA en la barriada de Moreras de nuestra ciudad. Son dos parejas jóvenes trabajadoras, una con 2 hijos/as menores de edad, otra esperando un/a hijo/a, solicitantes de vivienda protegida desde hace años. Su única falta consiste en no tener una situación económica que le permita acceder al mercado libre de vivienda y que la administración no les haya dado ninguna respuesta efectiva para atender este derecho básico.
Nos parece especialmente grave que desde AVRA, la agencia de la Junta de Andalucía que gestiona el parque público andaluz de vivienda social, se haya considerado que la solución para esta situación era un desahucio por la vía penal, en vez de activar los recursos sociales necesarios para ofrecer una alternativa habitacional digna a estas familias. Para conocer la verdadera dimensión de este caso hay que tener en cuenta que este local, como la mayoría de los espacios comerciales de los edificios de vivienda social de Córdoba, ha estado vacío desde su construcción a principios de los años 90, coincidiendo que esa es también la fecha de la que datan las últimas promociones de vivienda social en nuestra ciudad. Además, según fuentes judiciales, éste no es el único procedimiento penal que ha impulsado AVRA en situaciones similares en las últimas semanas
Desde la APDHA hemos contactado con AVRA desde que tuvimos conocimiento del caso para intentar encauzarlo desde una perspectiva social, solicitando en reiteradas ocasiones que desistieran de la acción penal. Desgraciadamente no se obtuvo una respuesta positiva, y ambas familias fueron juzgadas el pasado jueves y se encuentran en espera de sentencia. El supuesto argumento de que estas familias son conflictivas y que los/as vecinos/as del edificio habían solicitado la actuación de la administración, ofrecido desde la agencia para justificar su actuación, ha quedado desmentido por testimonios recabados por nuestro colectivo. Es muy triste que unos personas que son víctimas de la precariedad laboral y del deterioro del ya de por sí débil estado del bienestar que se ha producido en los últimos años puedan acabar con una codena penal simplemente por intentar dar un techo, aunque sea de forma precaria, a sus hijos/as.
Por todo lo anterior, denunciamos que la Junta de Andalucía a través de su Agencia de vivienda y rehabilitación recurra a la forma de desahucio más expeditiva posible como respuesta ante las realidades de auténtica emergencia habitacional que se viven en nuestra comunidad en general y en Córdoba en particular. Entendemos que son acciones incompatibles con el discurso sostenido desde el Gobierno andaluz en teoría contrario a los desahucios impulsados desde instituciones bancarias o con los principios básicos de la Ley andaluza 1/2010 Reguladora del Derecho a la Vivienda de Andalucía. Consideramos inaplazable que la Junta de Andalucía amplíe urgentemente la oferta de vivienda social en nuestra ciudad, prácticamente congelada desde hace más de 20 años, y que casos como los aquí descritos sean tratados exclusivamente a través de los servicios sociales, renunciando a cualquier tipo de acción represiva y/o punitiva.
Imágenes de la rueda de prensa que ha tenido lugar este lunes 28 de noviembre en la delegación de Córdoba de la APDHA con presencia de las familias afectadas:
