Declaración “Córdoba Ciudad Refugio”

El pasado jueves 3 de abril se presentó públicamente la plataforma “Córdoba Ciudad Refugio”, integrada por colectivos de la sociedad civil cordobesa (entre ellos la APDHA) e instituciones públicas de la provincia. El objetivo de la misma es ser una herramienta de expresión de la solidaridad social y deseo de acogida hacia las personas que se ven obligadas a abandonar sus países de origen debido a situaciones de conflicto y vulneraciones de DDHH generalizadas y también como instrumento de incidencia política sobre las instituciones nacionales e internacionales con competencia y capacidad para erradicar las causas que originan dichas situaciones.

A continuación reproducimos la declaración donde se detallan los principales posicionamientos de la plataforma:

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“A finales de 2013, más de 51 millones de personas tuvieron que abandonar sus hogares como consecuencia de las guerras, la violencia y la vulneración de derechos humanos en diferentes lugares del mundo, según datos de ACNUR.

En 2014, Siria se convirtió en el principal país emisor de personas refugiadas (3,5 millones) y con más desplazadas internas (6,5 millones) como consecuencia del conflicto bélico que comenzó en 2011. Sin embargo, este drama no debe hacer invisibles a las millones de personas desplazadas y refugiadas como consecuencia de otras guerras, así como de situaciones de violencia generalizada, torturas, etc. existentes en diferentes zonas del planeta: Kosovo, Afganistán, Eritrea, Serbia, Somalia, Sudán, R.D. Congo… A las que habría que sumar todas aquellas que huyen de la desigualdad y la miseria.

Los países vecinos a los conflictos y las situaciones descritas son los que acogen a la mayor parte de las personas refugiadas. Según CEAR, el 86% de éstas se encuentra acogida en países considerados en vías de desarrollo y un 25% en los países más empobrecidos del mundo. Las personas refugiadas que intentan entrar en Europa son sólo una mínima parte todas ellas y la mayoría lo hacen en condiciones muy precarias, tal y como hemos podido comprobar últimamente en los medios de comunicación. Sólo en 2014 murieron ahogadas más de 3.400 personas migrantes y refugiadas al intentar llegar a territorio europeo.

Ante este drama humanitario, las autoridades europeas se enfrentan a la que ha sido calificada como la peor crisis de refugiados en Europa desde la Segunda Guerra Mundial y, en consecuencia, ante el mayor reto para encontrar soluciones urgentes. Así, resulta imprescindible adoptar medidas estables, no improvisadas, que impliquen el análisis de los problemas sociales en los países receptores, principalmente en materia de vivienda, salud, educación, empleo y seguridad, y garanticen los recursos para dar cobertura a las necesidades básicas de las personas acogidas y ofrecerles unas condiciones de vida dignas. Asimismo, es fundamental aportar respuestas en el ámbito de la política internacional, que favorezcan la paz y no alimenten los conflictos en sus zonas de origen, teniendo en cuenta para ello, que España está en el puesto número 6 a nivel mundial como uno de los principales países exportadores de armas, lo cual contribuye en buena medida a alimentar los conflictos en Oriente Medio.

En atención a lo expuesto, las entidades presentes en esta asamblea compuesta por administraciones públicas de Córdoba, así como por entidades sociales y personas a nivel particular, EXPONEMOS:

* La necesidad imperante de una política europea común de asilo y migración que dé prioridad a los derechos humanos. Una política que sitúe a las personas por encima de las estrategias geopolíticas y de intereses económicos de nuestros Estados, que no corresponden con el respeto de los Derechos fundamentales de las personas, garantizando como primeras medidas el derecho de asilo. Una política justa y eficaz tanto a nivel legislativo como práctico.

* Que la distinción jurídica entre personas refugiadas y migrantes no se haga a costa de los derechos de las personas definidas como ‘migrantes económicos’, recordando que no existe una emigración más legítima que otra y que todas las personas tienen derecho a optar a una vida mejor y a que sus derechos se vean plenamente respetados, cuando cada vez es más difícil distinguir las causas que los diferencian.

* La necesidad de una política de cooperación con los países de origen y tránsito de los flujos migratorios basada, igualmente, en el respeto de los derechos humanos y dirigida a fomentar la democracia y el desarrollo interno de los países. Los acuerdos con terceros países no pueden  ser realizados en base a impedir que las personas emigren.

* La obligación del gobierno de desarrollar vías legales y seguras que garanticen el acceso al derecho de asilo a las personas refugiadas, evitando que tengan que emprender travesías que puedan resultar mortales para obtener protección en un país seguro y eliminando todos los obstáculos procedimentales, jurídicos o físicos que impiden en la práctica su derecho al asilo.

* La urgencia de que los Estados europeos asuman solidaria y equitativamente la parte de responsabilidad que les corresponde, tanto en la resolución de los conflictos como en la acogida, la asistencia y la protección de las personas migrantes y refugiadas. Es imprescindible una respuesta ágil, coordinada, eficiente y sostenible que suponga el establecimiento de medidas concretas de apoyo a los países que más personas refugiadas acogen y de hacer del reasentamiento una opción real. La lentitud en la toma de decisiones tiene un alto coste en vidas, dignidad y esperanza.

* La necesidad de que todas las medidas que se adopten vayan acompañadas de una adecuada dotación económica que permita ponerlas en marcha y mantenerlas el tiempo que sea necesario.

* La obligación del gobierno de establecer un Plan urgente de acogida humanitaria a las personas refugiadas que ofrezca una adecuada atención humanitaria, psicológica, social y jurídica a las personas. Y ello contando con la colaboración de ACNUR y de las entidades especializadas en la acogida y protección de personas refugiadas, pero que también tenga en cuenta los recursos que los gobiernos locales y la sociedad organizada ponen a disposición de la causa. La coordinación, en este sentido, resulta imprescindible.

* Nuestra voluntad de poner en marcha las actuaciones que estén a nuestro alcance para la acogida y posterior integración de las personas migrantes refugiadas que lleguen a Córdoba, así como para sensibilizar a la ciudadanía cordobesa sobre las verdaderas causas que provocan estas situaciones y la necesidad de su denuncia ante los organismos y estados que corresponda. Y ello dando a conocer la realidad de estas personas que se acercan a la ciudad de Córdoba y su provincia en busca de un futuro mejor para prevenir actitudes racistas y/o xenófobas.

* El llamamiento a la ciudadanía de Córdoba para unir esfuerzos y hacer de Córdoba y su provincia un lugar sin fronteras en la integración de las personas que huyen de la guerra, la vulneración de derechos humanos, la miseria, etc.”

Entidades firmantes de la declaración:

  • Ayuntamiento de Córdoba.
  • Diputación de Córdoba.
  • Universidad de Córdoba.
  • Plataforma Refugiados Bienvenidos.
  • Asociación ProDerechos Humanos de Andalucía.
  • Area Social de la Institución Teresiana.
  • Plataforma Refugiados Bienvenidos.
  • Amnistía Internacional, Grupo Local de Córdoba
  • Colectivo Red de Solidaridad Popular de Córdoba.
  • Izquierda Unida.
  • Partido Comunista Andalucía – Córdoba.
  • ASPA – Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz.
  • Sindicato Comisiones Obreras.
  • Córdoba Acoge.
  • Colegio Oficial de Psicología.
  • Grupo Jaima.
  • Oxfam Intermón.
  • Asociación Pro Inmigrantes de Córdoba -APIC-.