La Federación Andaluza ENLACE y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, con motivo del Día de la Merced, patrona de prisiones, han recordado esta mañana en Córdoba que es posible y necesario reducir el número de personas encarceladas y que éstas deben tener el mismo acceso a la sanidad que el resto de la población.
Jorge Ollero, Coordinador Jurídico de ENLACE, presentó ayer los resultados del estudio “La realidad penal y penitenciaria: una visión desde las entidades sociales” en el que se recogen datos contrastados sobre la situación de las cárceles españolas y andaluzas, que ha sido realizado en colaboración con la Red de Organizaciones Sociales del Entorno Penitenciario (ROSEP). Ollero destacó que “Andalucía es la región española con mayor número de personas encarceladas, más de 14.000, pese a ser una de las regiones con menor tasa de criminalidad.” Además añadió que “en Andalucía hay más de 10.000 personas en prisión por problemas relacionados con las drogas (unos 9.100 hombres y 900 mujeres). Según los datos de este estudio “de acuerdo a nuestra tasa de criminalidad y en relación a la media europea, un 48% de las personas encarceladas deberían estar en libertad.” “Esto demuestra”, recalcó Ollero, “que podríamos tener 7.000 andaluces y andaluzas fuera de prisión, sin que eso aumentara la delincuencia, simplemente utilizando más las medidas alternativas a la prisión, como el cumplimiento de la pena en un centro de tratamiento de drogodependencias o la mediación penal.
Por su parte, Valentín Aguilar, Coordinador de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía denunció el incumplimiento de la legislación por parte de la Administraciones, que establecía que las competencias sanitarias en prisión debían ser traspasadas desde el Ministerio del Interior a la Junta de Andalucía. Ambas administraciones han mantenido un desinterés absoluto. La APDHA consiguió junto a la presión de otras entidades, entre las que se puede destacar al Defensor Andaluz, que el Parlamento Andaluz solicitara el pasado mes de junio este traspaso mediante una proposición no de ley. A tal fin ha iniciado una campaña #SanidadenPrisión exigiendo que las transferencias se produzcan de forma automática en el plazo prudencial de 18 meses. Se realizarán propuestas a los distintos partidos e instituciones y se recogerán adhesiones de entidades a tal fin (http://www.apdha.org/sanidad-en-prision/).
En la actualidad y hasta tanto se produzca la transferencias, la sanidad está lejana de la igualdad de condiciones con la población libre que exige la legislación. Así la atención sanitaria es de segunda, con productos farmacológicos de distinta categoría (STS de 28 de marzo de 2016, declaró ilegal está práctica, pese a ello continua). Entre otras cuestiones se pueden citar las graves dificultades para acceder a la medicación, serios inconvenientes para obtener citas de especialistas, pérdidas reiteradas de citas médicas con perjuicios en algunos casos muy considerables para la salud de los pacientes, modificación de la medicación prescrita, falta para el acceso de los médicos de prisiones a las historias clínicas –en muchos casos no tienen ni acceso a internet-, aislamiento de los facultativos, desorbitada ratio médico/paciente, entre otros. Muchos de estos problemas vienen causados por la dependencia del personal sanitario del Ministerio del Interior y como consecuencia, de criterios de seguridad antes que criterios médicos.
