Córdoba, 27 de abril de 2020.- Siete organizaciones sociales de Córdoba
(Asociación Cordobesa para la Inserción Social de Gitanas Rumanas
ACISGRU, la delegación de Córdoba de la Asociación Pro Derechos Humanos
de Andalucía, La Asociación Barrios Ignorados, la Asociación por la
Igualdad y Desarrollo Social AID, el Colectivo de Mujeres con Solera, la
delegación de Migraciones de la Diócesis de Córdoba y la ONG Intered)
han pedido a las Administraciones locales, provinciales y autonómicas
responsables de educación y de asuntos sociales, que alumnos y alumnas
con independencia de su origen, barrio o situación económica de su
familia.
Las entidades informan de que un alto porcentaje de la población escolar
de Córdoba, residente en barrios empobrecidos como Moreras, Palmeras,
Polígono Guadalquivir, Sector Sur, Ciudad Jardín, Margaritas, entre
otros, “está siendo condenado a la cadena perpetua de la exclusión y a
una vida en precariedad”, dado que no tienen acceso a seguir el curso de
manera digital por no disponer de acceso a internet o de ordenador.
Denuncian que las autoridades educativas no han previsto que el alumnado
carente de recursos pueda recibir el equipo informático o se le
garantice el acceso a internet para seguir con su aprendizaje y “han
supuesto que todas las madres y padres tienen la formación y las
estrategias y pueden ayudar a sus hijos e hijas a hacer las tareas que
se mandan por Whatsapp y que se descargan mientras les duran los datos
del móvil compartido. No han previsto cómo compensar la tarea asesora
que el profesorado hace con sus alumnos y alumnas en clase y que no
puede hacerse desde la educación a distancia”.
Una situación que se agrava, señalan, en la población inmigrante de
origen no latino, que desconoce el idioma, y que “verá abrirse ante sus
hijos e hijas el abismo que los separa de sus compañeros con recursos
materiales y familiares que les permite el seguimiento de sus estudios”.
La situación también se agudiza en los niños y niñas de asentamientos
chabolistas de la periferia que, en su opinión, están siendo ignorados,
“lo que acrecienta el riesgo de mantener el rol social de sus padres o
madres: chatarreo o mendicidad en la puerta de iglesias y
supermercados”.
A juicio de los colectivos, las autoridades competentes no han asumido
la responsabilidad de anticiparse al desastre de cerrar los centros
educativos un viernes analógico e iniciar la enseñanza un lunes digital.
Las organizaciones, muchas de las cuales están descargando y
fotocopiando los materiales que envían los centros educativos o
atendiendo las dudas de los menores de estos barrios a través de
videollamadas, observan cómo “el Covid19 y la mala gestión de la
situación sobrevenida incrementará la brecha que separa a la población
empobrecida del resto de la ciudadanía y llevarán al abismo de la
exclusión a los de siempre, mientras que los otros de siempre que gozan
de buena posición, sufrirán solo daños colaterales y temporales”. Será
especialmente acuciante, explican, entre la población con trabajos
precarios o sin contrato y, por tanto, sin derecho a la prestación por
desempleo, al verse en la calle por el cese de la actividad económica,
“por no hablar de quienes vivían de la recogida de chatarra o de
cartones o de quienes sacaban el pago del alquiler de su piso de 40 m2
de la venta en semáforos”, concluyen.
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