Cortes de luz: no se trata de la marihuana sino del negocio

  • “Contra la criminalización de las personas que sufren cortes de luz, por el derecho a una vida digna”
  • “Pese a lo que nos quieran hacer creer, la gran mayoría de familias que sufren cortes de luz no están vinculadas con el negocio de la marihuana”
  • “Las eléctricas tienen que cumplir con su obligación de dar servicio y las administraciones tienen el deber de exigírselo”

Publicado en cuartopoder.es / Natalia García Caballos. Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.

Corre como la pólvora por los algunos medios de comunicación, discursos políticos y, por tanto, ciudadanía, que los cortes de luz que se producen se deben al cultivo de la marihuana. Una explicación simple, de pocas palabras, fácilmente repetible y que cala. Pero no por ello cierta.

Necesitamos partir de una premisa común: Todas las personas tenemos derecho a una vida digna, lo que incluye el acceso a los suministros básicos como es la luz. Cuando hablamos de todas las personas, tenemos que pensar que se trata tanto de la médica, como del fontanero; de la hija de la vecina del 4º, del chatarrero y de la maestra; de Lina, que lleva toda su vida apoyando a quien lo necesita del barrio, pero también de criminales de guante blanco y de los que trapichean en la calle. De quien nació en Lalín, en Medellín, en Alepo, en Nador o en Cañada, y de sus descendientes. De las racializadas y de las que no lo son. Este todas las personas indica que, con independencia de cualquier circunstancia, todas tenemos derecho a una vida digna.

Desde hace un tiempo las eléctricas (Endesa, Naturgy u otras) de forma permanente o repetitiva están dejando sin luz a familias que viven en el Estado español. Se trata, al menos, de La Cañada Real (Madrid), de Distrito Norte (Granada), de Font de la Polvora (Girona), de El Puche, La Chanca y El Quemadero (Almería), de Sant Roq (Badalona), del Polígono Sur (Sevilla).

Las eléctricas, con un discurso compartido y asumido por las administraciones públicas, se dedican a criminalizar todas estas zonas vinculándolas al cultivo de marihuana y escudándose en el gasto energético que supone como explicación a los cortes de luz, sin mencionar la antigüedad (o ausencia) de sus infraestructuras en ciertas zonas (casualmente en los barrios en situación de mayor vulnerabilidad) y de su obligación de garantizar un servicio a sus clientes. Mientras criminalizan y responsabilizan a las personas que sufren cortes de luz, las eléctricas aumentan sus beneficios millonarios, sube el precio de la luz un 27% y se cuestionan sus posibles violaciones de derechos humanos en Latinoamérica.

En opinión del Defensor del Pueblo, en determinadas intervenciones se ha pretendido hacer pasar el problema exclusivamente como el resultado de un fenómeno generalizado de producción masiva de marihuana, actividad ilegal cuya responsabilidad se ha extendido de manera acrítica al conjunto de las personas que habitan en estos enclaves. Para la institución, tales argumentos resultan “falaces y peligrosos, pues victimizan a la mayoría de las personas afectadas e incurren en aporofobia”. Por ello, Fernández Marugán ha hecho un llamamiento a la responsabilidad institucional para tratar este asunto con un enfoque más veraz y respetuoso con la dignidad de todos.

En cuanto a las personas que sufren estos cortes, encontramos a aquellas que tienen sus contratos en regla y han pagado toda su vida la carísima electricidad. Y, aun así, sufren interrupciones repetitivas de suministro. Además, las eléctricas les reembolsan cantidades irrisorias por los cortes (por ejemplo, 1,52€ por 42 horas de cortes de luz). Por otra parte, están aquellas familias que no pueden acceder a un contrato con las eléctricas por diferentes casuísticas: su barrio carece de una adecuada red eléctrica (como en la Cañada Real), o su situación económica no le permite asumir el elevadísimo gasto que la electricidad supone (y las administraciones públicas no han hecho nada para solucionarlo). Pero con contrato o sin contrato, lo que es cierto es que cada una de ellas se encuentra en una situación de vulneración de derechos que imposibilita el disfrute de una vida digna. Y, pese a lo que nos quieran hacer creer, la gran mayoría de familias que sufren cortes de luz no están vinculadas con el negocio de la marihuana.

Las eléctricas tienen que cumplir con su obligación de dar servicio y las administraciones tienen el deber de exigírselo. Estos últimos desde hace años vienen refugiándose en la vinculación cortes de luz y marihuana para lavarse las manos y mirar a otro lado, solo preocupándose del asunto cuando cae la mayor nevada en nuestro país que muchas recordamos. Todas las personas tienen derecho a una vida digna, lo que incluye el acceso a los suministros básicos de energía eléctrica. El resto de situaciones deben ser tratadas en su complejidad de forma separada: la vulnerabilidad socioeconómica, la ausencia de perspectivas laborales para parte de la población y el cultivo de marihuana, todos temas difíciles y que exigen un abordaje profundo y multidimensional. Obviar que las personas que cultivan marihuana en su casa son puros supervivientes, que quienes cortan la maría, la cultivan en sus salones o trapichean con ella son gente cuya capacidad de elección de trabajo ha sido muy reducida y limitada y que, desde luego, no se están haciendo ricos con ello sería un grave error.

La explicación real de los cortes de luz (sin entrar en grandes profundidades) exige una mirada más amplia que la que se está mostrando. Pero criminalizar a todas las personas que sufren los cortes de luz es una bomba de relojería social, profundamente injusto y estigmatizador. Solo hay una cosa clara: hay que garantizar el suministro eléctrico como derecho básico para todas las personas. Únicamente a partir de ahí se puede seguir avanzando. Y las administraciones públicas (nacionales, autonómicas y locales) han pasado de consentir esta vulneración de derechos de las eléctricas a ser sus cómplices.

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