CPS y APDHA temen un retroceso definitivo en las medidas de protección ante el COVID-19 para las trabajadoras sexuales

Comunicado elaborado por el Colectivo de Prostitutas de Sevilla (CPS) y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA):

·         Desde el Colectivo de Prostitutas de Sevilla (CPS) y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) expresamos nuestro temor ante una más que posible expulsión de las mujeres que ejercen la prostitución de las medidas de protección ante la crisis del COVID-19.

·         Queremos poner en conocimiento del Ministerio de Igualdad en particular y de la sociedad en general las consecuencias que esta exclusión supone para el colectivo de personas que ejercen la prostitución.

La situación de emergencia sanitaria actual ha impactado de manera sustancial en las vidas de las trabajadoras sexuales. Al igual que el resto del sector informal, las trabajadoras sexuales se encontraban fuera de las políticas públicas de protección contra el COVID-19, viéndose obligadas a dejar de ejercer su actividad económica, sin derecho laboral alguno al que poder acogerse ni manera de hacer frente a necesidades fundamentales tales como el pago de la vivienda, de los suministros y de la cesta de la compra, tanto de ellas como de los menores a su cargo. En consecuencia, muchas trabajadoras sexuales están sufriendo un incremento progresivo de sus deudas, cuando no desalojos arbitrarios, y un deterioro creciente de su salud. En el caso de las trabajadoras sexuales en situación administrativa irregular, la situación es incluso más crítica, pues aumenta su aislamiento y las arroja a la más absoluta clandestinidad a merced de todo tipo de abusos.

Sin embargo, el pasado 21 de abril parecía vislumbrarse un nuevo y esperanzador giro hacia el reconocimiento efectivo de la situación de las trabajadoras sexuales en España. Después de casi 40 días desde el inicio del estado de alarma, el Ministerio de Igualdad publicó un documento en el que se garantizaban alternativas habitacionales y acceso al Ingreso Mínimo Vital (IMV) con independencia de la situación administrativa para víctimas de trata, explotación sexual y mujeres en contextos de prostitución ( Ampliación del Plan de Contingencia contra la violencia de género ante la crisis del COVID-19: medidas adicionales dirigidas a víctimas de trata, explotación sexual y a mujeres en contextos de prostitución). Durante las semanas siguientes, el Ministerio continúo emitiendo nuevos documentos en los que contemplaban medidas concretas destinadas a “mujeres en contextos de prostitución”: una guía de actuación, una propuesta para la unidad de criterio de acreditación y unos indicadores para valorar las situaciones de vulnerabilidad.

A pesar del retraso de las medidas, su publicación y el eco del que se hizo la prensa han generado enormes expectativas y esperanzas en el colectivo de trabajadoras sexuales; desde el CPS y la APDHA aplaudimos la iniciativa. Al fin el Gobierno parecía admitir su responsabilidad para con este colectivo y reconocía su realidad diferenciándola de la de las personas víctimas de trata y /o explotación sexual. Sin embargo, lamentamos que en su diseño no hayan tenido en cuenta a los colectivos de trabajadoras del Estado, a quienes las medidas afectan directamente, y que como consecuencia de ello contengan importantes obstáculos para garantizar su acceso efectivo.

A este respecto, una de nuestras principales preocupaciones responde a la ausencia de garantías de confidencialidad sobre el tratamiento de los datos personales. Esta cuestión resulta especialmente peligrosa para todas aquellas trabajadoras que se encuentran en situación administrativa irregular, puesto que no existe ninguna garantía expresa de confidencialidad que les asegure que, una vez finalizado el estado de alarma, no puedan ser víctimas de persecución administraba para la apertura de expedientes de expulsión.

Además, se encuentra la incertidumbre generada ante la nula concreción sobre cómo se articularían estas medidas; una falta de información que nos trasladan las propias entidades ya designadas para su ejecución, con las cuales nos hemos mantenido en contacto.

Con el objetivo de socializar estas preocupaciones y aportar líneas para la mejora del Plan, el CPS y la APDHA solicitamos una reunión con el Ministerio, que nos concedieron para el pasado 3 de junio.

Y es a partir de este momento cuando surge nuestro mayor temor. Unos días antes de la reunión, se publica en la web del Ministerio de Derechos Sociales una guía sobre el IMV en la que ya no figuran “las mujeres en contextos de prostitución”. Finalmente, el 1 de junio se publica la resolución relativa al IMV en el BOE donde no existe alusión alguna al colectivo

Con desasosiego, acudimos el día 3 de junio a la reunión con las representantes del Ministerio, donde, después de casi una hora de espera, nos informan de su anulación e intención de retomar en otra fecha (aún hoy continuamos a la espera). Como resultado de esta kafkiana situación, aprovechamos la fugaz comparecencia de las representantes para preguntarles cómo accederán ahora las mujeres que ejercen la prostitución al IMV. Solo obtenemos una breve y poco detallada respuesta en la que nos informan que al igual que el resto de la ciudadanía: lo harán a partir del umbral de renta. Por lo tanto, las trabajadoras sexuales han dejado de formar parte de uno de los grupos de excepción a los que se les exime de cumplir algunos requisitos para garantizar su acceso al IMV.

Desde el CPS y la APDHA queremos trasmitir con este comunicado que esta maniobra excluye a la inmensa mayoría de las mujeres que ejercen la prostitución del acceso al IMV, ya que se precisa contar con permiso de residencia de un año, empadronamiento y, en el caso de encontrarse al margen de una unidad de convivencia, cotización de doce meses. 

El Ministerio de Igualdad, que se ha promocionado durante la situación de crisis sanitaria actual bajo el lema #NingunaMujerDesprotegida, ha pasado de ofrecer el IMV para las trabajadoras sexuales en situación de vulnerabilidad y con independencia de su situación administrativa a su supresión sin ofrecer siquiera una explicación.

Denunciamos que las expectativas generadas son altas y solo equiparables a las carencias y privaciones que atraviesa un amplio sector de las trabajadoras sexuales. Continuar dando la espalda a estas necesidades no solo representaría una falta de compromiso por parte del Gobierno, sino también una instrumentalización perversa de un colectivo que sufre históricamente la vulneración continuada de sus derechos fundamentales y una paulatina criminalización. Desde luego, no son esta clase de actuaciones las que esperamos de un Gobierno que se define feminista y comprometido con la justicia social; mucho menos después de lo andado estas últimas semanas.

Las putas que trabajamos en España no somos un discurso ni un tema para arañar votos: somos personas, ciudadanas, votantes y feministas. La autoorganización de las trabajadoras sexuales ha aumentado en los últimos años y nuestros movimientos de base crecen sin parangón por mucho que nos estigmaticen, criminalicen y pretendan censurarnos. Por ello, vamos a continuar denunciando todas aquellas políticas que, bajo el supuesto horizonte de la protección de TODAS las mujeres, sigan invisibilizando y dando las espaldas a aquellas que ejercen la prostitución.

¡Ni una agresión, ni una invisibilización, ni un euro más a nuestra costa sin respuesta!

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