El Valle del Jordán es el valle por el que discurre el río Jordán, en Oriente Medio, frontera natural entre Jordania y Palestina.
En esta zona que abarca un 20% del territorio de Cisjordania, viven alrededor de 55.000 personas palestinas y unos 18.500 colonos israelíes en asentamientos ilegales, promovidos desde la década de los 70. Desde el comienzo de la colonización en la zona, la población palestina se ha visto disminuida intensamente, pasando a ser en la actualidad apenas un 40% de la inicial, previamente a la Guerra de los 6 días.
La presencia militar en la zona y la calificación por parte del gobierno israelí a esta región de “zona sensible” (según los Acuerdos de Oslo el 95% del territorio es zona C, lo cual significa que es la administración militar israelí quien controla la mayor parte del territorio), reservando más de la mitad del espacio para entrenamiento del ejército, y a su vez, vaciando la población palestina de la zona. El Gobierno israelí tiene la potestad de autorizar o no los permisos para edificar a las personas palestinas, entre otras limitaciones en el uso del espacio.
Según los informes de B´tselem, en los últimos años existe una política sostenida de denegación de dichos permisos de construcción y reparación de infraestructuras, ya que sólo se han aprobado el 5% de los permisos solicitados. La administración de los permisos para reparaciones de las infraestructuras es un tema muy relevante por el efecto que provoca; por ejemplo, cuando las viviendas deben rehabilitarse por el paso de los años, no se otorga la autorización para repararlas, por lo que la población se ve obligada a desplazarse a otro lugar para vivir.
Unida a la prohibición de construir y rehabilitar, se encuentra la estrategia de desalojo y demolición de casas y propiedades palestinas, muchas de ellas realizadas por cooperantes para dar cobijo a las personas desalojadas, o bien infraestructuras para garantizar el acceso a espacios escolares o culturales, siendo ésta una práctica habitual del ejército israelí.
Además, se producen demoliciones de edificaciones palestinas debido a la construcción de viviendas e infraestructuras sin permiso, dada la sistemática denegación de los mismos, lo que según la legislación israelí las convierte en construcciones ilegales y por tanto susceptibles de ser derribadas.
Esto no parece afectar a la construcción de asentamientos para colonos israelíes que florecen de manera incesante, apropiándose de un territorio valioso por su fertilidad y productividad agrícola. Circulando por el territorio, el impacto visual no deja lugar a dudas, ya que los terrenos ocupados por los colonos destacan por su verde frondosidad delimitando las zonas áridas y secas de las personas palestinas que resisten a pesar de la escasez de recursos.
El abastecimiento de agua se convierte así en la gran deficiencia de la población palestina de la zona, ya que, aun pasando por debajo de sus pies, no pueden acceder a ella por la imposibilidad de instalar pozos de extracción porque el Gobierno israelí no autoriza su construcción, por lo que deben comprarla a un camión cisterna que la comercia. Sin embargo, las colonias israelíes obtienen de las tierras ocupadas toda el agua que deseen.
En esta región, la mayor parte de la población se dedica a la agricultura y pastoreo, siendo el principal recurso para garantizar la viabilidad económica del futuro del Valle del Jordán. Estas circunstancias y el potencial de explotación empresarial y económico de la zona, parece situar en el interés del gobierno israelí el control de la región, que a través de los asentamientos de colonos israelíes provoca una anexión de facto, que destina a la generación de beneficios económicos ilegítimos sustentados en la usurpación del territorio palestino.
Es sencillo reconocer aquí un patrón habitual en las vulneraciones de derechos humanos que abordamos con los colectivos en riesgo de exclusión, también en nuestro país de origen. La contundencia que observamos en la situación de las personas palestinas en el Valle del Jordán establece claramente como los intereses económicos están por encima de cualquier otra consideración. El derecho a una vivienda se suspende frente al interés por el terreno de quienes quieren explotarlo. El derecho al empleo digno se vulnera usurpando los recursos y ofreciendo a cambio explotación y condiciones de esclavitud. El acceso a recursos básicos como el agua y la electricidad se limita hasta niveles incompatibles con la supervivencia.
Nuestra parada se produce para colaborar en la construcción de un edificio para el desarrollo de actividades culturales en una escuela que trabaja con las comunidades beduinas de la zona. Los escolares se desplazan desde las dispersas zonas rurales en autobús cada día, acogiendo a 80 niños y niñas que a través de la educación resisten a la ocupación a través de la generación de conocimientos y habilidades necesarias para poder desarrollarse. La cultura e identidad beduina depende de las nuevas generaciones y en la escuela lo tienen claro.
Construir un edificio en estas condiciones es un desafío que no solo requiere rapidez para evitar que sea identificado por el control militar y por tanto requerido su derribo, también es necesaria destreza para resolver las carencias de útiles y materiales que en otros contextos con recursos, consideraríamos imprescindibles.
Nuestra labor ha sido dura, pero gratificante; difícil, pero tremendamente creativa; voluntariosa, pero frágil en sus posibilidades; pero por encima de todo, una demostración de los resultados del trabajo colectivo y solidario.
Apenas hemos llegado a alcanzar el tejado y la ausencia de luz nos obliga a terminar nuestra hazaña con la esperanza de que pueda ser terminado en pocos días por las personas voluntarias que apoyan la escuela. Al menos nos satisface pensar que hemos tratado de dejar algo físico después de la calidez y afecto que llevamos recibiendo desde el primer minuto de encuentro con las personas palestinas.
